Sólo en el primer trimestre del año, al menos 13 mujeres han sido asesinadas en Quintana Roo, entidad turística donde seis de cada diez detenciones se han hecho con uso excesivo de la fuerza, revelan cifras oficiales. Esta tarde cientos se manifestaron en calles de la entidad contra la violencia de género y la represión policial, la cual de acuerdo con especialistas es un problema de corrupción y autoritarismo arraigado que no se detendrá sin una rendición de cuentas a los más altos niveles.
–Con información de Romina Gándara
Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).– Quintana Roo vuelve a ser señalado de feminicida, incluso a nivel internacional. Sólo en este fin de semana se dieron a conocer dos asesinatos de mujeres en Holbox y Tulum, y colectivas feministas registraron dos feminicidios más en el estado, por lo que esta tarde salieron a las calles para exigir justicia. En Tulum la víctima fue una migrante sometida hasta la muerte por un policía municipal. Apenas en noviembre, la policía municipal de Cancún fue señalada de represión policial por disparar durante una manifestación en el Palacio Municipal contra el feminicidio de Bianca Alexis, una joven de 20 años.
En lo que va del año, se han registrado al menos 13 asesinatos de mujeres en esta entidad con Alerta de Violencia de Género desde 2017, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De los ocho asesinatos de mujeres que reportan las cifras oficiales correspondientes a enero y febrero, sólo en dos casos son investigados como feminicidios y el resto como homicidios dolosos.
«Es lamentable lo que sigue ocurriendo en nuestro estado, incluso después de que se vivió esta experiencia tan terrible el 9 de noviembre en Cancún, donde se repelió la manifestación brutalmente a balazos. Ahora nos encontramos que una mujer salvadoreña migrante y madre de dos hijos ha sido asesinada por las fuerzas que se supone deberían cuidarnos», denunció Vanesa González-Rizzo Krasniansky, integrante de la Red de Feministas Quintanarroense previo a la marcha iniciada este lunes.
La migrante salvadoreña Victoria Esperanza es, además, la más reciente víctima de la tortura, brutalidad y abuso policial que persiste en México y de la que Quintana Roo ha mostrado algunos ejemplos. Al menos en el 57.9 por ciento de las detenciones realizadas en esta entidad durante el 2016 (última cifra disponible) se empleó la fuerza física para someter a la persona, afirma la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2016). Además, en el 46.1 por ciento de las retenciones los agentes le impidieron y obstaculizaron la respiración a las personas; y en el 47.6 por ciento, les vendaron los ojos o les cubrieron la cabeza.
La brutalidad policiaca y tortura son prácticas generalizadas en el país desde la década de 1990, a pesar de que las instancias jurídicas en México no lo han reconocido, ya que “ningún Juez ha juzgado un caso de tortura”, según expone el más reciente «Diagnóstico sobre tortura y malos tratos» de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“En el país existen condiciones institucionales y estructurales de larga raigambre histórica que han potencializado la tortura», refiere el documento donde se explica que a pesar de las reformas penales en México, “las fuerzas policiales y militares actúan con base en su propio marco paralegal”.
El diagnóstico resalta que los casos de tortura, malos tratos y abusos policiales aumentaron desde el sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), pero que siguen sin ser atendidos al no existir sanciones ejemplares para quienes cometen estos actos.
Ante la condena por la dispersión a balazos de una protesta feminista en Cancún hace tres meses, el Gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González informó que se iniciaría una capacitación integral a los cuerpos policiacos en materia de derechos humanos e igualdad de género, para «asegurarnos que esto no vuelva a pasar».
Pero especialistas en seguridad y derechos humanos explicaron en entrevista con SinEmbago que el asesinato de Victoria, aunque fue adjudicado al Mando Único estatal, forma parte de un fenómeno de abuso de autoridad sistémico y generalizado en el país porque, independientemente de la institución, los abusos se cometen en todas las fuerzas policiales del país porque se trata de un problema estructural.
