El plantón macedonistas en los accesos del INE remiten aquella estampa colorida y entusiasta de las marchas ciudadanas que ocurrían en los ya lejanos años ochenta cuando se celebraban procesos electorales con resultados que invariablemente no satisfacían a la oposición.

Y es que no había elección donde no se cuestionara con toda razón que las llamadas comisiones electorales que dependían de la Secretaría de Gobernación o de las secretarías de los gobiernos estatales, eran juez y parte en la organización y calificación de los procesos electorales.

Eso sucedía por la ausencia de órganos jurisdiccionales en materia electoral, lo que permitía que se cometieran todo tipo de fraudes y justamente, esas movilizaciones ciudadanas, lideradas principalmente por el PAN y la triada izquierdista PSUM-PMS-PRD, sentaron las bases para la reforma electoral de 1989 que daría pie a la creación del IFE y el TEPJF.

La construcción de estas instituciones del Estado mexicano distendió la tensión, y los conflictos poselectorales si bien continuaron fueron procesándose cada vez más por canales institucionales y esto habría de favorecer la alternancia en todos los niveles de competencia política hasta provocar la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República y la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión.

Es decir, aún con todas las trampas que pudieron haber ocurrido en los gobiernos priistas y panistas el sistema electoral garantizaba la alternancia política y, claro, también este proceso da cuenta de la renovación constante del entramado institucional.

Por ejemplo, con el concurso de todas las fuerzas políticas se fueron ampliando n las competencias administrativas del INE y de justicia al tribunal electoral.

Entonces, el calificativo de que el INE es el “último reducto del PRIAN” o peor, que es una “cueva de delincuentes” es excesivo, indigno de quienes lo pronuncian porque de tajo niega que estas instituciones son resultado de largas negociaciones y acuerdos entre las fracciones legislativas de todos los partidos para tener un árbitro independiente que organice elecciones y legitime a los ganadores.

Y, con esa legitimidad, dirimen las controversias político-administrativas, por lo que todo cuestionamiento a la institución no debe olvidar que sus decisiones colegiadas están sujetas a la ley, a lo que se legisle.

¿Qué podría haber intentos de que en las decisiones se filtren preferencias electorales de un Consejero? No me cabe la menor duda, algunos de los actuales consejeros electorales, tienen pasado militante y sorprendentemente, en la izquierda partidaria, pero el diseño del instituto está a prueba de que se quieran imponer estas u otras preferencias porque es un órgano colegiado, porque la toma de decisiones es pública, deliberativas y trasmitidas en tiempo real de manera que cualquier persona puede ser testigo desde la comodidad de su casa.

Nada que ver con aquella mentira dicha mil veces que quien toma las decisiones tiene por nombre Lorenzo Córdova o ¿cómo explicar la votación razonada y dividida que ocurrió la noche del pasado martes?

Entonces, la estrategia de corte leninista Morena que combina la lucha en las calles y en las instituciones del Estado rebasa el conflicto por la candidatura de Félix Salgado o Raúl Morón son por razones muy distintas a las que ocurrían en los años ochenta por la ampliación de los espacios de participación democrática.

Ahora desde la Presidencia de la República y su partido se fustiga al árbitro y ahí no puede ser otra razón que la conservación del poder.

Es la lógica de los partidos movimiento que hemos visto en las últimas décadas en varios países de América latina, es decir, que el “pueblo” organizado empuje, aunque arrase las instituciones y se generen vacíos que terminaran dando todo el poder al Ejecutivo y su partido.

Ha sucedido en Ecuador, Bolivia y también en Venezuela y Nicaragua, donde han resultado ejecutivos omnicomprensivos y, salvo Bolivia, su misma democracia ha devuelto al poder al partido de Evo Morales.

Por eso, esta estrategia anti-INE no se le puede ver únicamente como un problema administrativo o mediático, sino como uno eminentemente político, ya que a efectos prácticos detrás de esa lluvia de calificativos y amenazas está el descrédito del árbitro, la resta de su autoridad.

En el caso de Guerrero y Michoacán, entonces, se estaría jugando no el futuro de una candidatura sino el del árbitro, la llamada “cueva de delincuentes”, que tiene como corolario esa amenaza del Presidente López Obrador, cuando habla de que se está explorando remover a todo el Consejo General del INE, sin considerar que es una decisión que de ocurrir compete al Poder Legislativo.

Pero, mientras son peras o manzanas, la ley permite el derecho a recurrir los acuerdos del INE, llevarlos al tribunal electoral y las partes habrán de acatar lo que este resuelva. En caso de ratificar la sentencia del INE, no hay futuro la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo ha expresado equivocadamente, Félix Salgado porque las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables.

Y aquí puede haber de dos: Que el Tribunal Electoral indique que devuelva el registro de la candidatura de Morena al estado de Guerrero y la otra, que resuelva en contra de ese mismo candidato, indicándole a Morena que sustituya a Salgado Macedonio para participar en los comicios el próximo 6 de junio.

Es decir, la amenaza de Salgado Macedonio: “si no soy candidato al Gobierno de Guerrero no habría elecciones”, no tendría asidero legal. Salvo, claro, que Morena decida continuar con el litigio en las calles y busque de esa manera obstruir las elecciones en Guerrero que le afectaría siendo el partido con la mayor preferencia.

Sería violentar las decisiones de esos órganos constitucionales y se pondría al margen de la ley. Que viniendo desde el partido del Presidente sienta un precedente terrible en nuestra historia electoral. Esa que contra viento y marea se empezó a construir en los años ochenta cuando era inexistente la institucionalidad democrática para lo cual la diada IFE-INE ha sido fundamental para la convivencia en la diferencia de los mexicanos.

En definitiva, si esto ocurre en un espacio tan previsible como suele ser la política mexicana, sería una paradoja que raya en la ficción, que López Obrador siendo el presidente con la mayor legitimidad electoral, sea el que se cargue a la institución emblemática de la democracia mexicana.

¡Al tiempo!

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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