Es ya un tópico, pero no por ello es menos cierto, que en la política mexicana de hoy solo hay algo peor que el actual Gobierno: la oposición. No deja de sorprenderme que frente a la estulticia y la tozudez presidenciales, a la impericia del liderazgo y la ineptitud de la gestión, que presentan oportunidades ingentes para el contraste de propuestas y para el surgimiento de liderazgos renovados en los partidos ajenos a la coalición gubernamental, solo veamos a políticos de deshecho repitiendo fórmulas gastadas y pataleando de dientes para afuera, mientras en el Congreso ni siquiera son capaces de frenar las andanadas presidenciales para echar abajo los avances en la construcción de una democracia constitucional, aun cuando podrían tener poder de veto en las reformas que requieren mayoría calificada de dos tercios de la legislatura.

La oposición que tanto denuesta a López Obrador ha sido cómplice de buena parte de sus despropósitos de reforma constitucional. Los partidos que hoy aparecen aliados en torno al clamor por evitar que Morena repita la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en la próxima legislatura han, en los hechos, colaborado con el Presidente en temas cruciales, como la creación de la Guardia Nacional, la militarización, la marcha atrás en el sistema penal, la contrarreforma educativa o en la elevación a rango constitucional de sus programas clientelistas. Quienes ahora en campaña se presentan aliados rumbo a las elecciones no fueron capaces a lo largo de la legislatura de construir un discurso opositor coherente.

El frente opositor en ciernes carece de sustancia. No une a los partidos que ahora se presentan como adalides de la democracia un proyecto compartido; solo pretenden evitar una nueva mayoría de Morena y contener su propia debacle, que los dejaría sin las jugosas posiciones de poder locales con las que ahora cuentan. Cuando anunciaron su intención de marchar de consuno en el proceso electoral de este año, dijeron que se abrirían a la sociedad civil y postularían candidaturas novedosas, sin embargo, solo hemos visto el reciclado de caras harto conocidas, representantes de todo aquello contra lo que votaron los electores en 2018, lo que le dio el triunfo arrollador a López Obrador y su coalición.

A la hora definir las candidaturas con posibilidades ciertas de llegar a la Cámara, las oligarquías partidistas han actuado sin otro objetivo que mantener sus posiciones personales, incluso a costa de cuadros partidistas con capacidad polémica y legislativa pero ajenos a las camarillas que controlan las decisiones. No hemos visto ningún proceso de selección de candidatura abierto o innovador, solo decisiones cupulares miopes y torpes. En el PRD, por ejemplo, el grupo que se ha apropiado de los despojos del partido le cerró el paso a Fernando Belaunzarán, exdiputado con ideas y con capacidad deliberativa, no ya para un lugar en las listas de representación proporcional, sino incluso para una candidatura en un distrito competitivo.

En el PAN la noticia ha sido el regreso por sus fueros del grupo de Felipe Calderón, fracasado en su intento por crear un nuevo partido. Las candidaturas novedosas del partido de la derecha católica son Margarita Zavala y Roberto Gil. Mientras que el dirigente del PRI repartió arbitrariamente los lugares relevantes de sus listas.

El batacazo electoral del 2018 no provocó la autocrítica ni la renovación de los partidos derrotados. Los mismos liderazgos gastados y las mismas prácticas acedas presagian un nuevo fracaso. Es cierto que mucho de lo que está en juego en esta elección se definirá en canchas locales y que las elecciones de Gobernador tendrán un efecto sobre la elección federal, pero la mezcolanza de siglas desgastadas no parece auspiciosa, ni siquiera frente a Morena, amasijo informe inmerso en disputas por el reparto de posiciones, sin otra cohesión que su identificación con el gran líder.

Por su parte, fuera del frente anti López Orador, Movimiento Ciudadano pretende atraer al voto del desencanto y generar un polo socialdemócrata, una identidad propia con la cual contender, pero también ahí las inercias internas obstaculizan la irrupción de nueva personalidades políticas. Su dependencia de la fuerza de Enrique Alfaro en Jalisco y los pactos previos que han llevado a que apoyen la candidatura del inefable Samuel García en Nuevo León reducen sustancialmente su capacidad de convertirse en una fuerza innovadora, capaz de atraer al electorado crítico del Gobierno pero que no puede comulgar con la rueda de molino del frente formado por el cascajo de los partidos periclitados. Es cierto que en Ciudad de México se han abierto a rostros nuevos y van construyendo un discurso fresco, pero sus posibilidades son estrechas en un territorio controlado por las clientelas morenistas.

Lo lamentable es que no faltan candidaturas novedosas, con posibilidades de ventilar la hedionda política nacional. Proyectos como el de Aúna, que ha hecho un notable proceso de búsqueda de candidaturas de mujeres con una agenda básica compartida para proponerlas a los partidos, muestra que existen personas con ganas de hacer una política diferente, pero se enfrentan a un sistema de partidos cerrado. La legislación electoral, con el absurdo sistema de registro que abre paso a grupos clientelistas, pero se lo cierra a organizaciones ciudadanas agrupadas en torno a un programa y unas candidaturas, ha impedido la renovación de la política y contribuye al deterioro democrático. Baste ver la lúgubre caterva de nuevos partidos, que no representan otra cosa que las ambiciones de sus líderes.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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