Por Sol Pérez Jiménez

A pesar de que en las últimas décadas la minería ha generado fuertes impactos ambientales y un sin fin de conflictos comunitarios, pareciera que aún está a discusión si la minería es tan mala como la pintan las y los ambientalistas o tan verde y sustentable como la describen sus promoventes. Por ejemplo, el Informe de Sustentabilidad 2020 de la Cámara Minera de México (CAMIMEX) señala que “el sector minero mexicano tiene un compromiso total con la transparencia y la rendición de cuentas”. Incluso la Secretaría de Economía y el propio Andrés Manuel López Obrador han afirmado la viabilidad de una “minería verde con buenas prácticas ambientales y sociales” desestimando así los cientos de testimonios de las comunidades afectadas.

Para avanzar en este debate más allá de las disputas discursivas es prioritario partir de datos y estadísticas concretas. El problema, es que –convenientemente para sus promoventes– la minería es uno se los sectores industriales con mayor opacidad, pues en los hechos no existe un acceso efectivo a la información en datos abiertos.

Resulta alarmante que, pese al acalorado debate público, ni siquiera hay información clara sobre: ¿A quiénes pertenecen las concesiones mineras? ¿Cuántas concesiones tiene cada empresa y cuánto pagan por ellas? ¿Cuántos proyectos mineros hay en total? ¿Todos los proyectos tienen todos los permisos ambientales? ¿Cuánta agua usan en total? ¿Pagan por ella? Y, ¿Cuánto contaminan? ¿Cómo estamos seguros de que se monitorea adecuadamente los impactos? ¿Cuál es realmente la contribución fiscal de cada proyecto? Toda esta es información básica para evaluar el verdadero impacto de la minería.

A continuación, se describen 5 puntos que demuestran la falta de transparencia del sector minero en México:

-Se desconoce el total de subsidiarias de cada compañía minera

Las compañías mineras suelen tener una subsidiaria para operar cada uno de sus proyectos. El problema es que no existe un registro público de subsidiarias por grupo o consorcio minero. Si bien el listado de “Empresas con proyectos mineros en México” del Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM) reconoce 242 empresas, en la lista de titulares de concesiones mineras identificamos 11,164 titulares, incluyendo títulos a personas físicas.  Esto es muy grave puesto que todas las autorizaciones y pagos fiscales están a nombre de las subsidiarias. Las comunidades muchas veces desconocen a que compañía pertenecen los proyectos o concesiones que afectan sus territorios.

-La cartografía sobre concesiones mineras no está actualizada ni disponible en datos abiertos

Siempre ha existido debate y diferentes cifras respecto al total del territorio concesionado a la minería. Inclusive en la actualidad las estadísticas oficiales siguen sin actualizarse y se contradicen entre sí.

Por ejemplo, el último dato que tenemos es que el 23 de diciembre de 2019 López Obrador precisó que existían 25 mil 267 concesiones mineras vigentes que tienen una superficie de 21.3 millones de hectáreas. Sin embargo, para el mismo periodo, el Anuario Estadístico de Minería 2019 del Servicio Geológico Mexicano (SGM) reportó en diciembre de 2019 24,066 concesiones mineras que representan un área de aproximadamente 16.83 millones de hectáreas.

El ejecutivo federal continúa afirmando que “no habrá nuevas concesiones mineras, pero a la fecha no se tiene un dato actualizado sobre cuántas concesiones existen (incluyendo el estatus actual de las que en 2019 estaban en trámite).  De hecho, el listado de títulos de concesiones mineras de la Secretaría de Economía en el portal de datos abiertos no se ha actualizado desde 2017 y el enlace para descargar la cartografía lleva sin funcionar desde 2019.

-Se desconoce el total de proyectos mineros

A pesar de la existencia de tres fuentes de información oficiales sobre proyectos mineros en México, en la actualidad se desconoce el total de proyectos mineros en el territorio nacional.

