Ciudad de México, 20 de oct (sinembargo.mx) – Todo fue que el actual secretario general adjunto de Elecciones del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Manuel Oliva Ramírez, pidiera licencia en marzo pasado como Gobernador de Guanajuato, para que se destaparan los escándalos de su gestión. Dejó el cargo para unirse a la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota y de inmediato, una tras otra, empezaron a caer las denuncias por presunta corrupción y nepotismo. Hasta hoy.
Pero eso, parece, es apenas el principio. La revisión de las cuentas públicas apenas se realiza. Oliva triplicó la deuda pública del estado que gobernó desde 2006 (que ahora está bajo el mandato de Miguel Márquez Márquez) y el análisis de su administración, el que se ha realizado hasta el momento, revela por qué: una gran cantidad de obra pública, ambiciosa y –ahora se sabe– sin sentido, quedó sin realizarse.
Se calcula que el derroche en proyectos fallidos alcanzó los 5 mil millones de pesos. Se usaron más de 2 mil millones de pesos en el proyecto Expo Bicentenario, que hoy está casi en abandono; mil 745 millones de pesos para adquirir 933 hectáreas en una fallida refinería; otros 22 millones de pesos que se invirtieron en la compra de una finca en La Martinica, León, que tiene más de 20 meses sin ser utilizada y la compra de tierras para el proyecto Tren Interurbano, que el Gobernador entrante ya dio por liquidado.
Un lote a un costado de la presa en León, que está valuado en 93 pesos por metro cuadrado, el Gobierno estatal lo pagó en 900 pesos el metro cuadrado, es decir en un total de 22o millones de pesos, según documentos obtenidos por el periódico guanajuatense a.m.
Ayer, el ex Secretario de la Gestión Pública, Luis Ernesto Ayala, reveló: “Había gente corrupta que abusaba sobre todo de la gente que menos recurso tenía y eso lo sostengo”. Ayala confirmó que la información publicada el día de ayer por a.m. sobre asignaciones de la gestión pasada por 294 millones de pesos a una empresa "fantasma", es una de las múltiples irregularidades que ocurrieron en la Secretaría de Salud estatal.
A MANOS LLENAS
Oliva, un reconocido católico que recibió al papa Benedicto XVI durante su visita a México este año, para la cual su administración gastó más de 120 millones de pesos, fue acusado de mantener en la nómina estatal a su yerno y a dos sobrinos, además de presuntamente entregar contratos sin licitación a su consuegra. Además, su gobierno enfrentó las denuncias por supuesta corrupción en el DIF, cuyo patronato presidía su esposa, y en la Secretaría de Salud estatal.
Pero el panista no parece estar preocupado a meses de dejar su cargo, pues habría estrenado una lujosa mansión de 10 millones de pesos y hasta cambio de look, que según una investigación del programa de Punto de Partida habría costado 450 mil pesos al área de Comunicación Social del Estado. Mientras estos despilfarros quedan en el registro de distintos medios, simpatizantes de otros partidos aseguran que existen 5.5 millones de guanajuatenses que enfrentan rezagos en salud, educación, seguridad, empleo, migración, medio ambiente y discriminación.
Asimismo, la entidad enfrentaría datos dudosos en materia de feminicidios y la criminalización del aborto, cuyas denuncias han sido recogidas por distintas ONG's a los largo de los últimos años.
LOS ORÍGENES
Juan Manuel Oliva Ramírez nació el 21 de enero de 1960 en León, Guanajuato.
Es Licenciado en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, inició su carrera profesional colaborando para diversos medios del Bajío.
Es miembro del PAN desde hace más de 20 años, de acuerdo con El Universal en 1988 obtuvo la Presidencia Municipal de su natal León. También fue Coordinador de Comunicación de varias campañas electorales, entre ellas la de Vicente Fox.
Además, se desempeñó como diputado local por el IV Distrito, presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Secretario de Gobierno estatal durante parte de la gestión de Juan Carlos Romero Hicks y senador.
Su ascenso político lo llevó en 2006 a postularse como candidato a la gubernatura de Guanajuato de la mano de su partido y de Nueva Alianza, saliendo triunfante.
