Por Sarahí Salvatierra*

Desde el pasado 7 de enero, que el presidente Andrés Manuel señaló la posibilidad de desaparecer algunos órganos garantes, como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI), se han generado diversas opiniones sobre la necesidad de mantener este organismo autónomo para proteger el derecho a la información. Pero ¿por qué preocupa tanto que se planteé que se desaparezca?, ¿cuál es su rol en este derecho y por qué debería importarnos una posible disminución en el estándar de la garantía de este derecho a la información?

Primero, es necesario recordar qué implica el derecho a la información y cuál es el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana. Se trata de un derecho humano reconocido y protegido tanto en nuestra Constitución Política como internacionalmente, a través del cual cualquier persona pueda buscar y recibir información pública que le permita conocer de manera detallada la razonabilidad detrás de la toma de decisiones públicas, el rumbo de las políticas públicas y a quiénes van dirigidas –aunque en principio los gobiernos tienen la obligación de transparentar todo lo que derive de sus funciones públicas–, el derecho a la información permite conocer de manera más amplia aquellos datos de interés que no son publicados.

Esta información nos permite exigir rendición de cuentas de las actividades gubernamentales, es decir, que la ciudadanía pueda conocer y valorar la gestión pública, pueda cuestionar, indagar y valorar si sus representantes están llevando a cabo un adecuado cumplimiento de sus funciones; lo que nos involucra en el control de la toma de decisiones públicas. Por ejemplo, ha tenido un rol relevante para que conozcamos sobre actos de corrupción, pues el ejercicio de acceso a la información ha permitido a periodistas hacer un escrutinio más profundo de la actividad pública y evidenciar escándalos de corrupción como el caso Odebrecht, la Casa Blanca o la Estafa Maestra. La difusión de estos actos permite el debate público y promueve acciones ciudadanas que denuncien irregularidades o abusos de las y los funcionarios públicos.

Pero más importante, el derecho permite que la información sea concebida como una herramienta que maximiza el ejercicio de otros derechos, desde que la sociedad conozca cuáles son y qué mecanismos existen para protegerlos, hasta habilitarlos para tomar un rol activo para intervenir en la mejora de sus derechos. Por ejemplo, a través del acceso a la información, comunidades pueden conocer qué servicios reciben y cómo se gestionan, e intervenir para redirigir el rumbo de las agendas políticas a temas que son parte de sus necesidades, como el acceso a la salud, el acceso a la educación, acceso al agua, entre otras. Cuando a la sociedad, a una comunidad o un grupo en situación de vulnerabilidad se les niega información, se les impide formar parte del espacio público y se incrementa la vulnerabilidad.

Sin embargo, no basta con que sólo se reconozca el derecho en el marco normativo. Si bien, es obligación de las entidades públicas garantizarlos, es necesario que existan mecanismos que vigilen su aplicación. Además, la protección y defensa de los derechos humanos requiere de la independencia y de la autonomía del gobierno. Por ello, para evitar el ejercicio discrecional del poder en la garantía de un derecho y profundizar la dinámica de pesos y contrapesos, es necesaria la existencia de organismos garantes y especializados, que verifiquen su aplicación conforme a la ley y los estándares que lo complementan. En este caso, el INAI representa ese mecanismo a través del cual se busca asegurar la accesibilidad del derecho a la información y promover su implementación –así como lo relacionado con la protección de datos personales– y que se cumpla con imparcialidad.

El reconocimiento del derecho a la información –con los estándares establecidos en la Ley General de Transparencia– la adopción de herramientas que permitan mayor accesibilidad a la ciudadanía y la implementación de instituciones especializadas y autónomas que se encarguen de resguardarlo, promover su eficiencia, asegurar su cumplimiento y protegerlo, ha sido producto de un largo proceso de construcción, impulsada por la ciudadanía y la sociedad civil, que ha llevado más de 20 años.

Ahora que ha iniciado el periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo, resulta preocupante la latente posibilidad de que se modifique el andamiaje jurídico para desaparecer el INAI, ya que implicaría limitar los mecanismos que se han construido para garantizar el derecho a la información y reducir el estándar de aplicación que se logró con la reforma constitucional de transparencia de 2015. Cualquier cambio que se realice tendría que ser a favor de mejorar el derecho y sus mecanismos de protección, que, en consecuencia, mejoraría la garantía de otros derechos.

* Sarahí Salvatierra es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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