Quienes hemos transitado por la vida luchando en los tribunales por los derechos de nuestros clientes, conocemos la injusticia que representa una sentencia dictada por motivos políticos. Durante 31 años litigué en la Junta de Conciliación y Arbitraje en defensa de clientes obreros y empleados del comercio, y personalmente vi funcionar la dictadura de los jueces.

Esta dictadura la puedo definir como la decisión consciente de los tribunales de obrar por un compromiso político, adquirido con anterioridad, utilizando toda su fuerza institucional para imponerlo.

Hay una gran diferencia entre las sentencias corrompidas por intereses personales, en las que algún Juez se compromete con una de las partes, y las resoluciones dictadas por motivos políticos: en las primeras el perjudicado tiene la posibilidad de que un tribunal superior revoque la sentencia, mientras que en las otras todo el sistema judicial resolverá el caso en el mismo sentido, porque deben cumplir la consigna política sí o sí.

En el litigio laboral es muy frecuente chocar con esos muros institucionales, porque hay algunas inercias extralegales que los miembros de los tribunales conocen y aceptan desde el momento en que aceptan el puesto; ejemplos claros fueron las negativas sistemáticas a los registros de sindicatos independientes y sus cambios de mesa directiva, y la política salarial, que mantuvo en la miseria a millones de trabajadores.

Todos enfrentamos estas luchas, sabiendo que enfrentábamos a una dictadura política con el Gobernador del estado como juez supremo, o a nivel federal el Secretario del Trabajo; en estas situaciones, tarde o temprano uno acaba sentado frente a frente con el Gobernador, o algún empleado de alto nivel, para resolver el caso concreto al margen de la ley, negociando en completa desigualdad y desequilibrio.

Ya que todo litigio depende de una última resolución, final y definitiva, si los jueces de primera instancia y en materia de amparo están de acuerdo en los mismos criterios, por injustos que estos sean, desde el principio sabe uno que le será negada la justicia, y que la autoridad hará uso de los argumentos más absurdos para sostener su resolución.

Esta introducción sirve para comprender lo que está sucediendo actualmente con las resoluciones del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral correspondiente y de la Sala Superior en la materia, porque se advierten los criterios y las intenciones jurídicas de los tribunales y autoridades electorales, cuyo poder viene precisamente de la independencia del Poder Judicial del Ejecutivo, y de su lealtad y obediencia a quienes los nombraron para sus puestos: los gobernantes pasados del PRI y el PAN, y sus intereses económicos y corruptores.

Es evidente que el antiguo régimen no se va a dejar derrotar por una sola elección, aunque hayan sido apaleados por 35 millones de votos; tenían todo el poder, en todas las instituciones del Estado, y el nuevo Estado tendrá que recuperarlo poco a poco, institución por institución, dependencia por dependencia, y oficina por oficina.

Hoy la lucha es por las instituciones electorales, porque el antiguo régimen todavía tiene tomada la plaza y está dispuesto a luchar hasta el final para usar su poder.

El último caso que litigamos contra ellos fue el registro como candidata de María Eugenia Campos Galván a Gobernadora por Chihuahua, que aprobó la autoridad electoral estatal y ratificaron los tribunales estatales y la Sala Superior, pese a encontrarse vinculada a proceso por la recepción de dinero de la "nómina secreta" de César Duarte.

Los jueces no quisieron analizar lo que sucedería si ganara la imputada, pues tomaría posesión como Gobernadora, el 8 de septiembre, antes de que se presente la acusación formal en su contra, la audiencia de acusación es el 30 de ese mes, de tal suerte que coincidiría su papel de acusadora y acusada. Los jueces declararon absurdamente que, como es presunta inocente, no significa que haya conflicto de interés.

Es evidente que, si toma posesión el 8 de septiembre, inmediatamente se suspenderá el juicio penal en su contra y no podrá realizarse sino hasta dentro de seis años por aplicación del fuero constitucional, ¿y por qué esa absurda resolución? Porque Maru es la apuesta de la oligarquía chihuahuense para la gubernatura.

Así funciona la dictadura de los jueces, absolviendo a sus aliados delincuentes y condenando a los enemigos inocentes.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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