1. El listado de “Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero” del Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM) únicamente incluye las compañías extranjeras y no compañías mexicanas.
2. El mapa de “Principales operaciones mineras” de GeoInfomex perteneciente al Servicio Geológico Mexicano no específica qué se considera como principal proyecto, ni cuántos de los proyectos que existen no entran en dicha categoría. Tampoco está descargable.
3. El Portafolio de Proyectos Mineros de la Secretaría de Economía no presenta una sistematización del total de proyectos existentes.

Es urgente transparentar el total de proyectos mineros de compañías mexicanas y extranjeras en las diferentes etapas. La cartografía debe estar disponible en formato descargable en datos abiertos.

-No existe suficiente información sobre el impacto ambiental de la minería

El Informe Sombra EITI-México: Avances y desafíos en la transparencia socioambiental de las industrias extractivas describe como la minería es uno de los sectores con mayores vacíos de información ambiental. Por ejemplo, las autorizaciones como las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y las Autorizaciones de Cambio de Uso de Suelo Forestal (CUS) no cumplen con la política de datos abiertos. Se desconoce cuánto pagan las compañías por más de 20 conceptos de autorizaciones ambientales y por aprovechamiento de bienes nacionales.

En el caso específico del agua, el Artículo 19 de la Ley Minera confiere a las compañías “el derecho a aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales”. A pesar de que es posible consultar los derechos de explotación de agua para compañías mineras en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), en la actualidad se desconoce el volumen total de agua utilizado por proyecto minero, pues los procesos de beneficio de minerales utilizan agua sin requerir de un título de concesión. No existe ninguna fuente de información sobre cuánto pagan en total por concepto de derechos de uso y aprovechamiento de aguas nacionales.

Respecto a la contaminación ambiental provocada por la minería, un estudio publicado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas en el año (2015) señala que el 64% de las emisiones tóxicas en México son causadas por el sector minero. Si bien el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) informa qué contaminantes y en qué cantidad fueron emitidas al aire, al agua o al suelo; la base de datos del RETC no está desagregada por proyecto minero.

Por otra parte, en el caso de los derrames mineros, es necesario que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) transparente la sistematización nacional de estos desastres y las sanciones administrativas y económicas implementadas, pues no hay un acceso efectivo a las actas de inspección y vigilancia a compañías mineras.

-Se desconocen contribuciones fiscales y económicas desagregadas por proyecto

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2019 el sector minero aportó el 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, la extracción de minerales metálicos al PIB nacional fue menor al 1%. Por otra parte, el pago de ISR de la minería fue de 23 mil 810 millones de pesos, por derechos de concesiones mineras 2 mil 711 millones de pesos y 3 mil 496 millones de pesos por el derecho especial para la extracción de minerales preciosos.

Por el secreto fiscal y puesto que las empresas mineras tributan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de manera agregada mediante sus subsidiarias, es prácticamente imposible conocer el monto que cada proyecto o concesión minera está contribuyendo a las finanzas nacionales. La desaparición del Fondo Minero agrava esta falta de transparencia en el sector.

Pese al debate público por las declaraciones del ejecutivo federal sobre el tema, sigue sin haber un registro abierto y desglosado sobre cuánto pagan en total las compañías por el derecho de concesiones mineras. Aún más grave, como no se ha modificado el Artículo 263 Ley Federal de Derechos (LFD), las compañías continúan pagando cantidades irrisorias por hectárea concesionada. Es indignante que paguen 8.04 pesos por hectárea sin importar el total de mineral extraído ni los daños ambientales e impactos sociales generados.

Si consideramos que en 2019 el valor de la producción minera fue de 228 mil 368 millones de pesos, el pago por derechos de concesiones mineras (2 mil 711 millones de pesos) equivale al 1.1%. Esto significa que el 98.9% de las ganancias de la minería son privadas y no para el beneficio del país. Es injustificable que la minería siga siendo considerada una actividad de utilidad pública (Art. 6 Ley Minera).

Antes de seguir promoviendo la expansión de la minería se debe evaluar a cabalidad su impacto ambiental y social. Si la CAMIMEX y las empresas mineras que participan en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) pretenden seguir afirmando que cumplen con altos niveles de transparencia, es urgente garantizar el acceso a la información desagregada por proyecto y en formato de datos abiertos.

* Sol Pérez Jiménez es investigadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico

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