Tras pedir licencia al cargo para unirse a la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota, actualmente labora como secretario general adjunto de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul.
LOS DESPILFARROS
De acuerdo con diversas investigaciones de distintos medios, parte de su familia pertenecía a la nómina del estado y las cuentas que el panista heredó podrían ser revisadas debido a sus supuestos despilfarros.
El pasado 8 de octubre Carlos Edelmiro Gómez Ponce, miembro activo del PAN y representante estatal del movimiento “Volver a empezar”, solicitó al presidente del Comité Directivo Municipal de Acción Nacional, Arturo Falcón, la expulsión del partido de Juan Manuel Oliva Ramírez por "corrupto".
El diario a.m detalló ese día que “estando en el Gobierno incurrió en nepotismo al otorgar un contrato por un millón 800 mil pesos a la consuegra del Gobernador y al emplear a una sobrina de su esposa”.
Asimismo señaló que hubo “anomalías” en el DIF estatal, “tales como robo o extravío de computadoras, desvío de bienes públicos para fines particulares y compras infladas”.
Gómez Ponce indicó en una auditoría, que realizó la Secretaría de la Gestión Pública, que “Martha Oliva Martínez, hija del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, tuvo que reintegrar al DIF 278 mil pesos que cobró por servicios de comida de un restaurante de su propiedad”.
Además mencionó que los contratos asignados por el DIF estatal a la nuera de Elías Villegas, compadre del exgobernador, sumaron 160 millones de pesos.
A Carlos Edelmiro Gómez se le sumaría el abogado Roberto Saucedo Pimental.
Pero éstas no serían las primeras acusaciones contra Oliva, en enero de 2011 a.m reveló que el entonces gobernador de Guanajuato mantenía en la nómina estatal a su yerno y a dos sobrinos, además de que presuntamente había entregado contratos sin licitación a su consuegra.
En noviembre de ese año, La Jornada publicó que la fracción del PRI en el Senado denunció los escandalosos actos de corrupción
en el gobierno de Guanajuato, en los que se vinculaba a familiares del entonces mantadario.
Presuntamente, dos empresas -Impulsora Comercial Estrella e Impulsora Comercial la Espiga- al parecer de parientes del gobernador recibieron contratos por más de 150 millones de pesos sin licitar.
El entonces senador priísta Francisco Arroyo Vieyra, aseveró entonces que la empresa Impulsora Comercial Estrella, SA de CV, tiene como accionistas a cinco hermanos; uno de ellos es Bárbara Elena Martínez Díaz, y su hermano es esposo de la diputada Leticia Villegas Nava, hija del jerarca más poderoso del PAN y del Yunque, Elías Villegas Torres
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También ese mes, se informó que el gobierno de Guanajuato, realizó presuntamente sin licitar un contrato de compra de miel por un millón 807 mil 651 pesos a la consuegra del entonces gobernador.
De acuerdo con diversos medios, la adquisición se realizó a través del DIF estatal, cuyo patronato presidía la esposa del exgobernador, Marta Martínez Castro.
Por otra parte, también el año pasado, la Secretaría de la Gestión Pública (SGP) detectó corrupción en el Instituto de Salud Pública del Estado y en áreas de la Secretaría de Salud de Guanajuato, donde 33 funcionarios habrían organizaron una red para solicitar dádivas
a los proveedores de dicha dependencia.
Las "dádivas" habrían consistido en dinero en efectivo, regalos, coches, viajes o la realización de obras.
Apenas el 18 de octubre, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso de Guanajuato dio a conocer supuestos fraudes ocurridos durante el sexenio de Oliva.
Tras una auditoría realizada a la Secretaría de Salud del año 2010 -terminada hace cuatro años, pero presentada ese día, el órgano de fiscalización detalló que la empresa “Mantenimiento Preventivo y Correctivo, S.A. de C.V.” recibió contratos por 294 millones de pesos por concepto de equipo médico.
Con el reporte se dio cuenta que la empresa falsificó documentos documentos de un corporativo con sede en Nueva York, además presentó domicilios falsos para acreditar su capacidad.