Daniel Vázquez, doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Humberto Guerrero Rosales, coordinador de Derechos Humanos de la organización Fundar, consideraron que la brutalidad policiaca y el uso excesivo de la fuerza persisten en México por la arraigada corrupción, pero también por una decisión política de los más altos niveles en México de mantener a las policías en una “incapacidad crónica”, porque al sistema político le conviene mantener a los cuerpos policíacos bajo una lógica de corte “autoritario”.
“Tanto el sistema de seguridad como el de justicia son de los principales enclaves autoritarios que no han tenido una transición democrática, es decir, nuestros policías y fiscalías provienen del viejo régimen y eso es de lo que no hemos podido modificar desde que tuvimos una transición democrática” afirmó el catedrático de la UNAM.
Ningún sistema político del partido que sea, coincidió el investigador de Fundar, «tiene interés» en hacer una transformación profunda de sus cuerpos policiales ni del sistema de justicia, porque los cuerpos policiales y los sistemas de justicia de corte autoritario «son maleables y fácilmente utilizables con intereses políticos; hay que decirlo con esa crudeza”.
Vázquez Valencia añadió que otro factor es que las policías y las fiscalías están capturadas por redes de criminalidad y corrupción, «para mantener estas redes de macrocriminilidad y mantener en el centro a la clase política y a la clase empresarial de México”, dijo.
FIN DE SEMANA DE VIOLENCIA
La Red Feminista Quintanarroense manifestó su «rabia e indignación» por la escalada de violencia hacia las mujeres del estado. «Una vez más vivimos un fin de semana lleno de violencia contra las mujeres, donde han ocurrido cuatro muertes violentas», condenaron en un comunicado.
Apenas el 11 de marzo denunciaron que fue destruida la Antomonumenta, un símbolo de ausencia de Ley y de las víctimas de asesinato colocado para que no sean olvidadas y sus familias sean acompañadas.
En entrevista, Vanesa González-Rizzo Krasniansky de la Red de Feministas Quintanarroense lamentó que estos casos sólo se sepan porque alguien grabó un video o porque los medios lo reportan, pero no quedan del todo esclarecidos por no ser informados de manera oficial por las autoridades.
«Nos preguntamos cuántas mujeres más están siendo torturadas o violentadas sin que la sociedad lo sepa y sin que se pueda hacer justicia», dijo. «Que cuatro mujeres sean asesinadas en 24 horas de manera brutal muestra la incapacidad de las autoridades por brindar una vida libre de violencia a las mujeres en Quintana Roo. Vemos que no hay esa capacitación a cuerpos policiacos a la que se han comprometido».
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Karla, madre de 29 años, era una taxista originaria de Progreso, Yucatán. Este sábado turistas encontraron su cuerpo en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, por lo que es el primer feminicidio dado a conocer en esta isla turística. Las autoridades describieron el hecho como «extremo violento». El auto de golf que conducía fue hallado flotando en el mar hacia Punta Ciricote cerca de ella.
El presunto feminicida fue capturado el domingo, informó la Fiscalía estatal. Las primeras investigaciones, detalló la dependencia, establecen que entre la víctima y el agresor existía una relación afectiva y debido a una confrontación, el imputado le ocasionó la pérdida de la vida de manera violenta.
«Trabajamos para sancionar a los delincuentes y evitar la impunidad. La familia de la víctima contará con todo nuestro apoyo y se hará justicia», tuiteó el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.
Este mismo sábado, Victoria Esperanza, una migrante salvadoreña con visa humanitaria que trabajaba en área de limpieza de hoteles, murió luego de que un policía la sometió con la rodilla hasta matarla. Los peritos identificaron que su columna vertebral fue fracturada, lo que coincide con las maniobras de sometimiento que se le aplicaron a la víctima de 36 años durante el proceso de su detención.
Luego de ser separados del cargo, el Fiscal del Ministerio Público ejerció la acción penal en contra de los cuatro policías municipales –una mujer y tres hombres también presentes en el hecho– por su probable participación en el feminicidio de la madre soltera de dos adolescentes. Además, el director de la policía de Tulum, Nesguer Ignacio Vicencio Méndez, fue separado del cargo.
