Resulta, poco menos que sorprendente, que cuando para millones de mexicanos las elecciones se han convertido un rayo de esperanza para mejorar su nivel de vida, la violencia criminal tiende a empañarla con su brutalidad. Desde el Río Bravo hasta Suchiate. Los incentivos para estos grupos deben ser muy altos para hacerse presente en cada convocatoria electoral y dejar el camino electoral con un cada vez mayor caudal de muertos y atemorizados y regiones enteras bajo fuego.

El crimen organizado está claro que es un actor económico que quiere y tiene desafortunadamente su lugar en la política. Directa o indirectamente, eso no es problema, sino la complejidad como país. Actúan, como otra cámara empresarial, como grupo de presión, pero a diferencia de los organismos convencionales los suyos lo hacen, lo hicieron, con el recurso de la violencia.

Quizá, nunca sabremos su nivel de penetración en los partidos y sus gobiernos, pero, sin duda, están presentes con su propio y singular don de la ubicuidad. Es el negocio redondo. Y mejor con una gran dosis de impunidad. La política dejó de ser, al menos, hoy en México, un antídoto a esta singular violencia criminal para convertirse en una incapacidad manifiesta o una absoluta connivencia.

El informe que presentó la Secretaría de Seguridad Pública a principios de año declaraba que las entidades más violentas del país en 2020 habían sido Baja California, con dos mil 906 homicidios; le seguía el Estado de México, con dos mil 793; Chihuahua, con dos mil 686; Jalisco, con dos mil 621; Michoacán, con dos mil 433; Sonora, con mil 584; Veracruz, con mil 457; Guerrero, con mil 435 y Zacatecas, con mil 065 homicidios dolosos.

De estos nueve estados en seis de ellos hubo elección de Gobernador el domingo pasado y en todas ellas triunfó el partido Morena y sus aliados y relevarán a gobiernos priistas y panistas con excepción de Baja California donde ya gobierna Morena.

En estos estados con la información publicada en varios medios de comunicación hizo aparición el crimen sea amenazando a dirigente políticos y candidatos, promoviendo el voto a favor de uno u otro partido o, lo más lamentable, asesinando candidatos, como fue el caso del emecista Abel Murrieta Gutiérrez que buscaba la Alcaldía de Cajeme y su muerte alcanzó notoriedad por ser abogado de la familia LeBarón.

Que, como se sabe, esta familia menonita icónica en diciembre de 2019 sufrió una masacre perdiendo a 12 miembros y otros, ante la imposibilidad de seguir en la serranía tarahumara, decidieron marcharse para continuar su vida en la Unión América.

La violencia fue la marca indeleble del proceso electoral en varios estados. La empresa Etellekt en su informe de junio (https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-J5-etellekt.html) muestra un escenario sangriento, penoso y creciente: suman 910 agresiones políticas lo que representa 17.5 por ciento más que en el proceso de 2017-2018; fueron asesinados 91 políticos y 36 de ellos eran aspirantes y candidatos; los opositores, nos revela el informe de marras, eran el principal blanco de los criminales; la violencia política se expandió geográficamente a 525 municipios; aumentaron los ataques contra colaboradores de candidatos, e infracciones contra la dignidad, previo a la jornada electoral del 6 de junio y asciende a 252 asesinatos de personas vinculadas a la política y el servicio público durante el proceso electoral.

El mismo día de la jornada electoral se hicieron visibles operativos criminales dejando muertos en Baja California, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Zacatecas y marginando a muchos de la representación. En estas circunstancias la atmósfera de las elecciones se volvió turbia y seguramente afectó los niveles de participación histórica.

La ciudadanía, al igual que estos grupos, también debe tener incentivos para participar en lo que algunos irónicamente llaman “la fiesta de la democracia” y, si no los tienen con mínimos de seguridad, prefiere quedarse en casa.

Esta escalada de violencia sucedió en un momento en que las elecciones tanto locales como la federal, constituyen una suerte de evaluación del Gobierno de López Obrador. Y los resultados, que se han dado a conocer a través del PREP y los cómputos distritales, pueden resultar agridulces porque por un lado fue abrumadoramente a favor del obradorismo en los estados de la federación, mientras por el otro, paradójicamente, los resultados fueron acrisolados cuando a Morena se le cayó la votación en estados claves y con ella el número de diputados que su partido tendrá en la próxima legislatura para continuar la llamada Cuarta Transformación.

Así, tenemos, que el mapa político de 2018 cambio con diez y seis gubernaturas a favor de Morena y el resto está en el amplio espectro opositor; la Cámara de Diputados por su parte ya no será la de esta legislatura, sino otra aún conservando Morena y sus aliados la mayoría absoluta, lo que genera algo muy valioso que es la necesidad de negociar para construir consensos en los temas que son de mayor interés público salvo que se prefiera coaccionar o corromper a diputados para hacer la mudanza de fracción como ya lo sugirió el Presidente al decir que “basta unos diputados priistas” para tener mayoría calificada.

Se ha hablado mucho de la necesidad de una reforma electoral de fondo y es que las elecciones en nuestro país tienen un costo económico, que raya en la aberración, simplemente, la elección de diputados federales le costó a la hacienda pública una cifra cercana a los 20 mil millones de pesos, o sea, cada uno de los 500 diputados, costará alrededor de 40 millones de pesos en presupuesto del INE y prerrogativas para los partidos. Imaginemos, un momento, ¿cuál será el costo de las 32 elecciones estatales que renovaran más de 20 mil cargos estatales?

Pero, si esto es escandaloso pues nos ha costado ser considerada como la democracia más cara del mundo muy pronto alcancemos el estatus de la democracia más violenta del mundo. Eso obliga a una gran reforma económica pero también política, de manera que ahorremos dinero y al mismo tiempo reduzcamos los incentivos para que el crimen organizado siga haciendo de las suyas en los procesos de renovación de los cargos públicos electos.

En definitiva, estamos en un momento crucial de nuestra democracia representativa, y si los resultados contradictorios del pasado domingo, no se aprovechan para rediseñar al menos estas instituciones públicas y cambiar la situación que estimula el estado de violencia, habremos perdido una vez más, la oportunidad de gastar menos en la política y neutralizar a los actores violentos pues, como bien lo señala la empresa Etellekt, la violencia política se expandió a más de 500 municipios del país entre ellos, por supuesto, los más poblados del territorio nacional.

Al tiempo.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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