En abril la Amazonía brasileña perdió 580.55 kilómetros, mientras que en marzo fueron devastados 367.6 kilómetros de selva.
Sao Paulo, 4 junio (EFE).- La Amazonía brasileña perdió mil 180 kilómetros cuadrados de selva en mayo, la mayor área devastada para dicho periodo desde 2016, cuando comenzó a ser medida la serie histórica, según las alertas de deforestación divulgadas este viernes.
De acuerdo con los datos mensuales captados por el Sistema de Detección de Deforestación de la Amazonía Legal en Tiempo Real (Deter) y divulgados por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), las alertas de deforestación aumentaron un 41 por ciento en mayo frente al mismo mes de 2020.
La metodología utilizada en el Deter se basa en imágenes satelitales y es utilizada por el INPE para ofrecer alertas anticipadas sobre las áreas que están siendo desforestadas en la Amazonía.
El de mayo es el tercer récord mensual consecutivo que se registra este año. En abril la Amazonía brasileña perdió 580.55 kilómetros, mientras que en marzo fueron devastados 367.6 kilómetros de selva.
Asimismo, en los primeros cinco meses de este año fueron más de dos mil 336 km2 de deforestación en la selva amazónica, lo que representa un aumento del 14.6 por ciento en relación al mismo periodo de 2020.
El Observatorio del Clima, una red que reúne a medio centenar de ONG, resaltó que los números son preocupantes, ya que mayo marca el inicio de la temporada de seca en la Amazonía, cuando la devastación se intensifica en gran parte de la región.
Durante la pasada Cumbre del Clima, el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se comprometió a avanzar para conseguir eliminar la deforestación ilegal en Brasil para 2030.
No obstante, desde que el líder ultraderechista llegó al poder, el 1 de enero de 2019, la devastación de la selva amazónica ha sido una de las peores en la historia de Brasil y sus políticas medioambientales han sido duramente criticadas por organizaciones ecologistas.
El mandatario defiende la explotación de los recursos naturales de la Amazonía, incluso en reservas indígenas, y ha flexibilizado la fiscalización de actividades que atacan directamente al medioambiente, como la minería y el comercio de madera, en su mayoría practicado de forma ilegal en esa región.
Su Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, está siendo investigado por supuestamente favorecer el tráfico ilegal de madera al obstaculizar las tareas de fiscalización por parte de funcionarios públicos.
