Cada vez surge más evidencia sobre la consideración de las “noticias falsas” como riesgo a la seguridad nacional. Y es que el abogado Javier Tejado Dondé, publicó el pasado 10 de agosto en su columna de El Universal (“La 4t clasificó noticias falsas como riesgo a la seguridad nacional”) que “en un memorándum titulado ‘Agenda Nacional de Riesgos (ANR) 2019’ que fue entregado de manera clasificada a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, se establece que la ‘difusión de noticias falsas’ es un riesgo para la seguridad nacional”.

Con independencia de confirmar la existencia de dicho documento, clasificado en razón de la información delicada que contiene, la Secretaria de Marina subió a su página oficial la Estrategia Institucional para el Ciberespacio 2021-20214. En ella resaltan y preocupan varios aspectos.

Lo primero es que la estrategia está diseñada para orientar los esfuerzos en materia de ciberseguridad, ciberdefensa y seguridad de la información. Ello, dice el documento, en el marco de preservación de la seguridad nacional y la “coadyuvancia” en la seguridad interior y el fortalecimiento de sus capacidades de protección marítima y portuaria. De entrada, y para evitar la indebida normalización de las tareas asignadas a las Fuerzas Armadas desde hace 15 años, llama la atención que tienen la plena intención de realizar operaciones en materia de seguridad, en esta ocasión en materia de ciberseguridad, más allá del aspecto meramente militar.

El segundo punto de preocupación es que en la introducción, la Semar considera como amenazas para la seguridad del Estado el hecho de que se pueda acceder a Internet “bajo anonimato”. Resalta el hecho de que se citen las “noticias falsas” como parte de los riesgos identificados en el Informe de Riesgos Globales de 2019 del Foro Ecónomico Global. Otro elemento a destacar es el hecho de que se hable de “ciberataques” contra páginas web y cuentas institucionales de redes sociales para afectar la “imagen pública del Estado mexicano”.

Sobre este aspecto, no podemos dejar de lado que el concepto de “noticias falsas” es sumamente problemático. Ha sido utilizado para promover legislaciones restrictivas y políticamente para desacreditar a los medios de comunicación y periodistas críticos de los gobiernos en la región y en el mundo. Un caso emblemático es el del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fustigaba a los medios que mostraban notas que no favorecían sus acciones de Gobierno calificándolas como fake news.

Ha habido mucha falta de seriedad de Jefes de Estado e instituciones públicas en la definición de este concepto, cuya naturaleza es de por sí cuestionable. De entrada porque las noticias no puede ser falsas en el momento que hablan de hechos que ocurren en la vida pública. Más bien se ha optado en el marco internacional por utilizar el término “desinformación”.

El elemento de preocupación adicional es que una institución militar se arrogue facultades en materia de ciberseguridad, y que dentro de esas facultades se consideren como puntos de atención las “noticias falsas” y los “ciberataques” a la imagen del Estado. Esto implica que desde la Semar, y probablemente otras instituciones involucradas como la Sedena, SSPC y CNI, se impriman esfuerzos para monitorear (por decirlo suave) el flujo de información que trae algún aspecto desfavorable para la administraciṕn actual. No está de más recordar la obsesión del presente Gobierno con el tema, al grado de abrir una sección llamada “Quién es quién en las mentiras” en la conferencia matutina del Presidente para “exhibir” lo que se consideran por parte del Poder Ejecutivo como mentiras de los medios y periodistas.

Una vez más habrá que cuestionarnos qué y cómo se están considerando desde el ámbito de Gobierno las “noticias falsas”. No es cosa menor que sean prioridad estratégica en términos de seguridad nacional y que una institución castrense –que en principio no debería tener facultades para extender su ámbito de acción a estos temas– ahora ponga foco en ellas.

Se puede entender que ciertas estrategias para difundir falsedades de manera intencionada sobre temas delicados como la pandemia o seguridad pública puedan generar pánico social y generar daños colectivos. Pero son casos puntuales que deben ser plenamente identificados y estudiados. El problema es que ese análisis minucioso por parte del actual Gobierno no existe y más bien la calificación de “falsedad” se ha constituido en un vector de ataques a las personas activistas, periodistas y medios de comunicación que no les resultan afines. La evidencia que se debe poner sobre la mesa es el potencial daño a la sociedad, materializado en ciertas acciones que las personas dejan de hacer o hacen en función de las mentiras virales. Por ejemplo, que se esté afectando la estrategia de vacunación en regiones o en todo el país. Pero eso no pasa. Más bien la “falsedad” se equipara a la “exageración” y hasta a la crítica a la que, más bien, deben mostrar tolerancia desde la función pública.

Esperaríamos que los esfuerzos de las instituciones de seguridad –incluyendo las militares indebidamente embarcadas en esas funciones– estén en evitar amenazas y ataques en el ámbito digital en contra de periodistas. Que la violencia contra la prensa, y no las críticas de ésta, sea visto como un verdadero problema que debe atenderse, considerando que cada periodista silenciado o silenciada por la violencia es un grave retroceso en el derecho a la información de la sociedad. Que la violencia desmedida, incluso la letal, sea un catalizador de acciones eficaces para prevenirlas, castigarlas y erradicarlas. Pero no es así.

Parece ser que el foco en el ejercicio de la libertad de expresión, impronta de este Gobierno, no es ni será por las mejores razones.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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