La trama de una serie televisiva política acerca del ejercicio del poder en Dinamarca arranca a partir de un simple incidente: el Primer Ministro, que contaba con la mayoría del parlamento, tiene un conflicto con su esposa, habitual para muchos políticos, y su secretaria le aconseja que le regale un bolso, así que él le pide a ella que salga de compras y adquiera en su lugar una bolsa de buena calidad.

Ella, en una boutique, escoge un bolso de marca para la esposa, pero al dirigirse a pagarlo, advierte que no lleva su tarjeta de crédito así que le llama al funcionario, quien envía a un ayudante a pagar el bolso que sanará su relación, al menos por una noche. Sin embargo, al entregar la tarjeta de crédito al asistente para que haga el pago, el primer ministro le da por accidente la tarjeta de gastos oficial, cubierta por el Estado con recursos públicos.

La bolsa de 200 dólares cumple su función, el conflicto conyugal queda resuelto y el Primer Ministro sigue ocupado con tareas de Estado, pero su asistente descuida el comprobante de la compra, que cae en manos de un periodista quien decide investigar la compra; el reportaje resultante estremece al país y, ante tal vergüenza pública, el Primer Ministro renuncia a su puesto luego de una sentida disculpa a la ciudadanía: “he descuidado los recursos públicos que se me han encargado para su vigilancia y debida aplicación, no cabe explicación alguna y no me considero lo suficientemente confiable para seguir desempeñándome como primer ministro de Dinamarca”.

Lo anterior sirve como punto de referencia para contrastar la actitud personal de nuestros políticos mexicanos, que vienen de una tradición basada en la disposición libre de las arcas públicas, carente de supervisión y con un bajo nivel de rendición de cuentas, que les ha permitido disponer de los recursos del Estado como si fueran personales, en el mejor de los casos, o enriquecerse sin rubor alguno a través de sus propios negocios.

Llegaron las elecciones al estado de Chihuahua y se descubrieron casos que avergüenzan más a los chihuahuenses que a los implicados: conductas relacionadas con actos de auténtica corrupción del anterior Gobernador, ahora detenido en Estados Unidos en espera de su extradición a México, César Duarte Jáquez; además de investigaciones serias y bien armadas en contra de varios candidatos registrados para presidentes municipales, e incluso contra a la candidata a Gobernadora, María Eugenia Campos.

A la candidata a Gobernadora no sólo le han publicado artículos relacionándola con el reparto de la riqueza pública que robó César Duarte, sino que hasta existe en su contra un auto de vinculación a proceso bastante grave, que le imputa lo mismo: haber recibido dinero del fondo ilegal que constituyó el Gobernador con recursos públicos para hacer pagos mes con mes a un grupo enorme, de más de un centenar de individuos que ni trabajaban en el Gobierno o siquiera prestaban sus servicios.

Aunque cada uno de los señalados recibía una cantidad nada despreciable, en el caso de la candidata Campos, ella recibía, según la Fiscalía General del Estado, 250 mil pesos por mes, además de un oportuno pago de 20 mil pesos a su tarjeta de crédito. Hasta su hermano, utilizando informes obtenidos vía copy paste de trabajos hechos por una consultora española a un Gobierno provisional de aquel país, recibió más de un millón de pesos de Duarte.

Los términos que utilizó la Fiscalía del estado para solicitar la vinculación a proceso son tan concretos que causan vergüenza ajena; de igual manera, los fundamentos utilizados por el Juez para vincularla a proceso son tan sólidos que ni al ciudadano común le queda duda alguna de que esta candidata estuvo involucrada en hechos ilícitos. Y, aun así, sorprendentemente, cuando el Juez le preguntó si tenía algo qué manifestar al respecto, cuando todos los chihuahuenses esperábamos que se declarara inocente, ella simplemente, impactada por las acusaciones y la vergüenza que estaba pasando, se acogió a su derecho de guardar silencio y no dijo una sola palabra durante los más de ocho días que duró la audiencia de vinculación a proceso.

Hay otro candidato, en esta ocasión a presidente municipal de Ciudad Juárez, que también es señalado de recibir recursos de esa misma nómina secreta: Cruz Pérez Cuéllar.

Lo que apena a muchos chihuahuenses es que los políticos implicados carezcan del valor moral y ética política necesaria para enfrentar sus actos y asumir las responsabilidades de los mismos, porque simplemente salen a hacer campaña con la cara lavada como si jamás hubiesen tenido una mancha; todos se acogen al derecho de quien han cometido un delito, guardar silencio, y esperan que el tiempo pase hasta que el delito prescriba o que hayan obtenido fuero constitucional para evitar ser detenidos y procesados.

Aunque la ley permite a los acusados, en este tipo de procesos penales patrimoniales, aceptar su falta, regresar el dinero y pedir una disculpa pública para competir en las elecciones sin mayor problema, parecería que, en el caso de la candidata por el PAN y PRD, los dirigentes de sus partidos prefieren abrazarla diciendo “sí es corrupta, pero es nuestra corrupta”, que presionarle a reconocer sus errores, mientras que la Cámara de diputados del Congreso de la Unión no se decide a poner a disposición del Juez al candidato a la presidencia de Ciudad Juárez.

Realmente estamos muy lejos de Dinamarca, donde un Primer Ministro renuncia porque se usó la tarjeta de recursos públicos para comprar un bolso. Aunque pareciera que las leyes son similares, la ética política que se aplica es totalmente diferente.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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