El proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone declarar la constitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social aprobada con Peña Nieto, la cual pone en riesgo la libertad de expresión al otorgar a la Secretaría de Gobernación un poder discrecionalidad para designar la publicidad oficial, alertaron organizaciones de la sociedad civil.
–Con información de Guadalupe Fuentes
Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila discutir el próximo miércoles 3 de marzo un proyecto que validará la constitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social, aprobada durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual permite a la Secretaría de Gobernación (Segob) entregar publicidad oficial de manera discrecional, alertaron este viernes organizaciones encabezadas por Artículo 19.
El documento, elaborado por el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, contraviene una resolución que emitió la misma Primera Sala del máximo tribunal de justicia del país en 2017, mediante un amparo promovido por Artículo 19. En ese entonces se determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa por no regir la materia de la publicidad oficial, que dio pauta a la Ley de Comunicación y su eventual aprobación en 2018, la cual no contó con un diálogo ni una apertura en su discusión.
El mandato original de la Corte ordenaba regular el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, mismo que establece que la comunicación social debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Por el contrario, se dotó a la Segob de criterios de asignación de la publicidad oficial que tiene implicaciones de control político, denunciaron las organizaciones.
Ahora, esa Ley, que considera un uso discrecional en la asignación de recursos públicos a los medios de comunicación, busca ser validada.
“El Ministro Alcántara Carrancá propone a la Primera Sala ir en contra de su fallo diciendo que no importa que la propia Ley, mal hecha, a espaldas de la sociedad, sin un diálogo ni una apertura, discutida y aprobada en 2018, que no importa que faculte a la Segob a establecer en sus lineamientos los criterios de asignación de la publicidad oficial. Ese es el centro del asunto”, comentó en entrevista con SinEmbargo Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 México.
Maldonado manifestó que es preocupante que se trate de validar una Ley General de Comunicación Social que “a todas luces va en sentido contrario de la propia resolución que emitió la misma Primera Sala en 2017”.
“Este proyecto contradice la Constitución, los estándares de libertad de expresión internacionales y la propia sentencia de la Corte de 2017. Solicitamos que ese proyecto sea retirado y revisado con base en los parámetros que la propia SCJN estableció en publicidad oficial. Es alarmante que la SCJN se contradiga en una materia que es vital para la libertad de expresión”, solicitó.
Artículo 19 junto a otras organizaciones como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, han advertido que de aprobarse este proyecto se desecharía la posibilidad de conformar un ente regulador de la publicidad oficial, como proponen, que cuente con la debida independencia, autonomía e imparcialidad en la designación de recursos.
Además advierten que persistirían las violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información porque no habría condiciones óptimas para un correcto y debido ejercicio periodístico de los distintos medios de comunicación y periodistas que fomente la pluralidad informativa.
🚨 Se avalaría la arbitrariedad y la opacidad en la asignación y el ejercicio de la #PublicidadOficial, la censura sutil, y perpetuando violaciones y retrocesos a una serie de derechos, incluyendo a la libertad de expresión, y principios contenidos en la ley vigente.
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) February 26, 2021
El proyecto del Ministro Carrancá señala, por ejemplo, que las “Campañas de comunicación social (son) aquéllas que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de Gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público”, con lo cual se abre la puerta a la promoción partidista o personalizada, denunciaron.
El documento considera además que la propia Ley de Comunicación Social ya cuenta con los lineamientos correspondientes para otorgar la asignación de la publicidad oficial, pese a que en los hechos no haya mecanismos que eviten la concentración ni el uso discrecional de estos recursos.
Una muestra de ello es que el 54 por ciento del total de publicidad oficial ejercido se repartió entre 10 medios de comunicación, mientras que el 46 por ciento se repartió entre los restantes 387 medios, advirtieron las organizaciones. Este criterio ha persistido aún pese a que se ha reducido el gasto en materia de publicidad oficial en la presente administración, el cual pasó de 14 mil millones en los dos primeros años del Gobierno de Peña Nieto, a alrededor de 2.7 mil millones en los dos primeros años de Andrés Manuel López Obrador.
Los mismos datos, aportados por las organizaciones, dan cuenta de que tan sólo 10 instituciones ejercieron el 89 por ciento del total del gasto de publicidad oficial, encabezadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Pronósticos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la propia Secretaría de Gobernación, así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).
