De cara a la Consulta Popular de este domingo, Javier Sicilia pidió a la ciudadanía que no se limite a contestar con sólo un "sí", sino exigir que se cumpla con empezar un proceso de  justicia transicional que esté acompañado de mecanismos extraordinarios y apoyo internacional.

Ciudad de México,  31 de julio (SinEmbargo).- El poeta y activista Javier Sicilia llamó a la ciudadanía a participar en la Consulta Popular, pero pidió no quedarse sólo en la votación de un “Sí”, sino acotar la respuesta y exigir que se cumpla con la agenda de víctimas prometida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad consideró en entrevista con SinEmbargo que este ejercicio es un avance en la vida democrática del país. No obstante, destacó que es necesario apuntalarlo a la exigencia que las víctimas del país han sostenido por varios años: una justicia transicional con mecanismos extraordinarios y apoyo internacional.

“Yo diría que vayamos a la Consulta. Digamos sí y acotemos ese sí. Queremos que sea una justicia extraordinaria con mecanismos extraordinarios de verdad y de justicia. Eso es lo que yo pediría para rescatar lo rescatable de este ejercicio ciudadano con esa pregunta tan ambigua, tan mal diseñada y con una génesis muy perversa y muy pervertida”, dijo Sicilia.

El poeta recordó que la agenda de justicia transicional es una promesa del Presidente que hasta la fecha no se ha cumplido, motivo por el cual acusó a López Obrador de haber “traicionado a las víctimas”. El problema de la Consulta, de acuerdo con Sicilia, es que es un ejercicio que nació y se desarrolla “en condiciones muy nebulosas y precarias”.

“La pregunta, como está redactada, es muy tonta. Es como preguntarle a la ciudadanía que si está de acuerdo en que las instituciones ordinarias cumplan con su función. Eso es estúpido [...] Lo que estamos propugnando las víctimas es que se ponga de manera correcta. Que se diga si la ciudadanía quiere que se creen dos mecanismos extraordinarios de verdad y justicia —ambos con apoyo internacional— para descapturar al Estado mexicano del crimen organizado”, detalló.

El activista explicó que la necesidad de que el proceso de justicia transicional vaya acompañado de mecanismos extraordinarios y con apoyo de la comunidad internacional es porque las condiciones de cooptación en las que —dijo— está el país provocan que el Estado ya no sea capaz de juzgarse a sí mismo para transitar a un verdadero Estado de Derecho.

“Creemos que el gran problema que tiene el país y su desafío son la injusticia, la violencia y los índices de impunidad. Necesitamos transitar de un Estado capturado por el crimen organizado a un verdadero Estado de Derecho", dijo.

Sicilia también destacó que hay que tener cuidado con la concepción del resultado de la Consulta, pues dijo que, si la intención es crear una Comisión de la Verdad sólo para “juzgar a los expresidentes”, entonces va a fracasar.

“Hay que tener cuidado, porque gente como Mario Delgado (dirigente nacional de Morena) está hablando de una Comisión de la Verdad para juzgar a expresidentes y esta es una estupidez. Si ese es el posicionamiento, la Consulta va a fracasar y nos va a llevar a un estado de mayor violencia, de juicios sumarios y de no de la verdad. No se trata nada más de juzgar los expresidentes, se trata de juzgar a un Estado mexicano, que desde el 68 tiene deudas brutales con las víctimas y con este país”.

El próximo domingo 1 de agosto se llevará a cabo en México la Consulta Popular impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que, de inicio se promocionó con la intención de enjuiciar a los expresidentes del "periodo neoliberal".

La pregunta original nombraba a los expresidentes por sus nombres y pedía indagar la "presunta comisión de delitos", sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) matizó la pregunta, en una polarizada votación en octubre pasado, para dejarla de la siguiente forma:

"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctima”.

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—¿La ciudadanía debe de participar en esta Consulta Popular?