Ante el caso, el Órgano fiscalizador ordenó una denuncia penal por presuntos delitos cometidos por la empresa “fantasma” y pidió sancionar a los funcionarios, en ese entonces estaba como titular de la Secretaría de Salud, Jorge Armando Aguirre, que toleraron contratos multimillonarios a la proveedora.
Pero eso no es todo, en septiembre pasado una investigación realizada por el diario a.m dio a conocer que nueve de cada 10 obras se otorgan por “dedazo”, sin necesidad de licitación pública, en virtud de la llamada “Ley de Manga Ancha”, que fue aprobada en 2011.
El presidente de la Cámara de la Construcción, Pablo Rodríguez, denunció desde 2009 que las autoridades cobraban “diezmos” para asignar las obras. El nuevo secretario de Obra Pública de Guanajuato, José Arturo Durán, se sumó a la acusación.
Por su parte, Edgar González Medina, presidente del Colegio Estatal de Ingenieros Civiles, dijo que se ha dado compadrazgo, favoritismo y cobro de "diezmo" a constructores.
El diezmo consiste en el pago de una comisión (en ocasiones del 10% del costo de la obra) a funcionarios, a cambio de contratos.
Además, el mismo rotativo local señaló que la administración estatal de Guanajuato que finalizó el pasado 26 de septiembre dejó un derroche de 5 mil millones de pesos en proyectos fallidos.
Se ocuparon más de 2 mil millones de pesos en el proyecto Expo Bicentenario, que hoy está casi en abandono; mil 745 millones de pesos para adquirir 933 hectáreas en una fallida refinería; otros 22 millones de pesos que se invirtieron en la compra de una finca en La Martinica, León, que tiene más de 20 meses sin ser utilizada y la compra de tierras para el proyecto Tren Interurbano, que el gobernador entrante, Miguel Márquez, ya dio por liquidado por ser inviable financieramente.
Ante estas cifras, el legislador priísta Miguel Ángel Chico Herrera expresó: “Hubiéramos querido los guanajuatenses todos juntos celebrar el Bicentenario de nuestra Independencia en Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, y se creó un elefante blanco en Silao, un monumento al despilfarro y un insulto para los dolorenses y para los 2 millones 700 mil pobres del estado”.
A propósito de los 200 años del inició del movimiento de Independencia, Vanguardia informó que el gobierno guanajuatense invirtió más de mil 200 millones de pesos en el Parque Bicentenario.
Debido a estos gastos, Chico Herrera solicitó que se ordene al Órgano de Fiscalización Superior auditar a la hacienda estatal, analizar las finanzas públicas y la sostenibilidad de la deuda contratada y establecer los mecanismos en transparencia y rendición de cuentas.
El funcionario dijo que el gobierno de Oliva Ramírez “se destacó por despilfarrar los recursos públicos, provocar pobreza y desempleo, alta corrupción, baja de la competitividad y crecimiento de la burocracia e inseguridad”.
En entrevista con Notimex, señaló que “la mayoría de los 5.5 millones de guanajuatenses enfrentan rezagos en salud, educación, seguridad, empleo, migración, medio ambiente y discriminación”.
“El saldo que deja Oliva Ramírez –dijo– se refleja en que uno de cada tres habitantes vive en la economía informal, uno de cada dos en la pobreza y el costo de la burocracia aumentó 94 por ciento, mientras que los egresos totales sólo llegaron a 28 por ciento”.
Indicó que el estado ocupó el lugar 28 en cobertura de educación superior, incluyendo posgrado; en secundaria el 29 y en cobertura de educación media superior el 31.
Además, la nueva administración encabezada por Miguel Márquez Márquez heredará una deuda por 6 mil 600 millones de pesos, tres veces mayor a la que recibió Oliva en 2006.
Oliva Ramírez tomó posesión con un adeudo de mil 972 millones de pesos.
“Vamos a cerrar con 6 mil 600 millones aproximadamente, de esos 6 mil 600 recordemos que son casi 5 mil de deuda que está soportada con impuesto sobre nómina y es como va a estar cerrando”, confirmó el secretario de Finanzas, Gustavo Adolfo González Estrada el pasado 30 de agosto.
