La petición de Rosario Robles habría sido formalizada desde la tarde del miércoles.
Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).– Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), formalizó ante la FGR su petición de alcanzar un acuerdo para terminar de manera anticipada el proceso penal en su contra por el caso de la Estafa Maestra, informó esta madrugada Milenio.
De acuerdo con el diario, la defensa legal de la exfuncionaria formalizó su petición desde el miércoles al terminar la audiencia intermedia en el caso que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene por ejercicio indebido del servicio público.
Al recibir la petición, autoridades de la FGR tendrán que visitar el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, para entrevistarse con Robles Berlanga.
El miércoles, la FGR aceptó negociar con Rosario Robles para no acusarla formalmente, ya sea por un criterio de oportunidad o por la figura de procedimiento abreviado.
Ese día, el Juez Ganther Alejandro Villar Ceballos solicitó a la FGR que estableciera un acercamiento directamente entre Rosario Robles y los fiscales sin la intervención de terceras personas.
Dentro de cinco días los fiscales deben informar al Juez cuándo acudirán a ver a la exfuncionaria al Centro Femenil de Reinserción Social en donde se encuentra privada de la libertad para iniciar con dichas negociaciones.
La nueva fecha de audiencia fijada por el juzgador es el 26 de febrero a las 10:00 horas.
Si la FGR acepta continuar con el proceso contra Rosario Robles a través de la figura de procedimiento abreviado, la exfuncionaria tendría que admitir su responsabilidad en los delitos imputados para que la FGR solicite a un juez reducir la sentencia.
El 13 de agosto de 2019, Robles fue puesta en prisión preventiva por ejercicio indebido de la función pública cuando fue Secretaria de Desarrollo Social. El 18 de septiembre de 2019, la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial.
