Aunque se han publicado muchos documentos que examinan los posibles vínculos con Arabia Saudí, los funcionarios estadounidenses han considerado durante mucho tiempo otros registros como demasiado sensibles para su divulgación. Las familias de las víctimas y los sobrevivientes instaron al inspector general del Departamento de Justicia a investigar la aparente incapacidad del FBI para localizar las pruebas clave que han estado buscando.
Washington, 4 de septiembre (AP).— El Presidente estadounidense Joe Biden firmó un decreto que ordena levantar el secreto de varios documentos relacionados con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, en un gesto de apoyo a los familiares de víctimas que han demandado acceso a esos documentos con esperanzas de mostrar una implicación del Gobierno saudí.
El decreto emitido el viernes, poco más de una semana antes del vigésimo aniversario de los ataques, marca un momento significativo en el forcejeo de años entre el Gobierno y las familias sobre cuál información clasificada sobre los días previos a los ataques podía ser publicada. El conflicto fue evidente el mes pasado, cuando unos mil 800 familiares, sobrevivientes y socorristas se opusieron a la participación de Biden en los eventos conmemorativos si los documentos seguían secretos.
Biden dijo el viernes que estaba cumpliendo un compromiso de campaña al ordenar la revisión de desclasificación y prometió que su Gobierno “continuará comprometiéndose respetuosamente con los miembros de esta comunidad”.
“Los eventos significativos ocurrieron hace dos décadas o más y se relacionan con un acontecimiento trágico que sigue resonando en la historia de Estados Unidos y en las vidas de muchos estadounidenses”, dice la orden ejecutiva. “Es por tanto crítico asegurarnos de que el Gobierno de Estados Unidos maximiza la transparencia, recurriendo a la confidencialidad solamente cuando donde sea necesario y esté estrechamente definida”.
La orden le instruye al Departamento de Justicia y a otras agencias del Poder Ejecutivo que comiencen una revisión de desclasificación y requiere que los documentos desclasificados sean publicados en los próximos seis meses.
En una orden ejecutiva, Biden dice que la información recopilada como parte de la investigación del 11-S del gobierno debería ser divulgada.
La orden requiere que la oficina del Fiscal General libere todos los materiales desclasificados durante los próximos 6 meses... pic.twitter.com/yLvbFhTtuw
— Flor Grillo (@florenciagrillo) September 3, 2021
Brett Eagleson, cuyo padre, Bruce, estuvo entre las víctimas del World Trade Center y quien es un defensor de los familiares de otras víctimas, elogió la acción como un “primer paso crítico”. Dijo que las familias estarían observando de cerca el proceso para asegurarse de que el Departamento de Justicia cumpla y actúe “de buena fe”.
“La primera prueba será el 11 de septiembre y el mundo estará observando. Esperamos agradecer al Presidente Biden en persona la próxima semana cuando se una a nosotros en la Zona Cero para honrar a los que murieron o resultaron heridos hace 20 años”, Eagleson dijo.
La prensa estadounidense usa el término Zona Cero para denominar el sitio donde se alzaban las Torres Gemelas de Nueva York luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Aun así, el impacto de la orden ejecutiva y de cualquier nuevo documento que pudiera arrojar no estaba claro por el momento. Investigaciones previas han delineado vínculos entre ciudadanos saudíes y algunos de los secuestradores de los aviones, pero no han establecido que el gobierno saudí haya estado involucrado directamente.
Una demanda presentada hace tiempo en un Tribunal federal en Nueva York dice que funcionarios saudíes dieron un respaldo significativo a algunos de los secuestradores antes de los ataques y busca responsabilizar al reino. El Gobierno saudí ha negado cualquier vínculo con los atentados.
Quince de los secuestradores eran saudíes, al igual que Osama bin Laden, cuya red de Al Qaeda estuvo detrás de los atentados. El escrutinio se ha centrado en el apoyo ofrecido a los dos primeros secuestradores que llegaron a Estados Unidos, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Mihdhar, incluido el de un ciudadano saudí vinculado al gobierno saudí que ayudó a los hombres a encontrar y alquilar un apartamento en San Diego y que ya había atraído la atención del FBI.
Aunque se han publicado muchos documentos que examinan los posibles vínculos con Arabia Saudí, los funcionarios estadounidenses han considerado durante mucho tiempo otros registros como demasiado sensibles para su divulgación. El jueves, las familias de las víctimas y los sobrevivientes instaron al inspector general del Departamento de Justicia a investigar la aparente incapacidad del FBI para localizar las pruebas clave que han estado buscando.