En 2011 el funcionario estatal ya había sido cuestionado sobre la creciente cifra y entonces aseveró: “La deuda pública ha sido un instrumento que ha permitido tener niveles de inversión en el Estado, superiores a los 5 mil millones de pesos como promedio anual. Su aplicación ha permitido desarrollar proyectos de inversión en el sector carretero, turístico, industrial y poner en práctica diversos programas cuyo propósito específico es el impulso al empleo”.
También afirmó que es una deuda sana comparada con la de Coahuila, además, dijo, está avalada por las tres principales calificadoras, Standar & Poor’s, Moody’s y Fitch.
Para pagar esta deuda, la actual administración que se marcha comprometió un porcentaje de los recursos que recaude del impuesto del 2% a la nómina durante los próximos 10 años. El impuesto del 2% a la nómina se cobra a 46 mil empresarios en Guanajuato y tan sólo en el 2011 se recaudaron alrededor de mil 300 millones de pesos.
Pero este adeudo no es lo único que heredó Oliva, en agosto pasado se dio a conocer que en seis años el índice de asesinatos de mujeres en Guanajuato se ha triplicado.
Según diversos medios, en 2006 ocurrían en promedio 1.6 homicidios de mujeres cada mes, mientras que en 2012 han ocurrido en promedio 5.1 mensualmente. En suma, durante el sexenio, van 254 asesinatos de mujeres, según un informe estadístico de la Procuraduría estatal. León ocupa el primer lugar con 39 casos, que representan el 15% del total del sexenio, le siguen Celaya con 32 casos (12.5%) e Irapuato con 25 crímenes (9.8% del total).
Sin embargo, la dependencia sólo reconoce un feminicidio en el actual sexenio e incluso presuntamente se ha negado a proporcionar información de este tema, por lo que la cifra oficial continúa en duda.
El 7 de agosto el Observatorio Ciudadano denunció que ha solicitado información sobre sobre violaciones y agresiones a mujeres a la Procuraduría de Justicia del Estado, pero ésta no se la ha entregado. De acuerdo con Margarita Ortega, coordinadora del Sistema de Indicadores para la Gobernanza Urbana (SIGU), del Observatorio Ciudadano, el organismo ha solicitado a la PJE en diversas ocasiones los informes con el objetivos de completar estadísticas, pero hasta ahora no cuenta con los datos.
Guanajuato también es la entidad con mayor número de mujeres presas por abortar, acto que es calificado como delito de homicidio en razón de parentesco.
Según Verónica Cruz Sánchez, directora y fundadora de Las Libres, asociación defensora de derechos de la mujer, entre 2010 y 2012 un total de 35 mujeres guanajuatenses han sido acusadas e investigadas por abortar.
Cruz Sánchez informó que la mujeres son originarias de León, Irapuato, Salamanca y Celaya.
Tan sólo en 2010, siete mujeres fueron encarceladas y sentenciadas a penas de hasta 30 años de prisión por haber sufrido abortos espontáneos a falta de una correcta atención médica. Tras un juicio, fueron liberadas en septiembre de ese año.
Mientras se seguían estos casos y las acusaciones en su contra fluían, Juan Manuel Oliva decidió echar la casa por la ventana en marzo pasado debido a la visita del papa Benedicto XVI a Guanajuato.
Oliva está identificado como un ferviente católico, defensor e impulsor de las reformas constitucionales en materia de culto religioso y asistente fiel a misas y peregrinaciones, por lo que la llegada del sumo Pontífice lo llenó de júbilo y alegría.
En primer lugar, Oliva Ramírez calificó como “una cita histórica con el destino” la visita del Papa del 23 al 26 de marzo.
“Es una cita que nosotros buscamos… Nunca antes Guanajuato había tenido una visita que le diera tal dimensión ante los ojos del mundo”, expresó el entonces gobernador en una conferencia de prensa previa a la llegada de Joseph Ratzinger a suelo mexicano.
Ante los medios, dijo que Guanajuato “está listo… será un digno y orgulloso anfitrión” y no mintió.
El día 16 del mencionado mes, Proceso publicó que el secretario de Gobierno estatal reconoció que "la visita papal implicó la disposición de 35 millones de pesos del erario, costo del despliegue de seguridad, protección civil y del cerco sanitario".
