La aeronave adquirida durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid, era utilizada por la Policía Estatal Preventiva para labores de seguridad, seguimiento, investigación y rescate de personas. El helicóptero pasó al inventario de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de la Fiscalía General del Estado, institución que lo llegó a emplear para el rescate de migrantes. Hoy está al servicio privado de Jaime Bonilla Valdez para trasladarse todos los días al Centro de Gobierno que abrió en la Zona Este de la ciudad, cuando cerró el ubicado en Zona Río. El trayecto le toma minutos, cuando usuarios deben pasar hasta hora y media en varios transportes públicos para llegar a sus destinos. Detrás de las instalaciones del estado, se habilitó un helipuerto en terracería para que el mandatario pueda descender de la unidad.
Por Alejandro Arturo Villa
Tijuana, 25 de mayo (Zeta).– Por orden del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez el Centro de Gobierno del Poder Ejecutivo del estado cambió de residencia. De estar a un costado del Palacio Municipal de Tijuana, en una céntrica y accesible área de la ciudad en Zona Río, se movió adonde se localiza el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), pese a la inconformidad de los trabajadores del Gobierno y los ciudadanos, por la distancia que tendrían que recorrer hasta la nueva ubicación, la falta de rutas de transporte público hacia ese punto y el tiempo que les tomaría llegar.
El trayecto desde Palacio Municipal al nuevo despacho del Gobernador en la ciudad, es de hora y media, con un costo total de traslado ida y vuelta en transporte público de 70 pesos por persona; además, no hay parada para que los taxis colectivos que bajan y suben pasajeros sobre la Carretera Libre Tijuana-Tecate puedan detenerse sin que implique un riesgo para los usuarios.
Sin embargo, quien encabeza a nivel estatal la austeridad republicana, tan pregonada por el Gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, es ajeno al tráfico, las horas de traslado y la falta de planeación vial, porque prácticamente desde 16 de marzo, llega y se va del nuevo Centro de Gobierno… en helicóptero.
Pero no es cualquier aeronave. Es la única de su tipo en el Gobierno de Baja California. El vehículo aéreo data de 2018, como parte del equipamiento de la extinta Policía Estatal Preventiva (PEP), utilizado para operaciones de rescate y vigilancia.
El helicóptero marca Bell, modelo 206B III, número de serie 4332, año de fabricación 1995 y matrícula XC-PEP, debió pasar a poder de la Fiscalía General del Estado cuando la PEP desapareció y se formó la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) para realizar patrullajes, rescates y operativos contra el narcomenudeo.
Pero no fue así. Al menos no en la práctica, pues quien lo utiliza diariamente como vehículo personal de traslado, es Bonilla, para llevarlo y recogerlo del nuevo Centro de Gobierno e incluso trasladarlo a eventos públicos como el que tuvo en la colonia Villa del Álamo, donde los ciudadanos denunciaron en redes la llegada del Ejecutivo estatal a bordo de la aeronave.
El helicóptero ahora trae engomados en los cuales se lee “Gobierno de Baja California” en lugar del que tenía de “Policía Estatal Preventiva” durante la gestión de Francisco Vega de Lamadrid, acompañado de la leyenda “Rescate”, ya que la unidad se adquirió para esa función, no como transporte privado.
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ZETA realizó una solicitud de información a la oficina de la gubernatura, para conocer la cantidad de veces que el Gobernador utilizó el helicóptero para trasladarse de un punto a otro. A la par, se pidió desglosar los puntos de partida y arribo desde que asumió al cargo, a finales de 2019, hasta el 1 de abril del año en curso.
La respuesta de la dependencia fue que, en ese lapso, el de Morena utilizó la aeronave para su transportación en 41 ocasiones. En cuanto a puntos de partida y horarios, la dependencia argumentó que esa información se encuentra reservada por cinco años, ya que pondría en peligro la seguridad e integridad del titular del Poder Ejecutivo del estado.
A raíz de la respuesta obtenida, ZETA asistió periódicamente al nuevo Centro de Gobierno, documentando por días la operación del Gobernador. Al menos la última semana, previo al cierre de esta edición -jueves 20 de mayo-, el Gobernador arribó a sus nuevas oficinas entre las 06:00 y 07:00 horas para retirarse después de las 14:00 horas.
En la aeronave sólo viajan cuatro personas: el Gobernador, su escolta, el piloto y el copiloto. El resto de sus escoltas, cinco más, suben a la camioneta Suburban color blanca en la que el mandatario suele transportarse vía terrestre.
De acuerdo a un comparativo realizado por este Semanario con datos de tres centros aeronáuticos de Baja California, el costo operativo del helicóptero se estima en más de 20 mil pesos. Simplemente la hora de vuelo cuesta en promedio 10 mil pesos, mientras que el sueldo de un piloto ronda los 50 mil mensuales, costo que absorbe el Gobierno del estado y paga con lo recaudado en impuestos.
El Bell modelo 206B III tuvo un costo al erario público de un millón 139 mil 226 dólares, de los cuales 890 mil eran del valor de la unidad y el resto por la capacitación del piloto, una inspección de vuelo, trámites de importación, entre otros conceptos administrativos.
Desde su llegada al estado (2018) bajo el mando de la PEP, la aeronave -impulsada por un motor Rolls Royce– efectuó 72 vuelos en Baja California: 14 traslados, 37 labores preventivas y dos de combate al narcotráfico, cuyos resultados fueron la localización de plantíos de droga.
