Diez meses después de haber sido clausurado por la Fiscalía de Chihuahua, la comunidad rarámuri de Bosques de San Elías Repechique logró inaugurar el taller de costura Bowe Najativo, a pesar de que el proceso penal iniciado por un grupo de empresarios continúa en su contra.
Por Raúl Fernando
Bocoyna, 15 de junio (Raíchali).- “Ya nos dejaron que termináramos el taller y ahora la gente se reunió aquí para festejar que ya está terminado el salón. Estamos aquí reunidos para hacer un pequeño convivio con diferentes rancherías y a otras comunidades también se invitó”, dijo Teresa González en entrevista con Raíchali, al inicio del gran festejo que daría por inaugurado el proyecto de la comunidad.
Teresa fue encargada por la asamblea rarámuri para liderar el proyecto del taller de costura, ubicado en la comunidad Cerros de la Virgen, municipio de Bocoyna. Cuando el empresario Fernando Cuesta interpuso la denuncia por despojo, daño ambiental y robo en agosto de 2020, alrededor de 16 policías estatales clausuraron la construcción y quisieron arrestarla.
“Un tiempo estuvimos muy tristes, como muy abandonados, muy indignados, pero ya pasaron esos tiempos. Ahorita mucha gente está muy contenta. Las señoras, jovencitas, ahorita de hecho van a participar jugando, bailando, todo eso”, continuó.
Como respuesta a la denuncia, la comunidad interpuso dos amparos. El primero, para detener la persecución a Teresa. El segundo, contra la actuación de la Fiscalía del estado de Chihuahua, a la cual acusan de criminalizar a la comunidad indígena y de actuar de manera expedita, en una región en la que ni siquiera hay policía para cuidarlos a ellos, pero sí para quitarles su territorio ancestral.
En base a los amparos, un Juez federal determinó que la Fiscalía podía continuar con su investigación y que la comunidad podía trabajar en su taller mientras no lo vendiera a un tercero. Como la familia Cuesta interpuso una queja al respecto, ahora está en manos de un tribunal colegiado revisar todo el expediente y podrían pasar años sin llegar a una resolución.
“Más a futuro pensamos ver algo mejor. Queremos que haya trabajo aquí en la comunidad. Nunca hemos tenido trabajo así en las comunidades. Hace mucha falta”, concluyó Teresa.
Después de recibir la luz verde de parte del Juez, la comunidad se apresuró a continuar con los arreglos del salón. Consiguieron las máquinas, aunque no las instalaron aun para usar el espacio para la fiesta de inauguración, pintaron las paredes y llevaron tinacos nuevos, pues hace poco les robaron dos con capacidad de mil 200 litros.
A la fiesta de este sábado 12 de junio llegaron invitados e invitadas de Mogótavo, donde también enfrentan una demanda por despojo de parte de un grupo de empresarios, y también de Huitosachi, Tewerichi, Bakajípare y otras comunidades de Urique, Bocoyna y Guachochi.
Algunos rarámuri viajaron más de seis horas, incluso de noche, para llegar a tiempo a la celebración y aportar con algo propio de su tierra.
Desde temprano mataron una vaca para dar de comer a todos. También se preparó el maíz para las tortillas y se calentó el agua para el café. Afinaron el violín y la guitarra. Toda la noche se bailó matachín y pascol, con descansos intermitentes de media hora a una hora, hasta el amanecer.
A las 7 de la mañana las diferentes comunidades participaron por equipos en las carreras tradicionales de rarajípari y ariweta. En la primera, los hombres corrieron pateando una pelota de madera. En la segunda, las mujeres arrojan un aro con una vara. Las competencias terminaron cuando sólo quedó un equipo de cada uno, pues los demás no podían ya con el cansancio después de la larga fiesta.
LA DISPUTA POR EL TERRITORIO
Para los rarámuri, la ranchería donde se construyó el taller lleva el nombre de Cerro de la Virgen y está dentro de su territorio ancestral, el cual conocen como Bosques de San Elías Repechique. Sin embargo, para la familia Cuesta, es el Predio Pino Gordo, el cual adquirieron mediante un contrato de compra-venta.
La Fiscalía del estado y el secretario general de gobierno han insistido en que la comunidad indígena se presente a una conciliación con los empresarios, pero la parte demandada se ha negado a esto, pues lo consideran una trampa.
“Para nosotros era una estrategia del particular de que le reconocieran. Si tú vas a una conciliación, es porque le reconoces al otro cierto derecho, aunque no llegues a ningún acuerdo. La gente no accedió”, explicó la asociación Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), quien acompaña el proceso legal de Bosques de San Elías Repechique, en entrevista con Raíchali.
CONTEC explicó que los demandantes incluso están incurriendo en fraude procesal, ya que la denuncia contra Teresa fue interpuesta por el apoderado legal de Laila Miledi Pérez, la propietaria anterior, cuando ella ya había vendido el predio a Fernando Cuesta, su hijo.
Para la Fiscalía, este dato es irrelevante pues la venta se dio entre familia, pero para CONTEC y la comunidad es razón suficiente para desestimar la denuncia.
El territorio de Bosques de San Elías Repechique fue dividido y vendido en doce predios que suman más de 11 mil 500 hectáreas. Estos fueron adquiridos por empresarios que constantemente obtienen permisos de aprovechamiento forestal, incluyendo a la familia Cuesta.
Los empresarios también se han visto beneficiados por los pagos e indemnizaciones del Gobierno por la construcción del aeropuerto de Creel, la carretera o el paso del gasoducto.
NI EJIDO NI TIERRAS COMUNALES, TERRITORIO RARÁMURI
Desde el 2018 la comunidad de Bosques de San Elías Repechique está solicitando que su territorio se reconozca como territorio indígena rarámuri, una figura que no cabe dentro de otras formas de tenencia de la tierra colectivas, como lo son el ejido o las tierras comunales, pues su manera de entender el territorio es distinta.
Este juicio de amparo también está actualmente en las manos de un tribunal colegiado y el proceso podría durar años o simplemente no proceder debido a la pandemia de COVID-19, por lo que están solicitando que el caso lo tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Ellos no quieren ser ejidatarios, ni comuneros, y no hay una ley en México que hable del territorio de los pueblos indígenas, otra figura aparte del ejido, la propiedad privada y la propiedad comunal. Tiene que haber una ley donde se reconozca el territorio de los pueblos indígenas, el territorio rarámuri”, explicó CONTEC.
En otras comunidades, a los rarámuri se les ha incluido bajo el esquema de ejidatarios, limitando su poder de decisión sobre el uso de las tierras. También se les ha otorgado títulos de propiedad privada, lo cual cambia por completo la dinámica de uso de la tierra entre las comunidades, especialmente al momento de transmitirlo en herencias.
De tener éxito, se tendría que modificar la Ley Agraria y el artículo 27 de la constitución mexicana para incluir este nuevo modelo de derecho sobre el territorio.
El taller de costura fue construido con el recurso de un fideicomiso otorgado a la comunidad como indemnización por la construcción del aeropuerto de Creel, el cual violó su derecho la consulta libre, previa e informada y afectó su territorio.