Además, se informó que la visita sería resguardada por 2 mil 200 operativos de seguridad de las distintas corporaciones, así como de más de 6 mil elementos de Protección Civil, a quienes se sumó personal de los estados aledaños.
A Benedicto XVI también le esperaba un nuevo sistema de iluminación para el Santuario Votivo de Cristo Rey de la Montaña, en el cerro del Cubilete, sistema denominado Luz del Universo.
Pocos días antes del arribo del Papa, diversos medios publicaron que, en total, el gobierno estatal y los municipios inmiscuidos en su visita gastarían 126.5 millones de pesos en organización, obras, logística e infraestructura.
Sin embargo, tanto gasto no elevó el ánimo de los feligreses y los periódicos reportaron que su entusiasmo era muy poco comparado con el mostrado en las visitas efectuadas por el papa Juan Pablo II, a pesar de ello, la misa realizada por Benedicto XVI logró reunir a 650 mil personas y a la clase política en el Parque Bicentenario, al que por cierto se destinaron 75 millones de pesos para la construcción de una explanada.
Para muchos de sus detractores los excesos de Juan Manuel Oliva son conocidos. En 2011 cuando tenía pretensiones presidenciales buscó mejorar su imagen y la de su esposa con miras a Los Pinos, a los que no llegó, como tampoco lo hizo la candidata presidencial de dicho órgano político.
De acuerdo con una investigación de la reportera Fátima Monterrosa para el programa Punto de Partida de Denise Maerker, el exgobernador presumía el año pasado su cambio de imagen para lo cual gastó miles de pesos.
Según la periodista, Oliva habría recurrido a una asesoría de imagen política rumbo a las elecciones presidenciales de 2012.
La "reingeniería" de su look y el de su esposa, le habría valido 60 mil pesos que según él pagó de su bolsillo; sin embargo, Monterroso reveló, en base a documentos del área de Comunicación Social estatal, que el costo fue en realidad de 450 mil pesos más impuestos.
Pero de nada le valió el gasto, pues Oliva no consiguió estar dentro de la contienda interna del blanquiazul que fue disputada por Ernesto Cordero, Santiago Creel y Josefina Vázquez Mota, quien fue elegida como abanderada de su partido. Aún así, el 29 de marzo pasado -pocos días después de la visita papal-, el panista entregó su petición de licencia al Poder Legislativo y la bancada de su partido, que era mayoría en la Legislatura local y la autorizó de inmediato y en la misma sesión nombró a un sustituto: Héctor López Santillana, quien quedó al frente de Guanajuato durante algunos meses.
Oliva se sumó a la campaña de Josefina como operador político.
Aunque no haya conseguido ser Presidente, Oliva parece no preocuparse pues tan pronto abandonó el Palacio de gobierno, se mudó a una residencia con valor estimado de 10 millones de pesos en un nuevo fraccionamiento de León, Guanajuato.
Se trata de una residencia de dos plantas, con diez habitaciones, que abarca 700 metros cuadrados y se ubica en la privada Punta Mita, del fraccionamiento Punta del Este.
Ubicado entre los bulevares Vicente Valtierra y Paseo Magisterial, el fraccionamiento cuenta con seguridad privada, salón de usos múltiples y zona comercial.
La revista Proceso publicó:
“En el portal de la Desarrolladora El Vergel, S.A. de C.V., se añade que ‘la calidad en infraestructura es única porque utilizamos materiales como piedra natural, madera y ladrillo artesanal… en una división por exclusivas privadas, lo que hace de Punta del Este un fraccionamiento cuidadosamente planeado y realizado’”.
Un trabajador describió que la casa donde reside el exgobernador tiene acabados de lujo, cuenta con iluminación inteligente, acabados de mármol, canceles de cristal templado y recámara principal con baño y vestidor con acabados de madera.
La cocina es prácticamente de la dimensión de una habitación y cuenta con estancia, sala y comedor independientes, además de áreas verdes internas. Las recámaras cuentan con un balcón que da al jardín interno y la principal tiene baño completo y vestidor.
Envuelto en el escándalo, los señalamientos y las acusaciones, el panista sigue adelante con su vida política, mientras muchos de los guanajuatenses enfrentan los embates de la deuda y la pobreza.