—Es un tema complejo. Creo que la ciudadanía debe de participar. Las consultas ciudadanas creo que son un avance en la vida democrática del país, si es que podemos hablar de democracia que eso está entre paréntesis, por lo menos en el discurso y por lo menos en este tipo de ejercicios ahí está. El problema es que se abre esta primera consulta en condiciones muy nebulosas y muy precarias.

En primer lugar, nace de una intención absolutamente grave y tonta: que si había que juzgar a ciertos expresidentes por sus actuaciones en el pasado y después la Suprema Corte, ante ese absurdo, hace otra cosa y hace más confuso el asunto. Redacta una pregunta absolutamente nebulosa.

El problema es que esta confusión, que viene de origen, ha sido retomada por los medios y entonces está discutiendo si sí hay que ir a la consulta o no a ir a la consulta, cuando hay que tomarla esta pregunta hay que ponerla de manera correcta y apuntarla hacia donde merece y hacia donde vale la pena, que es crear unos mecanismos extraordinarios (de justicia transicional), es decir, la pregunta es tonta, así como está redactada. Es como preguntar a la ciudadanía que si está de acuerdo en que las instituciones ordinarias del Estado cumplan con su función. Eso es estúpido.

Lo que estamos propugnando las víctimas es que se ponga de manera correcta. Que se diga si la ciudadanía quiere que se creen dos mecanismos extraordinarios de verdad y justicia —ambos con apoyo internacional—, para descapturar al Estado mexicano del crimen organizado, que se ha enquistado no sólo en las instituciones que administran el Estado, como los gobiernos, sino en los partidos mismos y muchas empresas coludidas con el crimen organizado.

El tema nos remite a algo atrás, y permítame contarlo porque es importante (para explicar) porque estamos empujando esta agenda hacia allá.

En 2018, cuando se hicieron las elecciones que llevarían a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador, Jacobo Dayan, experto en justicia transicional, y yo, como parte del Movimiento por la Paz de Justicia y Dignidad, fuimos a ver a Andrés Manuel. Nos recibió en el mes de abril del 2018 en las oficinas de Alfonso. Nosotros íbamos con esta agenda y le dijimos que creemos que el gran problema que tiene el país, el gran desafío, es la injusticia, la violencia y los índices de impunidad.

'Necesitamos transitar de un estado capturado por el crimen organizado aun estado de derechos y te proponemos que vayamos a un diálogo público contigo y con todos los candidatos en el Museo Memoria y tolerancia'.

Él nos dijo —están Romo y Jacobo Dayan de testigos—: 'Mira, Javier y Jacobo, yo sé cómo enfrentar los problemas de este país, pero este en particular no lo sé. Ayúdenme'. 'Por supuesto que te ayudamos y te ponemos a la gente adecuada para construir esa política de Estado, pero primero tienes que ganar', le dijimos.

Y con esta agenda invitamos a todos los candidatos; todos se presentaron, con excepción de Margarita Zavala y se les planteó la agenda. Cada quien dio sus posiciones frente a esa agenda y se acordó en ese momento que quien ganara las elecciones se iba a reunir con las víctimas para determinar con mucha claridad esta agenda je Justicia transicional.

El 14 de septiembre, ya con Andrés Manuel López Obrador como Presidente electo, se hizo la reunión y se planteó la agenda de víctimas. Se logró un acuerdo en medio de tanta tensión y saliendo de la reunión me llamó y me dijo: 'Va, va la agenda, reúnanse con Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas'.

Jacobo consiguió junto con un Gobernación a expertos en este tema. Trajeron expertos de otros países, Argentina y Guatemala donde se ha aplicado la justicia transicional. Se trajeron expertos de organizaciones civiles, universidades y se empieza a hacer una mesa de trabajo para construir ese modelo o las bases de ese modelo. Se trabajó mucho en ese modelo que está como antecedente. Hay un documento sobre justicia transicional ya aplicable a México, que hizo el CIDE. El problema es que de repente (la agenda de justicia transicional) ya no prosperó.

