Por: Justine Dupuy*

El inicio del siglo XXI ha sido marcado por la profusión de creación de leyes para garantizar el derecho de acceso a la información. Casi 90 por ciento de los países que cuentan con una Ley de acceso a la información a nivel mundial lo hicieron en los últimos 20 años.[1] Esta tendencia se replica en la región latinoamericana: no existían leyes para el derecho de acceso a la información al iniciar este siglo. Hoy en día, la mayoría de los países han aprobado un marco normativo en la materia, salvo algunas excepciones como Venezuela, Cuba y Bolivia.

Construir un marco normativo sólido ha sido parte importante de la agenda de las organizaciones de la sociedad civil estos últimos años. Prueba de ellos, las diversas iniciativas y herramientas que se han impulsado en la región. En México, en 2014, se logró una reforma a nivel constitucional en que permitió, entre otras cosas, dar autonomía constitucional al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Existen índices a nivel internacional y nacional que analizan la calidad de las leyes, como es el índice global de derecho a la información (RTI Rating). Y a nivel regional, se elaboró una ley modelo interamericana sobre acceso a la información pública desde 2010. Su versión 2.0 acaba de ser aprobada por la Asamblea general de la OEA en octubre del 2020.

Como lo subraya el informe “Acceso a la información en el siglo XXI; estado de situación y lecciones aprendidas de Latinoamérica” que presentará la Alianza Regional por la Libre Expresión este miércoles, se han construido marcos normativos sólidos en la región. Pero es urgente sacar lecciones aprendidas de los éxitos y fracasos de ayer, así como empezar a dibujar la agenda del mañana. ¿Cuáles son los retos del acceso a la información? ¿Dónde la sociedad civil debe poner sus esfuerzos? ¿Cuál es la agenda 2.0 del derecho de acceso a la información en la región? Sin buscar ser exhaustiva, podemos esbozar algunos ejes fundamentales de esta agenda:

-Defender y consolidar los avances normativos en materia de derecho de acceso a la información: en varios países de la región existe un contexto adverso a la rendición de cuentas que obliga la sociedad civil a construir una agenda de defensa del derecho de acceso a la información, como el caso de Brasil y México. Por ejemplo, en Brasil, el poder ejecutivo se aprovechó en 2020 de la pandemia para tratar de promulgar decretos que limitaban el derecho de acceso a la información que fueron frenados gracias a la movilización de las organizaciones. En México, el Presidente de la República ha desarrollado una narrativa muy crítica hacia los institutos de transparencia. A inicio de año, el Presidente López Obrador amenazó con desaparecerlos y transferir sus facultades a la Secretaría de la Función Pública.

-Impulsar y fortalecer la información activa: las nuevas tecnologías de la información hacen posible la existencia de un número importante de información disponible online. La pandemia de virus SARS-CoV-2 ha mostrado la importancia en momento de emergencia de poder contar con información confiable, oportuna y accesible. Sin hablar del reto que ha sido la contabilidad de los casos de contagios y de defunción, se ha subrayado y denunciado también en muchos países la ausencia o lentitud para contar con información sobre las contrataciones y el uso del dinero público para atender la crisis.[2] Las organizaciones de la sociedad civil deben impulsar la transparencia activa desde la formulación de las políticas públicas.

-Mejorar la calidad de la información pública: La baja calidad de la información pública es un problema importante en la región tanto en las respuestas a las solicitudes como con la transparencia activa, pero sigue siendo difícil de entender este reto en su globalidad ya que como lo indica el informe “entran en juego aspectos de percepción y satisfacción del o la solicitante.”

-Impulsar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas: Hay que seguir trabajando tanto en disminuir la cultura del secretismo de los mismos gobiernos como en desarrollar las habilidades y costumbres de la ciudadanía para pedir información. Parece que el uso del acceso a la información ha llegado desde hace varios años a un plafón que no logra superar en cuanto a su uso. En México como en la región, menos del 10 por ciento de la población ejerce este derecho. La transparencia activa y el uso cada vez más extendido de las nuevas tecnologías son oportunidades para pensar nuevas estrategias para la promoción del derecho de acceso a la información.

Este próximo miércoles a las 10am hora de México, organizaciones latinoamericanas expertas en transparencia acompañadas del nuevo relator especial por la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reflexionarán sobre estas cuestiones. Les invito a seguir la discusión aquí.

* Justine Dupuy es coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

[1] Cifra con base en la información del RTI Index disponible en https://www.rti-rating.org/

[2] Ver en México el trabajo de Transparencia Mexicana sobre el monitoreo de la transparencia de contratos y fondos en el marco de la pandemia #SusanaVigilancia https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/SusanaVigilancia.pdf

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