En abril de 2019 tuvieron que suspender sus vuelos; la instrucción era que el Bell 206B III debía ser trasladado a Long Beach, California para un mantenimiento especial. El costo era de 100 mil dólares para las reparaciones correspondientes. La aeronave estuvo en tierra hasta octubre de 2020, cuando la GESI realizó un par de rescates de migrantes varados en La Rumorosa.
La compra del helicóptero, ahora taxi particular del Gobernador, fue necesaria a raíz del accidente aéreo ocurrido la tarde del 13 de marzo de 2017, en el cual perdieron la vida los policías estatales Noé Carrasco Cruz y Jorge Alberto Zavala Martínez, además de los rescatistas de Aguiluchos y Bravo 10, Carlos Munguía Medina y Roberto Caloca, luego que la unidad Hughes MD 530 enredara el rotor con un cable de alta tensión y se estrellara con el cerro El Centinela en Mexicali.
La Oficialía Mayor del Gobierno del estado informó que luego del percance y de cubrir los gastos funerarios e indemnizaciones, se inició con el trámite para cobrar el seguro del accidente, que resultó en ocho millones 733 mil 511 pesos, si bien es una cantidad importante, no alcanzaría para la totalidad del valor de una unidad como la que se pretendía adquirir, por lo que la diferencia se pagó con recursos propios.
El vehículo aéreo es el único con el que cuenta el Estado para operaciones de rescate, aunque se puede observar a la unidad con matrícula XC-PEP estacionada hasta por ocho horas en la parte trasera de la nueva sede del Poder Ejecutivo estatal, donde se habilitó una zona de terracería como helipuerto.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, es la única unidad con que se cuenta para emergencias, operativos y rescates.
Cuestionado sobre este tema, el Fiscal Central Hiram Sánchez Zamora, dijo desconocer la situación, costos de operación y disponibilidad del mismo vehículo aéreo.
Durante las visitas realizadas por ZETA se obtuvieron distintas declaraciones de ciudadanos que deben acudir a las nuevas oficinas de Jaime Bonilla para realizar algún trámite, también de comerciantes que trabajan afuera del recinto y de personal de Gobierno del estado que labora en esta dirección.
Los primeros comentaron sobre la travesía que implicaba viajar desde sus hogares hasta el Kilómetro 26 de la Carretera Libre Tijuana-Tecate, también sobre el costo del transporte y la falta infraestructura vial para los usuarios de transporte público.
“Me tardé una hora y media, aproximadamente. Antes me quedaba más cerca, un solo taxi me dejaba ahí y menos tiempo hacía uno. Vengo desde Playas, tomé dos taxis para venir hasta acá y de regreso será igual. La bajada está bien fea por aquí, ahí te bajan y ni banqueta hay, una persona mayor sí se cae por ahí al bajar”, evidenció quien dijo llamarse Emanuel Silva.
Los segundos corroboraron la frecuencia en que el Gobernador utiliza el helicóptero como servicio de transporte privado:
“Todos los días lo vemos llegar y luego irse. Ese helicóptero se la pasa aquí, son muy raros los días que no lo vemos, no nos damos cuenta todo el tiempo, pero generalmente sí. Se escucha la turbina, el motor, cómo se acerca”, comentó Laura Rodríguez, empleada de un puesto de comida a las afueras del nuevo Centro de Gobierno.
Y la última entrevistada demostró su molestia con el titular del Ejecutivo por cambiar de sede y ahora tener que atravesar toda la ciudad para llegar, mientras él utiliza el único helicóptero de rescate en todo BC:
“Me da mucho coraje, porque tengo mi tiempo trabajando, mi plaza y todo, entonces compré una casa lo más cerca del Centro de Gobierno, allá en Río, pero ahora hago mucho tiempo de traslado y me da coraje, porque él (Bonilla) viaja muy cómodo, sin trafico, arriba del helicóptero y con mis impuestos; siempre lo vemos cómo llega y se va”.
BONILLA INVESTIGARÍA LA COMPRA DEL HELICÓPTERO
Cuando apenas había sido nombrado Gobernador electo, durante una transmisión de Facebook registrada el 7 de octubre de 2019 a las afueras de las instalaciones de la Policía Federal, Jaime Bonilla Valdez declaró que la compra del helicóptero, que ahora usa como taxi privado, no fue legal y mucho menos una decisión inteligente de su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid.
En su mensaje, aseguró que plantearon ante el Ejecutivo federal la necesidad de adquirir un nuevo helicóptero para Baja California, toda vez que el recién adquirido se encontraba en reparación.
“Curiosamente, hoy nos avisan que esa nave que se compró se mandó a ‘rivorear’ completamente; no puedo entender que hayan comprado una nave que en seis meses hayan tenido que meterle millones de pesos para repararla. Es parte de lo que siempre he concebido como parte de la corrupción, y eso se tiene que terminar”, subrayaría.
Por su parte, el que sería el próximo oficial mayor del Gobierno del estado, Jesús Núñez Camacho, expuso que la compra del helicóptero sería revisada, al igual que otros temas de adquisiciones durante la gestión de Vega de Lamadrid.
Recalcó que no habría “cacería de brujas”, pero se revisará el cumplimiento de los lineamientos para las compras gubernamentales efectuadas por la administración estatal saliente, y en determinado caso, señalar las irregularidades.
