El martes pasado presentamos nuestro informe anual “Distorsión: el discurso contra la realidad”. En dicho informe damos cuenta de las persistencia de mecanismos autoritarios que en materia de libertad de expresión y derecho a la información son muchos y muy variados.

La violencia contra la prensa, opacidad, desinformación, precariedad, desigualdad en el acceso a la información, son algunas de los anclajes que están lejos de removerse en el actual Gobierno que llegó al poder con una narrativa de cambio. Eso es grave, condiciona la viabilidad democrática del país en tanto el derecho a la libertad de expresión es un habilitador de otros derechos.

Hoy me enfocaré en una de las dimensiones más preocupantes: la violencia contra la prensa. En las siguientes semanas mostraré otros ámbitos donde opera esta distorsión discursiva que pretende eludir la realidad de censura.

Tal vez, el Presidente no mande acallar periodistas de manera directa, pero los fustiga y estigmatiza, pasando por alto dos aspectos particulares: el ser un funcionario público sujeto a escrutinio y crítica públicos, naturalmente intensos por el cargo que ocupa, y la situación tan apremiante de violencia que padece la prensa. Es en este contexto donde los atentados contra los medios aumentaron un 13.63 por ciento respecto a 2019, arrojando un registro de 692 ataques en 2020. Una agresión contra la prensa cada 13 horas.

Este discurso oficial estigmatizante comenzó a gestarse en 2018, con la elección de López Obrador, y se consolidó durante 2019. En 2020, esta estrategia ya no es exclusiva del Presidente, sino que diversas personas servidoras públicas y particulares la usan ya como una herramienta para amenazar y silenciar las voces disidentes. Ello también se ha convertido en una manera de desviar la atención del mensaje crítico y centrar la discusión en la persona o medio que funge como mensajero.

El caso de Baja California ejemplifica el por qué la estigmatización oficial y campañas de desprestigio contra la prensa representan el 22.34 por ciento de las agresiones perpetradas por autoridades de todo el país. El titular del Ejecutivo federal y algunos gobernadores como Bonilla o Barbosa podrán decir en las “mañaneras” que los medios tienen el derecho a disentir y que en México se respeta la libertad de expresión. Sin embargo, en la realidad las autoridades de diversos niveles en el país representan 46.45 por ciento de intimidaciones y hostigamientos contra la prensa así como el 35.71 por ciento de las amenazas.

Esto se conecta con el hecho de que 49.5 por ciento de las agresiones contra periodistas de todo el país fueron perpetradas por autoridades de los distintos niveles de Gobierno. Es decir, un incremento de 29 por ciento en este tipo de ataques respecto a 2019. Una de las razones principales de este aumento es que el discurso estigmatizante del Presidente se configura en un “efecto cascada” derivado de un implícito “permiso para agredir”.

Las agresiones más comunes contra la prensa cometidas por autoridades públicas fueron el uso ilegítimo del poder público, con 28.72 por ciento (principalmente hostigamientos judiciales y estigmatizaciones contra la prensa; intimidaciones y hostigamientos), con 23.94 por ciento, y bloqueos o alteraciones de contenido, con 21.28 por ciento. Cabe destacar que el uso de mecanismos judiciales para censurar se triplicó el año pasado respecto a 2019, pasó de 11 a 30 casos de este tipo.

Otra cara de la violencia perpetrada por las autoridades son las agresiones que provienen específicamente de las fuerzas de seguridad civiles, que constituyen 144 de un total de 343 cometidas por autoridades (41.98 por ciento), lo cual confirma la naturaleza profundamente represiva de las policías en México. Esta situación se evidenció aún más con las reprobables agresiones cometidas el 7 de noviembre contra manifestantes y periodistas en Quintana Roo durante la protesta feminista #JusticiaparaAlexis, en la que los policías golpearon a cuatro periodistas e hirieron a tres más con armas de fuego. Pero ése no fue un hecho aislado. El 38.3 por ciento de las agresiones cometidas en Quintana Roo son responsabilidad directa de las fuerzas de seguridad, lo cual da cuenta de un ánimo represivo contra la prensa por parte de las fuerzas policiales en aquella entidad.

Por otro lado, en 2020 sólo fue posible identificar a integrantes o grupos del crimen organizado en el 5.64 por ciento del total de agresiones en el año. No obstante, dichas agresiones son de naturaleza más violenta, como los asesinatos donde es señalada su participación directa en 5 de los 6 que registramos. Es importante recalcar que sólo 39 agresiones fueron catalogadas como agresores directos, pero en al menos 62 casos (8.96 por ciento), periodistas reportaron tener miedo o sospecha de que grupos de crimen organizado fueran aliados o vinculados con sus agresores, sean estos particulares o funcionarios públicos.

También es importante recalcar que 191 de las 692 agresiones contra la prensa documentadas, es decir, 27.60 por ciento, son de carácter digital. Resaltan los seis ataques informáticos para inhabilitar las suscripciones a diversos medios, los cuales vieron sus sitios web desbordados por miles de peticiones de servicio (ataque DDOS) que limitaron el acceso a sus páginas. Ante este tipo de ataques digitales, las autoridades muestran total inoperancia e incapacidad para prevenirlos o, en su caso, identificar y sancionar a los responsables.

Por otro lado, por tipo de cobertura la violencia ejercida nos demuestra qué temas son los más riesgosos para la prensa. El 43.21 por ciento de los casos, agredieron a la prensa principalmente por su cobertura de corrupción y política. Del mismo modo, siguen en segundo lugar los ataques por coberturas sobre seguridad y justicia con un 18.93 por ciento. Es importante resaltar que las y los periodistas quienes cubren protestas y movimientos sociales reportaron agresiones en 116 ocasiones, casi el doble que en 2019. Por su parte 107 agresiones se perpetraron en el contexto de la cobertura de temas relacionados con derechos humanos.

En cuanto a la contingencia sanitaria que azotó al planeta hay dinámicas preocupantes. Con un total de 113 agresiones, el 16.33 por ciento de los ataques contra la prensa en 2020 fueron con motivo de la cobertura de la situación causada por la COVID-19. Éstos se concentraron, sobre todo, en los primeros meses de la pandemia, de marzo a junio, con 77.88 por ciento de tales agresiones durante ese lapso.

Desde una perspectiva geográfica tenemos que prácticamente la mitad de las agresiones (47 por ciento) contra la prensa se concentran en cinco entidades: Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca.

Por último la violencia más extrema, los asesinatos, cobraron seis vidas de periodistas en razón de su ejercicio periodístico: María Elena Ferral, Julio Valdivia, Pablo Morrugarrés, Jorge Armenta, Israel Vázquez y Jaime Daniel Castaño. En cuatro de esos caso hay antecedentes de amenazas. En tres contaban con protección federal o estatal de mecanismos especializados.

Con todo lo anterior observamos que la libertad de prensa está lejos de ser garantizada. Esta posibilidad se aleja más debido a la estigmatización y descalificación permanente contra la prensa desde el discurso oficial.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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