La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos con el que se reactiva el programa "Permanecer en México" no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del Gobierno nacional.
Ciudad de México, 25 ago (EFE).- El Gobierno de México iniciará un diálogo técnico con el de Estados Unidos con el objetivo de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera común, informó este miércoles la Cancillería mexicana, además de resaltar que el país no tiene que cumplir de manera obligatoria con la orden para reactivar el programa "Permanecer en México".
El diálogo, dijo, iniciará en el ánimo de responder de manera humanitaria a las necesidades de las personas migrantes, en el contexto de una compleja situación regional.
El martes, la más alta instancia judicial de EU consideró que la Administración del Presidente Joe Biden posiblemente violó la ley federal cuando intentó acabar con "Permanecer en México", como se conoce el programa instaurado por el Gobierno de su predecesor Donald Trump (2017-2021) por el que se devolvía al país vecino a los solicitantes de asilo mientras esperaban a que se resolvieran sus casos.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México recordó que este día el Departamento de Estado de Estados Unidos le presentó de manera oficial la resolución emitida por la Suprema Corte de Estados Unidos, respecto a la implementación de la sección 235 (b)(2)(C) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad.
"En apego a los principios constitucionales de nuestra política exterior, el Gobierno de México no se posiciona con respecto a dicho fallo", señaló la Cancillería.
No obstante, enfatizó que "una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana".
▶️ Mensaje de @r_velascoa, jefe de la Unidad para América del Norte, sobre la resolución de la Suprema Corte de los Estados Unidos respecto de la implementación de la sección 235(b)(2)(C) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad.https://t.co/7J0dr3lk7R pic.twitter.com/4H1nJ3J5of
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 26, 2021
En consecuencia, señaló que el fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos "no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del Gobierno de México".
En el cierre del texto, México reiteró la importancia de atender las causas estructurales de la migración, incluyendo políticas públicas con efectos inmediatos en las condiciones de vida de las personas.
Este miércoles, se informó que Estados Unidos está manteniendo conversaciones con México para restaurar el programa migratorio por el que las autoridades estadounidenses devolvían a suelo mexicano a los solicitantes de asilo que llegaban a su territorio en espera de que se resolvieran sus casos, tras una decisión del Tribunal Supremo.
CONVERSACIONES DIPLOMÁTICAS
Este martes, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, explicó en su rueda de prensa diaria que el Departamento de Estado, con el apoyo del de Seguridad Nacional, está llevando a cabo conversaciones "diplomáticas" con el Ejecutivo de México para cumplir la orden del Supremo.
Psaki aseguró que su Administración se opone a ese programa, pero que al mismo tiempo cumplirá la orden judicial, y recordó que cuando estuvo en vigor anteriormente provocó un atasco en la tramitación de los casos de los demandantes de asilo.
Biden suspendió en su primer día en la Casa Blanca las inscripciones en ese programa, impulsado en enero de 2019 por Trump y por el que Estados Unidos envió a más de 60 mil migrantes que cruzaron la frontera a esperar durante meses en México sus citas ante jueces migratorios.
En febrero, el Gobierno de Biden empezó a permitir la entrada en Estados Unidos de migrantes con casos activos bajo ese programa y en junio, el Departamento de Seguridad Nacional puso fin definitivamente al programa, muy criticado por organizaciones de derechos humanos.
El pasado 13 de agosto, el Juez federal Matthew Kacsmaryk, nominado por Trump para su cargo en una corte de Texas, dio la razón a los fiscales generales de Texas y Misuri, que habían demandado a la actual Administración en abril por su decisión de acabar con el programa.
