Washington, D.C.– La demanda civil del Gobierno de México contra las empresas fabricantes y distribuidoras de armas estadounidenses, a las que acusa de surtir a los carteles con mortal poder de fuego, sirve para elevar en la agenda bilateral el papel que juega la industria armamentista en el empoderamiento de los grupos criminales con la protección de un Washington permisivo e, incluso, cómplice.

“Mi primera reacción es positiva. Entiendo que tal vez no prospere, aunque nunca se sabe. Es una forma de romper con la sumisión en los temas de seguridad. Sumisión que he documentado por décadas y que ha llevado a algo increíble: a Estados Unidos no se le investiga cómo amenaza a la seguridad nacional mexicana”, me dijo Sergio Aguayo, autor y especialista en temas de seguridad en el Colegio de México

“Es, por supuesto, una maniobra electoral de Marcelo Ebrard, pero lo que importa es que gobiernen pensando en el interés general, aunque se beneficien personalmente,” añadió.

Por su parte, Arturo Sarukhan, Embajador de México en Washington hace 10 años, cuando el gobierno de Felipe Calderón también sopesó la opción legal contra los armeros, llamó la demanda “un golpe en la mesa, un cañonazo sobre la borda a la industria y a la Asociación Nacional del Rifle que tanto han hecho para cabildear en contra de medidas de regulación y control de armas o de la reimposición de la Prohibición de las Armas de Asalto, que tanto afectan a México.”

No obstante, el diplomático en retiro estima que “difícilmente prosperará” por los antecedentes legales de la ley que hace demandas civiles a fabricantes de armas casi imposibles.

Mas allá de su audacia y mérito, la inédita decisión de enfrentar a los gigantes armamentistas es una maniobra publicitaria que abona a las aspiraciones presidenciales de Ebrard. ¿Quién no detesta en México a esos empresarios rentistas, mercaderes de la muerte?

En el horno desde hace más de un año, la querella se presentó en coincidencia con al acto conmemorativo por el segundo aniversario de la masacre de civiles en El Paso, Texas, varios de ellos ciudadanos mexicanos, en el que el Canciller fue el protagonista central.

Introducida en el Tribunal federal en Boston, Massachusetts, argumenta que las prácticas comerciales negligentes y presuntamente ilegales de los demandados han provocado un baño de sangre en México. Los acusa de facilitar activamente el flujo de armas hacia los cárteles y de alimentar un tráfico en el que el 70 por ciento de las armas rastreadas provienen de EU, de acuerdo con datos del Departamento de Justicia.

En 139 páginas detalla, con nombres y fechas, una larga lista de hechos violentos en México en los que se ha probado el uso de armas fabricadas por los acusados. Más de dos mil armas de asalto recuperadas entre 2006 y 2018 salieron solamente de las fábricas de Colt.

El Gobierno de México deberá demostrar que Colt lanzó al mercado modelos como la pistola calibre. 38, que bautizó “El Jefe”, “El Grito” y “Emiliano Zapata”, con la leyenda, “Prefiero morir de pie que vivir de rodillas”, para seducir deliberadamente a los narcos.

La mayoría de esas armas boutique, consideradas “símbolos de estatus”, se envían a armerías en los estados fronterizos de Texas y Arizona para ser traficadas clandestinamente al mercado negro mexicano a través de intermediarios. El Gobierno mexicano también deberá presentar testigos estrellas dispuestos a declarar que surtir a los carteles es un acto deliberado y consciente.

Los demandados son: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta USA; Beretta Holding; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock Ges.m.b.H.; Sturm, Ruger & Co., así como Witmer Public Safety Group e Interstate Arms, ambos proveedores de armas.

La Asociación Industrial del Comercio de Armas (NSSF, por sus siglas en inglés) que agrupa a la industria y a comerciantes, emitió un comunicado rechazando las acusaciones que llamó “demostrablemente falsas”.

“La actividad delictiva en México es resultado directo del tráfico de drogas ilícitas, la trata de personas y los carteles del crimen organizado que afectan a los ciudadanos de México. Son estos carteles los que usan delictivamente armas de fuego ilegalmente importadas a México o robadas al ejército y agencias del orden mexicanos. El Gobierno de México es el único responsable de hacer cumplir sus leyes, incluidas las estrictas leyes de control de armas del país, dentro de sus propias fronteras”, dice al comunicado (Respuesta de la NSSF a la demanda civil mexicana 04/08/2021).

Es innegable que el grueso de las 2.5 millones de armas de fuego que han entrado a México en la última década proviene de EU, pero también es innegable que cruzaron la frontera porque aduanas, hoy bajo el control de los militares, lo permitió y sigue permitiéndolo. La responsabilidad de impedir su ingreso por tierra, mar y cielo es del gobierno mexicano y de nadie más.

El Gobierno de AMLO hizo lo que el de Calderón consideró, pero no concretó. En 2010, la PGR contrató a los despachos Reid, Collins, Tsai (abogados) y Berg Associates (detectives), para que “exploraran” la viabilidad de demandar en tribunales estadounidenses a empresas e individuos bajo sospecha de surtir a los carteles con armas de alto poder.

El proceso no avanzó y el sexenio concluyó sin que se tomara acción legal. Hubo puntos de vista divergentes al interior en cuanto a si los demandados deberían ser los fabricantes o las armerías en la frontera; en si el demandante debería ser el Gobierno o los familiares de las víctimas.

Sarukhan, quien como embajador en EU participó en las discusiones, estaba a favor de que la acción legal se emprendiera contra dueños de armerías y a nombre de deudos de agentes policiacos o elementos de las fuerzas armadas o de víctimas de la violencia del crimen organizado. “Tendrían más visos de ser exitosas”, me dijo.

Además, bajo el argumento de seguridad nacional, Sarukhan planteaba negarle entrada al país a los ejecutivos de las empresas manufactureras de armas y a los integrantes de sus consejos directivos.

Es poco probable que la demanda, tal como la plantea la SRE, prospere. Los fabricantes y distribuidores de armas están blindados. En 2005, el Congreso aprobó la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) que, para efectos legales, los vuelve tácitamente intocables. Es casi imposible responsabilizarlos jurídicamente por delitos violentos cometidos con sus productos. México argumenta que esa ley no los protege de actos de violencia en países extranjeros.

De no ser desechado de entrada por el tribunal, el litigio puede prolongarse muchos años. Lo acusados han contratado a un ejército de abogados de primer nivel para defenderlos y meterle zancadillas legales al Gobierno de México a lo largo de todo el proceso. Harán todo a su alcance para impedir que se siente un precedente.

En el remoto supuesto de que prosperara, sería una victoria pírrica. Acabar con el tráfico de armas ilícito es tan irreal como imaginar que algún día viviremos en un mundo sin adicción. Aun así, y a manera de consuelo, hace mucho que la industria armamentista fue condenada moralmente en el tribunal de la opinión pública. Ningún abogado, por más hábil que sea, puede revocar ese veredicto.

Twitter: @DoliaEstevez

Dolia Estévez

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Dolia Estévez es periodista independiente en Washington, D.C. Inició su trayectoria profesional como corresponsal del diario El Financiero, donde fue corresponsal en la capital estadounidense durante 16 años. Fue comentarista del noticiero Radio Monitor, colaboradora de la revista Poder y Negocios, columnista del El Semanario y corresponsal de Noticias MVS. Actualmente publica un blog en Forbes.com (inglés), y colabora con Forbes México y Proyecto Puente. Es autora de El Embajador (Planeta, 2013). Está acreditada como corresponsal ante el Capitolio y el Centro de Prensa Extranjera en Washington.

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