Lo que habíamos acordado de justicia transicional, de una gran Comisión de la verdad con apoyo internacional y un Mecanismo Internacional, quedaron fuera, a pesar que habíamos acordado que esta era una agenda fundamental, por la verdad la justicia y la paz, que necesitábamos esos mecanismos extraordinarios, en las condiciones de cooptación que está el país, el Estado ya no es capaz de juzgarse así mismo, de transitar de un Estado capturado a un Estado de Derecho y rescatar las instituciones. Ese es el tema que estamos empujando, esa agenda que fue comprometida y fue traicionada.

—¿Qué expectativas tienen de la Consulta popular y, de ser vinculante, pudiera obligar al Gobierno a cumplir esta agenda de justicia transicional?

—Todo depende de lo que hagamos las organizaciones sociales, las víctimas y el EZLN. Es un tema que tiene que ver con las víctimas, que tiene que hacerse desde las víctimas y desde la agenda que hicieron las víctimas y que ya está pactada. No están empezando de cero, ahí hay un largo trabajo. Pero depende de que esta justicia transicional se posicione en la mente de todos y que las víctimas tengamos la capacidad de empujar esa agenda desde abajo. Es desde abajo donde se obliga al poder a cumplir lo que tiene que cumplir.

Hay que tener cuidado porque gente como Mario Delgado está hablando de una Comisión de la Verdad para juzgar a expresidentes, esta es una estupidez. Si ese es el posicionamiento, la Consulta va fracasar, nos va a llevar a un estado de mayor violencia, de juicios sumarios y de no verdad, porque no se trata nada más de juzgar los expresidentes, se trata de juzgar a un Estado mexicano que desde el 68 tiene deudas brutales con las víctimas y con este país, incluyendo a este Gobierno. En este Gobierno hay gente enquistada —en los partidos y mucha gente que ganó las gubernaturas— hay gente relacionada y vinculada con el crimen organizado. Eso hay que ponerlo, hay que ponerlo a la luz de la verdad y hay que ponerlo a la luz de un aparato de justicia que no sea este Estado capturado y estas formas mafiosas, como las que está proponiendo Delgado.

Mire, tenemos a un delincuente absolutamente visibilizado que es Gobernador electo de San Luis Potosí, eso es evidente y el Presidente lo defiende. Si no apuntamos hacia una justicia y verdad profunda que tome enserio el fenómeno de criminalidad que tiene cooptado al Estado, simplemente esto va a llevar al país a una cooptación por parte del crimen organizado mucho más grave, a juicios sumarios y estúpidos que sólo van servir para empoderar más al crimen organizado y a la falta la verdad y justicia.

—¿Qué es lo que le están planteando a la ciudadanía? ¿Cómo participar entonces?

—El tema es muy complicado, hay que hablar con unas organizaciones internacionales. Hay que hablar con los expertos que han trabajado en justicia transicional. El primer modelo de justicia transicional fue en Sudáfrica y se ha aplicado en Guatemala, a nivel de criminalidad y no de estados dictatoriales, también en Colombia se ha aplicado. El proceso es largo, pero hay que empezarlo. Y lo que tendría que empezar a hacer la ciudadanía es entender espíritu de esa pregunta en el sentido que estamos planteando nosotros.

Que hagan y manden sus cartas, pero no las manden a Gobernación, mándelas a las víctimas porque el tema es con las víctimas. Vincúlenos con las víctimas y exijamos esa política que ya crearon las víctimas y que necesitamos que se articule, sino va a fracasar y, por desgracia, apenas empieza a emerger en la prensa ese argumento que trasciende las idioteces de Delgado y del Presidente, de juzgar a personas. Y que trasciende también la idiotez de la oposición de decir No. Es decir, Sí a la consulta, pero apuntando hacia el nivel de justicia extraordinaria y de verdad extraordinario que necesita el país para que las instituciones que aplican la justicia y la verdad ordinariamente puedan volver a ejercer bien su función. Ese es el tema de fondo. Ya sea que en la consulta se diga Sí o No, esa justicia la reclama el país.

