El escándalo que local y nacionalmente se ha generado a consecuencia de la confrontación jurídica y política entre el Gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado y la candidata a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, se ha convertido en un calvario para ambos personajes, el cual no solo ha generado incertidumbre social, sino también vulnerado la democracia, eje de todo proceso electoral.

Digo calvario porque los caminos que están transitando en lo que se refiere a contienda electoral, son muy semejantes –metafóricamente– al viacrucis de la Semana Santa: crucifixión, sepultura y resurrección. 

Justo el domingo 4 de abril en que terminó la Semana Santa arrancó la campaña electoral y registro de las ocho candidaturas de aspirantes a Gobernador (a) postuladas por diversas coaliciones y partidos, contienda que, para ellos, es punto medular de las elecciones del 6 de junio.

Según los porcentajes de diversas encuestas prioritarias, cuantitativamente (sumas y restas), los candidatos más competitivos de esa lista son Juan Carlos Loera de la Rosa, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena, PT y Nueva Alianza, y María Eugenia Campos Galván, candidata de la coalición PAN-PRD. Al resto los dan por sepultados.

Cualitativamente (características positivas o negativas de la forma de ser y actuar), ambos aspirantes a la gubernatura del estado, están inmersos en agudos conflictos. Loera en lo político y Maru en lo jurídico.

Loera de la Rosa enfrenta una significativa inconformidad de militantes de Morena, no por él, sino por la incorporación de candidatos a alcaldes y legisladores, originarios de partidos adversos, en especial del PAN y del PRI, que en nada le beneficia a Morena.

Maru Campus, al contrario, cuenta con el apoyo de la mayoría del panismo local y nacional, pero está confrontada con el Gobernador Javier Corral, quien la acusa de haber incurrido en delitos de cohecho (soborno y/o dádiva) de la “nomina secreta” durante su gestión como legisladora en el sexenio de César Duarte y peculado (malversación de fondos) al cierre de su administración municipal de Chihuahua capital, que presidía.

En lo que se refiere a la "nómina secreta", Maru pospuso durante varias semanas las audiencias de imputación del poder judicial, aduciendo que no había pruebas fidedignas de la Fiscalía, que era víctima de persecución política y violencia de género. 

Finalmente, en la última y prolongada audiencia efectuada dos días antes del inicio de los comicios de la gubernatura de hace una semana, fue vinculada a proceso judicial, pero no sujeta a prisión preventiva. Solo le impusieron tres medidas cautelares: no salir del país, por lo que le retiraron su pasaporte; aportar en garantía un depósito de 500 mil pesos y la última, que no se acerque ni relacione con los testigos que han aportado pruebas en su contra.

Ipso facto, Maru declaró a diestra y siniestra que la vinculación a juicio a que está sujeta, no le impide “votar y ser votada” ya que, conforme al principio de presunción de inocencia y la Fracción II del Art. 38 de la Constitución de la República Mexicana, se establece que: “Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden –entre otros casos— por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a partir de la emisión del auto de formal prisión”.

El Instituto Estatal Electoral, que entre paréntesis acaba de ser modificado, ni lerdo ni perezoso hizo eco de ese pronunciamiento y registró su candidatura, en violación flagrante a lo que establece el artículo 23 de la Constitución del Estado de Chihuahua, Fracción IV,  el cual les comparto: “ Se suspende el ejercicio del ciudadano chihuahuense (…) por estar procesado criminalmente desde EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO o declaración de haber lugar a formación de causa contra los individuos aforados hasta que se dicte sentencia absolutoria ejecutoriada o se extinga la condena”.

Puse en mayúscula los dos preceptos a los que está inmersa Maru Campos. El primero –auto de vinculación a proceso– ya está vigente; el segundo está por verse y depende del Tribunal Estatal Electoral. Un aforado es una persona que ejerce un cargo público o por su profesión goza del derecho en caso de ser imputado por un delito, de ser juzgado por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal.  

El IEE también hizo caso omiso de un requisito fundamental del Artículo 8 de nuestra constitución, el cual establece: “Son elegibles para los cargos de Gobernadora o Gobernador, diputadas o diputados e integrantes de ayuntamientos, las ciudadanas y ciudadanos que además de los requisitos establecidos en la Constitución Federal, la particular del Estado, así como en otras leyes aplicables”.

¿Cuál es el requisito referido?: “Presentar ante el Instituto Estatal Electoral, la declaración patrimonial, fiscal y de conflictos de intereses, así como escrito de protesta de no contar con antecedentes penales o policiacos en asuntos de materia familiar o de violencia política contra las mujeres en razón de género”.

¿Acató el IEE el conflicto de intereses? Por supuesto que no. O deliberadamente no lo tomaron en cuenta o ni siquiera saben que es un conflicto de intereses. Se los explico: “Un conflicto de interés es una situación en la que el juicio del individuo (interés primario) tiende a estar influido por un interés secundario, por lo general económico” (RAE), y agregaría yo, en este caso también por “su ambición de poder”, ya no solo económico ("nomina secreta") sino también político-electoral. (Ganar la candidatura antes de que el Tribunal del Poder Judicial emita sentencia de la vinculación del juicio).

Se les olvida que el 16 de abril la hoy candidata será sometida a otra audiencia de imputación por el delito de peculado, que esa sí puede descarriar su campaña electoral.

El viacrucis político y jurídico de Javier Corral es otro. Va seguir insistiendo en lo que queda de su mandato, en la crucifixión jurídica de Maru Campus, para escarbar lo más hondo posible la fosa de su muerte política y desde luego, evitar que resucite el 6 de junio, lo sustituya y escudriñe si su administración incurrió en peculado durante su sexenio.

Ni Corral ni Maru entienden que el “viacrucis electoral” de su confrontación política no les va a funcionar ni a uno ni a otro. Las cosas forzadas no valen la pena. Lo que fluye, fluye. Lo que falla, falla.

No todo es éxito. Ambos tienen que reconocer con madurez y valor sus fracasos y errores y decir a sus semejantes y así mismos: “Me equivoque”, “perdón”.  Eso es lo más decente para ellos, sus partidos y coaliciones.

Supongo que tanto Corral como Maru son devotos religiosos. Les recomiendo —con todo respeto– le hagan caso al Papa Francisco que en su homilía/sermón de la Semana Santa, dijo a los feligreses:

“Puedes tener defectos estar ansioso y vivir enojado a veces, pero no olvides que tu vida es la empresa más grande del mundo. Solo tú puedes evitar que se vaya cuesta abajo”. Le queda como anillo al dedo alGobernador Corral.

“Ser feliz no es solo disfrutar de la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es sólo sentirse feliz con los aplausos, sino ser feliz con el anonimato (Verbigracia: ocultamiento de la personalidad); ser feliz no es un destino del destino, sino un logro para quien logra viajar dentro de sí mismo”. Pareciera que se lo estaba advirtiendo a la candidata a Gobernadora, Maru Campos.

Francisco Javier Pizarro

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Periodista y columnista. Fue coordinador editorial, subdirector y director del Diario de Chihuahua de 1989 a 2003. Obtuvo el premio Nacional de periodismo 2001 a 2002. Director y conductor del programa Televisivo A Fondo (2003 a 2009), del programa radiofónico Segundo a Segundo (2010 a 2017) y actualmente de la pagina de Reflexiones en Voz Alta en Facebook.

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