Algo estamos haciendo mal y, sospecho, que los resultados de las elecciones más “grandes” y costosas de la historia no van a resolver. No esta en su ADN, cuando domina la discordia y la polarización política. La falta de acuerdo en lo básico. Y ahí, estamos todos, con nuestras banderas irreductibles ante una realidad que no da su brazo a torcer y que necesita más que discursos volver a lo sustantivo de la política que es el diálogo, la negociación y el acuerdo.

Veamos, los estados de la federación, frecuentemente, tienen manejos diferentes en el manejo de sus problemas estructurales y esas diferencias, muchas veces abismales, son resultado de una variedad de condicionantes que no siempre son medibles aún cuando se drenen cuantiosos recursos públicos para tratar de establecer un piso común bajo una política de subsidiariedad nacional.

Simplemente, recordemos que sólo para elegir los 500 diputados federales, se invertirán más de 19 mil millones de pesos en la organización de la elección y las prerrogativas de ley de los partidos políticos. Y esto, como lo señalábamos en el artículo anterior, significa que cada uno de esos diputados costara a los contribuyentes aproximadamente dos millones de dólares, si, 40 millones de pesos. Entonces, si nos cuesta tanto elegir esta representación, deberíamos en cada elección y cada gobierno ir mejorando en nuestra democracia.

Pero, no, según los resultados que captura el Índice de Desarrollo Democrático https://idd-mex.org/ los niveles más bajos de calificación tienden afirmarse a lo largo y ancho del país, independientemente del partido que gobierne, y del estado de que se trate, por eso, en esta segunda parte, nos proponemos analizar este comportamiento y seguramente, usted lector, al final se sorprenderá de ver que esa democracia que nos hemos esforzado en construir invirtiendo cuantiosas fortunas públicas, obligaría a políticas responsables, para revertir la desolación que se nos presenta unas veces como falta de democracia interna en los partidos otras como corrupción, impunidad, incremento de la pobreza y espiral de violencia criminal.

No menos importante son las instituciones públicas grandes consumidoras de dinero público y con un bajo rendimiento, además, gobiernos de baja calidad con una escasa rendición de cuentas y cumplimiento del Estado de Derecho.

Y así ¿qué explica, por ejemplo, la existencia de estados que se ubican frecuentemente en la escala del índice https://idd-mex.org/ en “medio desarrollo democrático” o “alto desarrollo democrático” (ADD) y otros, como veremos, se encuentren de “bajo desarrollo democrático” o “mínimo desarrollo democrático”? Una explicación fácil, o facilona, sería ese cajón de sastre que se ha convertido el indicador de pobreza y el clientelismo político construido sobre sus cimientos. Que existe, sin duda, pero no sirve para explicar todo.

Recordemos que el índice que fue elaborado por prestigiadas instituciones académicas y de investigación, no sólo se refiere a los procesos de captura de este voto, sino a las políticas institucionales que la representación votada pone en marcha desde que asume la conducción del Gobierno, sea producto de un programa bien pensado o una ocurrencia como las que luego suelen suceder en la política mexicana.

Por eso, como veremos, existen las grandes diferencias en sus dimensiones más generales como son la construcción de ciudadanía o el grado de democracia institucional, y de estas, a la democracia social y económica.

Entonces, el índice de desarrollo democrático puesto en marcha en 2010. nos arroja información relevante sobre lo ocurrido en los tres últimos años del Gobierno panista de Felipe Calderón, todo el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto y los dos años completos del morenista Andrés Manuel López Obrador.

Es decir, los gobiernos presidenciales de las tres principales fuerzas políticas tienen saldo negativo globalmente con énfasis en los niveles de mayor deterioro de nuestra democracia en base a la información que arroja el indicador agregado de medición de bajo y mínimo desarrollo democrático.

Leamos despacio. En 2010, había cuatro estados con un nivel bajo (Michoacán, Veracruz, Chihuahua y Puebla) y tres con la peor valoración (Oaxaca, Guerrero y Chiapas); en 2015, ya había seis estados en el primer nivel (Morelos, Q Roo, Veracruz, Michoacán, Querétaro y Oaxaca); mientras dos en el segundo nivel (Puebla y Guerrero); para 2020, la tendencia se había invertido cuando sólo cuatro estados estaban en el primer nivel (BC, Chihuahua, Puebla y Edo. De México); mientras en el segundo ya había seis en el peor lugar (Chiapas, Oaxaca; Michoacán, Veracruz, Morelos y Guerrero).

Pero, desglosando la información, por dimensión, tenemos que en construcción de ciudadanía o democracia ciudadana, en 2010 once estados están en el nivel de “bajo desarrollo democrático”  y sólo uno, en el de “mínimo desarrollo democrático” que fue el estado de Chihuahua; en 2015 29 estados se ubican en el nivel de “alto y medio desarrollo democrático” y sólo tres, en el de “mínimo de desarrollo democrático” (Oaxaca, Querétaro y Guerrero); en 2020, la situación había empeorado en varios estados, nueve estados se ubican en el nivel de “bajo desarrollo democrático” y cuatro de “mínimo desarrollo democrático” (Chihuahua, Michoacán, Veracruz y Morelos).

En la dimensión de democracia institucional los resultados son de un constante deterioro –aún con la existencia de órganos ciudadanos autónomos- y, es que, en 2010, había cuatro estados con “bajo desarrollo democrático” y dos con “mínimo desarrollo democrático”; y para 2015 habían empeorado en ese orden pues teníamos catorce y diez, respectivamente; en tanto para el 2020, las cosas siguen de mal en peor, catorce y doce, respectivamente. Sólo seis estados sobreviven bajo la categoría de “medio desarrollo democrático”. Ningún estado tuvo el máximo reconocimiento, como de “alto desarrollo democrático”.

En 2010 la dimensión de democracia social tiene a doce estados en “bajo desarrollo democrático” y tres en el de mínimo desarrollo democrático; en 2015 17 y 2, respectivamente, y en 2020 14 y 3. En suma, más del 50 por ciento de los estados no pasan a la medianía en este indicador.

Finalmente, en democracia económica, asociado con el bienestar en 2010 tenemos seis y nueve; en 2015 mejoraron ligeramente con nueve y cinco estados; y en 2020, se mantuvieron con seis y ocho estados, respectivamente.  O sea, seguimos en las mismas independientemente de quien gobierne, con lo cual se caen mitos, los grandes partidos tienen una deuda de calidad de Gobierno.

En definitiva, volveremos a gastar una nueva fortuna en materia electoral, y la expectativa es que la polarización existente más las capacidades e incapacidades de los cargos electos estarán mediados por lo existente, la polarización y, por ende, la contumaz falta de acuerdo político.

O, quizá me equivoque, y aquello suceda y se abran las avenidas de la concordia en la diferencia, por el bien del país.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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