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En el marco de la indignación de la opinión pública por la publicación del video, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo reconoció que la técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado «se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida» y violó la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza.
«Junto con mi indignación, me queda claro que enfrentamos un reto estructural y de educación en el que aún hay mucho por hacer. Hemos fortalecido las instituciones, capacitado a las fuerzas policiales y concientizado a la ciudadanía sobre la urgencia de radicar la violencia en contra de las mujeres», dijo el Gobernador anoche durante un mensaje en video.
«Lo acontecido en las últimas horas nos confirma la necesidad de acelerar el paso para lograr una vida libre de violencia para todas las mujeres […] En Quintana Roo no se permiten abusos de la policía ni de ninguna otra autoridad», añadió.
Sin embargo, las autoridades estatales callaron frente a los otros dos feminicidios reportados por las colectivas y medios locales. El Colectivo Femenil Xtabay Quintana Roo condenó el feminicidio de una mujer cuyo cuerpo fue hallado la madrugada del domingo con un balazo en la cabeza en un camino de terracería del fraccionamiento Paseos Kusamil, en la Región 110 de Benito Juárez.
«Las investigaciones y protocolos de reparación integral a las víctimas no han sido dados a conocer con la celeridad que se necesita», dijo Vanesa, de la Red de Feministas Quintanarroense, quien detalló que se han retirado de las mesas de trabajo con el Gobierno estatal por la forma en que se estaba conduciendo.
BALAZOS AL AIRE EN CANCÚN
Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado tenía 20 años y era conocida como “Alexis” en redes sociales y por sus seres queridos. El 7 de noviembre del año pasado desapareció en el fraccionamiento Vista Real, en la Supermanzana 252 de Cancún, Quintana Roo, luego de salir para vender un vaporizador.
Al día siguiente, una hora después de que la Alerta Alba fue activada, su cuerpo fue localizado sin vida dentro de bolsas de plástico que fueron dejadas en un área verde ubicada en la calle Monte Pandera.
Apenas en diciembre de 2018 había escrito en redes sociales: “tengo miedo de salir de mi casa y no volver a ver a mi mamá”. El feminicidio provocó gran consternación, que se reflejó en diversas manifestaciones en la entidad, pero la realizada el 9 de noviembre en el Palacio Municipal de Cancún fue dispersada a balazos por parte de la policía municipal.
Al día siguiente, tras una ola de indignación ciudadana, el Gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González aceptó la renuncia del Secretario de Seguridad Pública estatal, Jesús Alberto Capella Ibarra. Sin embargo, Capella Ibarra recientemente declaró en entrevista televisiva que sólo «pidió licencia», por lo que no es claro si volverá al cargo.
Criticó que los policías estuvieran armados contrario a sus instrucciones y el protocolo. El mandatario local afirmó que el Mando Único sólo es de “coordinación” entre los municipios y estado, y destacó que el Secretario de Seguridad Pública municipal es nombrado por el cabildo de cada demarcación.
Por su parte, la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, separó de su cargo al Secretario Municipal de Seguridad Pública, Eduardo Santamaría.
No obstante, los especialistas en seguridad y derechos humanos consultados dijeron que las autoridades deben exigir una rendición de cuentas a más altos niveles y no sólo quedarse en la sanción de los policías.
«En México el padrón de impunidad es porque no se reconoce que estas violaciones son un problema estructural y siempre se trata de sancionar a los eslabones más débiles de cadena. Pero en la medida que no desmantelas la cadena de corrupción, los nuevos policías van a ver sometidos a las viejas prácticas porque ahí mantienes a los viejos jefes que son los que repiten estos patrones de violaciones a derechos humanos”, expresó Daniel Vázquez de la UNAM.
El analista de Fundar Humberto Guerrero puso sobre la mesa el cuestionarse sobre qué es lo que está pasando a nivel nacional cuando, por ejemplo, se privilegia el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.