—De acuerdo con la CIDH, una consulta no puede limitar derechos humanos, ni su resultado evadir la obligación del Estado mexicano para garantizarlos, ¿qué pasaría si gana el No o si no es vinculante?

—Ahora estamos organizando subir esta agenda, esta deuda de Estado que existe desde hace 3 años, poco antes de que asumiera la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, y de la cual hicimos una larga marcha en la que fuimos insultados y maltratados, que fue en enero de 2020 cuando llevamos esos documentos para la agenda, se los entregamos al Poder Legislativo, pero no ha pasado nada y vienen con esa estupidez de pregunta, pero bueno con el Sí o con el No hay que ir porque es un ejercicio ciudadano, pero hay que rescatar ese ejercicio ciudadano en función de ese compromiso, de esos los documentos que se trabajaron y a lo que se comprometió el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin eso, sin una verdadera ruta de justicia y verdad, que nos lleve a una hacia una ruta de paz, no va a haber transición alguna. Estamos secuestrados por tener organizado, esa es la realidad y hacia allá tenemos que apuntar los niveles de justicia y de verdad que están de fondo en esta consulta.

—¿Qué vendrá después de la Consulta, que tendría que hacer el Gobierno, independientemente del resultado?

—Si realmente la ciudadanía empuja y el Gobierno realmente está interesado en la verdad y la justicia y no sólo en simulación, pues ahí están los documentos (las bases para empezar el proceso de la justicia transicional que fueron entregados a Senado), que se hagan públicos estos documentos y resúmenes de los lineamientos que se plantearon y, a partir de ahí, que se hagan foros, que se discute y enrute el asunto. Ahí está todo, falta la voluntad política y falta la claridad en la conciencia ciudadana de esos documentos y de esa tarea fundamental que el Estado tiene que hacer para descapturarse así mismo y transitar a una justicia transicional, con estos mecanismos extraordinarios y con apoyo de la comunidad internacional, hacia un Estado verdaderamente democrático y de Derecho. Pero necesitamos voluntad política y necesitamos presión ciudadana.

—¿Considera que con esta consulta hay voluntad para transitar a una agenda de víctimas y justicia transicional?

—Creo que el espíritu es de simulación. El hecho de que no hayan asumido esta agenda de manera comprometida y lleven esta pregunta hacia esta nebulosidad, significa que no tienen voluntad y que la van a usar de manera perversa y eso va percutir en la vida ciudadana y en el propio proyecto de transición y transformación del tanto habla el Presidente y la 4T. Van a dejar al país en peores condiciones y en peores manos.

Sí hay un elemento de simulación, pero depende de nosotros rescatar este ejercicio ciudadano, poniendo la respuesta de manera correcta, rompiendo la simulación y las intenciones perversas con las que se está utilizando de parte de Morena y de la Presidencia y de la forma estúpida con la que la oposición está enfrentando la problemática en un berrinche de No.

Si no, será el fracaso y la Consulta será usada de manera facciosa y terrible que a los únicos que va a fortalecer son a la corrupción y al crimen. El asunto no es de personas es de fenómenos, es un Estado capturado y de gobiernos y estructuras vinculadas con el crimen organizado.

—Algún mensaje que quiera agregar...

—Yo diría que vayamos a la consulta. Digamos sí y acotemos ese sí. Queremos que sea una justicia extraordinaria con mecanismos extraordinarios de verdad y de justicia. Eso es lo que yo pediría para rescatar lo rescatable de este ejercicio ciudadano con esa pregunta tan ambigua, tan mal diseñada y con una génesis muy perversa y muy pervertida.