La reportera Adriana Esquivel, detenida arbitrariamente por policías municipales de Chihuahua, pidió que quienes violentaron sus derechos sean sancionados conforme a la ley y que las autoridades locales y estatales cumplan con su responsabilidad de garantizar las condiciones que se requieren para ejercer el periodismo en Chihuahua.
Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua giró una recomendación a la Presidencia Municipal del Chihuahua para investigar y sancionar a los policías municipales que detuvieron arbitrariamente a la reportera Adriana Esquivel, cuando cubría una marcha feminista hace un año.
Se trata de la Recomendación 20/21 dirigida a la Presidencia Municipal por la violación al derecho de la legalidad y seguridad jurídica, el cual fue trasgredido cuando agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal la detuvieron de manera arbitraria cuando hacía una cobertura para el medio Raíchali de la manifestación feminista el 27 de septiembre, periodo en el que la ahora Gobernadora electa, María Eugenia Campos, era alcaldesa de aquella ciudad.
Adriana Esquivel platicó que tras su detención fue incomunicada, ya que los elementos le negaron el derecho a realizar una llamada telefónica y asesoría jurídica y, además, trataron de sembrarle evidencias.
“Cuando estaba en los separos, un policía empezó a hostigarme. Conforme fue pasando el tiempo, llegó otro policía y le entregó [al que iba hacer el parte policial] una lata y un esténcil, que se encontraron por ahí, y le dijo: ´Pónselo como evidencia´. Yo les reclamé que a mí no se me había decomisado eso y no lo podían poner como evidencia. La audiencia también fue arbitraria, yo pedí en varias ocasiones que se me diera el derecho a la llamada y a un abogado y no se me permitió”, narró en el programa Café y Noticias.
Luego ser liberada, la periodista interpuso la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismo que a casi un año de los hechos informó que obtuvo evidencias suficientes para considerar que se violaron los derechos fundamentales de la periodista.
“Específicamente el derecho a la seguridad jurídica, por la detención arbitraria y las irregularidades que se presentaron dentro del proceso llevado a cabo ante la jueza cívica que le impuso una sanción, así como la afectación sufrida para el libre ejercicio de su labor periodística”, detalló el organismo.
Por ese motivo se emitió la Recomendación en la que pide a las autoridades municipales realicen el procedimiento administrativo, en contra de los policías y los servidores públicos que violentaron los derechos de la periodista y que, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, se le dé de alta en el Registro Estatal de Víctimas.
La CEDH de Chihuahua también instruyó a la autoridad municipal a que se diseñe un curso de capacitación para las y los agentes de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Chihuahua, el cual, incluya las medidas de protección suficientes, adecuadas y efectivas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en un ambiente seguro, con el objeto de prevenir otras violaciones a derechos humanos.
Al respecto, Adriana Esquivel detalló que su exigencia es que, además de que se investigue y se sancione conforme a la ley a quienes la agredieron, la corporación aplique medidas pertinentes de capacitación a los agentes policiacos y demandó que las autoridades locales y estatales cumplan con su responsabilidad de garantizar las condiciones que requiere ejercer el periodismo en Chihuahua.
En México cada 12 horas se perpetra algún tipo de ataque contra periodistas y los principales atacantes provienen del Estado a la par que la cobertura de corrupción y política fue la más vulnerable, informó el pasado 24 de agosto la organización Artículo 19.
De acuerdo al informe emitido por la asociación, en el primer semestre del 2021 se contabilizaron 362 agresiones en contra de este gremio, siendo los principales ataques las intimidaciones y hostigamiento, seguidas de las amenazas. Además, se perpetraron tres asesinatos de periodistas.
La organización civil advirtió un alarmante aumento en las intimidaciones y el hostigamiento, agresión registró al menos 113 incidentes, que representan el 31.22 por ciento del total. Detrás de ésta se ubicaron las amenazas, con 54 casos, y los ataques físicos, con 35 denuncias. Además, se reportaron los asesinatos, en este semestre, de tres periodistas: Benjamín Morales Hernández, Gustavo Sánchez Cabrera y Saúl Tijerina Rentería.
En lo que respecta a las amenazas, Artículo 19 señaló que casi la mitad fueron en contra de la integridad de los periodistas, las cuales se registraron en 26 ocasiones, seguidas de las amenazas de muerte, que ocurrieron 21 veces y siete fueron de acciones legales y de violencia sexual.
“Las amenazas tienen un impacto en la libertad de expresión ya que provocan un efecto inhibitorio en las personas periodistas. Según su contexto, su percepción de seguridad, así como sus capacidades de acción y redes de apoyo, en ocasiones deciden no seguir informando sobre temas de interés público al ver que su vida e integridad corren peligro y ante la ausencia de un Estado que prevenga la violencia”, refirió la organización en su informe.
CRECEN DETENCIONES DE MUJERES EN PROTESTAS
Raíchali, el medio de comunicación para el que laboraba Esquivel al momento de su detención, destacó en ese entonces que la agresión policiaca contra Adriana ocurrió en un contexto de intolerancia gubernamental contra el movimiento feminista.
Recientemente, la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó su preocupación ante el incremento de las agresiones a mujeres y adolescentes en el marco de las protestas feministas, así como el alto grado de impunidad que persiste en el país.
“Hemos ha podido observar avances, pero las últimas cifras nos indican que más del 90 por ciento de los crímenes siguen en la impunidad y la baja tasa de éxito en la sanción de estos crímenes envía un mensaje peligroso de que tales crines tienen cero consecuencias”, dijo en días pasados Jesús Peña Palacios, representante de la Alta Comisionada de la ONU, durante la presentación del “Décimo Informe Defender los Derechos Humanos en México: sin Verdad y sin Justicia no hay transformación”, realizado por el Comité Cerezo y Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (Acuddeh).
Peña Palacios destacó que han observado que el Estado mexicano ha tratado de justificar el uso de la fuerza por la “alteración del orden y la molestia al tercero”, debido al carácter no pacifico de ciertos elementos participantes (pequeños grupos que vandalizan), lo cual, rechazó.
“Creo que es muy importante recordar la observación 37 que nos dice que actos aislados de violencia cometidos por algunos participantes no deberían ser atribuidos a otros, o los organizadores o a la reunión. El Comité también nos dice que la violencia contra una reunión pacífica por parte de autoridades o agentes provocadores no resta a la reunión su carácter pacífico”, dijo.
