No es normal que maten a personas por motivos o disputas políticas en elecciones. Tampoco es normal que violenten periodistas que pretenden cubrir el desarrollo del proceso electoral. Este proceso electoral se caracterizó por la gravedad de la violencia política. De acuerdo con información de Etellekt, 100 personas políticas fueron asesinadas, de ellas 36 eran candidatas y aspirantes. La espiral de violencia que afecta muchos aspectos de la vida pública de México fue una característica particularmente dolorosa en el contexto electoral del 2021.

Muestra de ello es el “terrorismo electoral” que denunció Bernardo Barranco en el Estado de México donde primaron los actos violentos y una extraña sustitución de funcionarios de casilla (tres de cada 10) que no se presentaron el día de la jornada. Ante la publicación de Barranco, lo que sucedió no fue una investigación profunda de los hechos denunciados, sino la criminalización del denunciante por parte del propio Instituto Electoral del Estado de México que amago con proceder legalmente contra el periodista. Y es ahí donde ubicamos otro patrón en el marco del proceso electoral: las agresiones contra la prensa.

Desde el 19 de abril, se han registrado 55 agresiones contra periodistas en el contexto de cobertura electoral. Durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021, la Red Rompe el Miedo (RRM) documentó 16 agresiones contra periodistas en vinculación con su labor. Las y los integrantes de partidos políticos han sido los agresores principales de la prensa en este contexto, señalados en el 50.90 por ciento de los casos. Le siguen particulares y personas funcionarias públicas, con el 16.36 por ciento cada uno.

A lo largo de este proceso electoral, se identifica un patrón de agresiones que buscó restringir el flujo informativo sobre las propuestas, y el actuar de las candidaturas y personas funcionarias públicas. Al respecto, es preocupante que agentes de partidos políticos y personas funcionarias continúen patrones previos de agresiones contra la prensa. De acuerdo con los estándares internacionales, su rol como figuras públicas les exige un mayor umbral de tolerancia con respecto al escrutinio público, por lo que es urgente que se eliminen estos patrones de violencia contra la prensa.

En este escenario desolador la violencia contra periodistas y actores políticos seguramente quedará en la impunidad. Tampoco conoceremos la verdad, esclareciendo los motivos y los autores de las agresiones más violentas. El análisis de contexto de las agresiones nos permite inferir que está íntimamente relacionada con la disputa política pero las autoridades de investigación no avanzan en determinar qué sucedió, y seguramente, no lo determinarán. En el único caso que se presentó un supuesto avance -asesinato de Alma Barragán en Moroleón, Guanajuato- se denuncia por parte de la familia del imputado que es un “falso positivo” o “chivo expiatorio” de la Fiscalía guanjuatense.

Ante la incapacidad del Estado para dar a conocer perpetradores y razones de dicha violencia, mejor opta por minimizarla o hasta justificarla. El foco de atención está en otro lado, en las curules, las gubernaturas y las alcaldías. Efectivamente es esencial para la vida democrática del país conocer la nueva correlación de fuerzas políticas después de la elección. Pero ante el contexto es igualmente esencial reconocer la violencia por motivos políticos ejercida contra todos los actores implicados (polítcxs, prensa, ciudadanía) como un síntoma grave de la descomposición del tejido social. Flaco favor le hacemos al país  soslayándolo.

Aquí es fundamental entender y desmontar la narrativa que pretende presentar a  los grupos criminales como el “otro” de la acción política. No, no es así. La gestación, crecimiento y desarrollo de la criminalidad organizada se dio en el seno de un régimen autoritario que controló y administró eficazmente los mercados ilegales y los territorios donde se desplegaron durante el siglo XX.

Hoy esos actores ilegales crecieron a tal grado que ocupan vacíos del Estado cuyo alcance territorial se ha fragmentado y debilitado. En esa disputa la militarización no ha ayudado a ocupar los vacíos sino que los ha profundizado, entendiendo que las Fuerzas Armadas cuentan con autonomía de facto.

En vastas regiones, la decisión ciudadana no es entre candidatos/as o partidos sino entre cárteles. Muestra de ello son las serias denuncias que hizo la candidata de Morena por la Alcaldía en Cuauhtémoc (CdMx) Dolores Padierna, quien denunció la operación política de su contrincante de la mano de La Unión Tepito y la redes criminales de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, hoy prófugo por la imputación del delito de trata de personas.

Seguir volteando a otro lado o de plano negar estos hechos, por ignorancia o conveniencia, compromete la viabilidad democrática de nuestra sociedad. Nos guste o no, tenemos que reconocer que política y criminalidad en este país se entreveran. Los efectos nocivos están a la vista con las miles de víctimas que este país genera año con año derivado de las complicidades entre servidores públicos de y organizaciones criminales. Y ese dolor no cabe en las urnas.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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