El tráfico de armas va a continuar a pesar de la demanda que presentó el Gobierno mexicano en contra de 11 empresas fabricantes estadounidenses, consideraron expertos.
Culiacán, 12 de agosto (SinEmbargo).– La medida del Gobierno mexicano, que el miércoles de la semana pasada demandó a 11 empresas fabricantes de armas estadounidenses, por “emprender prácticas comerciales, negligentes e ilícitas para facilitar el tráfico de armas a México”, es irrisoria, consideró un traficante de armas contactado por Ríodoce, porque el tráfico de armas simplemente va a continuar.
“Nosotros compramos las armas, no a sólo a empresas, también las compramos a agentes del orden y militares de ese país. Por eso pienso que México no puede tapar el sol con un dedo”, dijo otro traficante que adquiere armas para posteriormente revenderlas a grupos del crimen organizado en México, incluyendo el Cártel de Tijuana, Cártel de Sinaloa y Cártel de Jalisco Nueva Generación.
La demanda en contra de empresas como Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock; Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group, fue presentada ante una corte federal en el Distrito Oeste de Massachusetts.
Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lo que el Gobierno mexicano busca con esta demanda es detener el flujo de armamento ilegal que llega a México desde Estados Unidos.
“Estas compañías de armas saben perfectamente que el armamento que ellos fabrican están entre las favoritas de los cárteles de la droga”, se lee en la demanda de 139 páginas que el Gobierno presentó ante una corte de Massachusetts.
De acuerdo a estadísticas del Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), se cree que al menos dos millones de armas de fuego han sido introducidas de Estados Unidos a México desde 2004, y la situación en cuanto a la violencia fue terrible durante la administración del expresidente Felipe Calderón, pero el nivel de homicidios ha sido opacado desde que el Presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, en diciembre de 2018.
Según estadísticas del Inegi, en 2018 se cometieron 34 mil 202 homicidios, la mayoría de ellos con armas de fuego, mientras que en 2019 la cifra aumentó a 35 mil 508 y justo cuando se creía que esas cifras serían imposibles de superar, en 2020 el número de homicidios violentos se dispararon nuevamente al registrarse 40 mil 863.
Aunque la medida tomada por el Gobierno mexicano busca revertir esas cifras, activistas, víctimas de la violencia, y líderes religiosos de diferentes partes del país consideraron aberrante esa decisión pues el problema de la violencia, dicen, va más allá que el simple tráfico de armas, y tiene un trasfondo social que implica un mayor abanico de oportunidades para la gente.
“El Presidente López Obrador se ha caracterizado por siempre buscarle defectos al vecino, a administraciones anteriores, a sus antecesores y creo yo que mejor debería ver el problema desde la raíz, y esa raíz está en la falta de oportunidades que hay en nuestra juventud, en la falta de becas, en la falta de apoyos, y eso influye para que muchos de nuestros jóvenes se integren a organizaciones criminales”, consideró el padre Gregorio López Gerónimo, mejor conocido como padre Goyo, quien tiene años rescatando a jóvenes que buscaban integrarse a grupos criminales en Michoacán.
Ioan Grillo, analista de seguridad y autor del libro Blood, Gun and Money, que explica el tráfico de armas de Estados Unidos a países latinoamericanos, opinó que esta medida de México, aunque no significa una solución definitiva, sí pone presión al Gobierno de Joe Biden, lo cual al menos debe obligarlo a implementar medidas más severas al momento de que tiendas de armas en Texas, Arizona y Nuevo México, vendan sus productos.
“Tal vez la administración de Estados Unidos deba poner mayor atención a dónde irán las armas, y el tipo de armas que deben vender para al menos saber dónde terminan y de ese modo tener un control más preciso, y cuando se hable de las medidas que deben tomarse, al menos inviten a México para que participe, observó Grillo.
El traficante de armas entrevistado calificó la medida como inútil, pues el tráfico de armas está tan arraigado como las drogas que se trafican de México a Estados Unidos.
“No han podido detener el tráfico de droga, menos van a detener el flujo de armas que vienen de Estados Unidos, porque en primer lugar no hay retenes de norte a sur, y aunque hubiera, el nivel de corrupción en México está más arraigado que el de Estados Unidos, y por eso es que si se ponen duros, se pueden hacer arreglos”, consideró.
Ríodoce intentó comunicarse con algunas de las empresas armamentistas, y con el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero hasta el cierre de esta edición, no habían emitido comentario alguno sobren la decisión de México de demandar a Estados Unidos, y sólo la Asociación comercial para la industria de armas de fuego (NSSF), lamentó la postura del Gobierno mexicano.
“La NSSF rechaza los alegatos de México de que los fabricantes de armas estadounidenses participamos en prácticas comerciales negligentes. Todas las armas de fuego que se venden al por menor dentro de los Estados Unidos se venden de acuerdo con las leyes federales y estatales, con una verificación de antecedentes del FBI y formularios completados. Las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor son evidentemente falsas”, dijo la asociación en un comunicado enviado a Ríodoce.
NSSF rejects Mexico's allegations that U.S. firearm manufacturers participated in negligent business practices. Allegations of wholesale cross-border gun trafficking are patently and demonstrably false. Here's why: https://t.co/Tzv41AWAvz.
— National Shooting Sports Foundation | NSSF (@NSSF) August 4, 2021
“Las acusaciones por parte del gobierno de México carecen de fundamento, y ese país es el único culpable de los niveles de crimen desenfrenado y de la corrupción dentro de sus propias fronteras”, dijo Lawrence G. Keane, vicepresidente y asesor jurídico de NSSF.
No es la primera vez que México acusa a Estados Unidos por el número de armas que entran de ese país a territorio mexicano, sobre todo después del operativo fallido del ATF llamado «Rápido y Furioso», que permitió el tráfico de al menos dos mil armas de grueso calibre de Texas a Chihuahua y Sonora, y que propició un aumento en los niveles de violencia en el país.
En el caso particular de esta nueva demanda, México buscará una indemnización por daños que será definida por el tribunal y que podría alcanzar el 2 por ciento del PIB de México, según reportó la SRE.
La exigencia se basa no solo en la violencia letal por el flujo de armas ilegales, sino también por afectaciones económicas, como la sangría de recursos públicos para sostener la guerra contra los grupos criminales, así como pérdidas a industrias como el turismo.
