Por: Claudia de Anda*

El próximo 8 de marzo se cumplirá un año de la marcha encabezada por madres de víctimas en la que decenas de miles de mujeres nos manifestamos en las calles en contra de la violencia machista, feminicida y de género. En ese recorrido, del Monumento a la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad de México, se lanzaban consignas para alzar la voz por las mujeres que ya no están con nosotras, “por nuestras hijas, ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, o para refrendar en el espacio público nuestras demandas para vivir una vida libre de violencia pues “nos queremos vivas, libres y sin miedo. Ni una menos”. Después de ese histórico recorrido, ¿dónde estamos ahora; qué ha pasado desde entonces?

De acuerdo con el Observatorio Género y Covid-19 en México, durante el mes de abril de 2020 se alcanzó la cifra más alta de feminicidios en el país al ascender a 11.2 asesinatos de mujeres al día y se incrementó hasta un 80 por ciento las solicitudes de mujeres para ingresar a refugios integrantes de la Red Nacional de Refugios (RNR), conforme transcurrieron los meses del confinamiento[1]. Y a poco menos de un año del 8M-2020, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (CDD) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) nos recuerdan que la situación de violencia y discriminación continúa latente y alarmante para las mujeres en México, así lo presentaron en su informe, el pasado 16 de febrero ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) de la ONU, “las acciones por parte del Gobierno Mexicano siguen siendo insuficientes para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres”[2], y para muestra un botón.

El informe, elaborado en el marco de la evaluación intermedia al Estado mexicano sobre la situación de las mujeres en el país con datos de fuentes oficiales como los generados a través de solicitudes de información y por el acompañamiento que las propias organizaciones hacen, señala que de enero a diciembre de 2020 se denunciaron un total de 54 mil 342 delitos sexuales y fueron asesinadas 3 mil 752 mujeres y niñas: 10.2 mujeres al día[3], cifras que se vuelven aún más dolorosas y difíciles de dimensionar si nombramos las 5 mil 223 mujeres y niñas desaparecidas de enero a agosto de 2020 tan sólo en 12 estados del país[4], sin contar las otras expresiones de violencia (emocional, económica, física y sexual) que vivimos en nuestro país las mujeres, niñas y adolescentes a lo largo de nuestra vida en cualquier ámbito, como lo demuestran y reconocen los trabajos generados por las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas, las Encuestas Nacionales, como el propio Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2020-2024), presentado públicamente dos días después, el 18 de febrero, por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

El Proigualdad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de diciembre de 2020, advierte que la violencia de género contra las mujeres y niñas no sólo persiste en México con efectos profundos en lo individual y colectivo a pesar del andamiaje y las estrategias institucionales impulsadas desde hace más de 10 años, sino que ha alcanzado magnitudes alarmantes y “perdura en nuestro país al ser legitimada por la cultura machista y misógina en un contexto patriarcal”[5]. Para erradicar este problema social, estructural, multicausal y multidimensional, estableció como objetivo prioritario 4, combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando su dignidad e integridad.

Si bien para la elaboración del Proigualdad (2020-2024) se escucharon diversas voces de mujeres del todo territorio mexicano y es el primero que incluye problemáticas que se encuentran en la raíz estructural de las desigualadas, la discriminación y violencia contra las mujeres como el tema de cuidados, la posesión de las mujeres a la vivienda, la crisis climática y proyectos extractivos, lo cierto es que se cuenta con cuatro año para su cumplimiento a cabalidad, por lo que se vuelve indispensable hacer eco del llamado que éste hace de manifiesto para la coordinación de diversas entidades y dependencias de Gobierno, así como con los tres órdenes de gobierno y poderes del Estado para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia de género contra las mujeres y las niñas (VCMNA) desde la raíz.

* Claudia de Anda es coordinadora de Gestión Institucional y del Conocimiento en @FundarMexico

[1] https://genero-covid19.gire.org.mx

[2] El informe, junto con las recomendaciones se puede revisar en: https://92eab0f5-8dd4-485d-a54f-b06fa499694d.filesusr.com/ugd/ba8440_776d8e67f16c412388154a3facdfe853.pdf

[3] Cifras reportadas en el informe a partir de las publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): https://drive.google.com/file/d/1RHUjF-foAgeft_iaAGgXIiPvvgRfPT9b/view

[4] Cifras reportadas en el informe con datos proporcionados por Fiscalías y Procuradurías de justicia estatales al OCNF a través de solicitudes de información.

[5] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608467&fecha=22/12/2020

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