El autor de la siguiente crónica, periodista poblano, estuvo presente en las horas que la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero dice que no existieron. Recuerda a detalle la llegada de Lydia Cacho a una prisión, las amenazas, todo. La periodista iba a ser violada por orden “de arriba”; la movilización de muchos en esos días lo impidió y una lucha de casi 15 años ha permitido que uno de los culpables, Mario Marín, esté detenido.
Puebla, 6 de febrero (Periódico Central/SinEmbargo).– Lydia Cacho podría haberse mordido las uñas por casi 20 horas de traslado desde Cancún, Quintana Roo, cuando fue detenida el 16 de diciembre del 2005 fuera del Centro de Atención Integral de Mujeres, pero no pudo. Los ministeriales que la retenían le ordenaron todo ese tiempo mantener las manos hacia atrás y no moverse o sería esposada, uno de ellos le puso una pistola en la boca. Eso ocurrió en el traslado y al llegar a Puebla, la madrugada del 17 de diciembre, pasó las horas entre los calabozos de la Procuraduría y el penal de San Miguel, ese tiempo que hoy niega Olga Sánchez Cordero, la Secretaria de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador.
Para Sánchez Cordero no existe ni la angustia ni el tiempo en el que Lydia Cacho se mantuvo sin abrigo en el frío del enero poblano. Para la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa que exoneró a Mario Marín el 29 de noviembre del 2007, Lydia “ni estuvo en prisión”.
Quienes estuvieron ahí recuerdan distinto la historia. Lydia Cacho llegó del área de ingreso femenil. Llevaba una blusa muy delgada, tenía los ojos rojos y su rostro lucía más delgado y anguloso, deshidratado. Se abrazaba a sí misma y se cubría el escote de la blusa que llevaba. Ahí, en la estancia de ingreso, la amenazaron de muerte e incluso policías custodias sugirieron que sería violada con un palo de escoba por encargo de alguien muy poderoso; alguien que pidió el favor “desde arriba”.
Las cuencas de sus ojos se marcaban aún más. En sus ojos había miedo, preocupación. Pánico.
En la rejilla de prácticas se le veía temblando con la blusa ligera que tenía hasta que llegó la abogada Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña. Le entregó un abrigo. Aún con la prenda Lydia seguía temblando.
¿Qué dice la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero tras las declaraciones de la periodista Lydia Cacho? pic.twitter.com/k6pcUCr2sr
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 5, 2021
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Inicialmente, el 15 de septiembre de 2005, la Juez quinto de lo penal, Rosa Celia Pérez González, conocida por una conducta implacable y tozuda, declinó juzgar la causa por considerar que los hechos eran pertinentes para la justicia local de Quintana Roo. Se trataba de un tema de jurisdicción. Los presuntos delitos no se habían cometido en Puebla, no tenían porqué ser juzgados por ella.
Pero vino la presión. Las llamadas directas desde el Poder Ejecutivo a Guillermo Pacheco Pulido, quien fungía como el presidente del Tribunal Superior de Justicia en Puebla. Sí, el mismo político que sirvió para la transición del interinato en Puebla a la muerte de la Gobernadora Martha Erika Alonso, el 24 de diciembre del 2018.
Pacheco Pulido, un político de vieja escuela, quien vestía solamente traje color azul marino y quien se mantuvo hasta su jubilación como presidente del Poder Judicial, fue quien llamó a Rosa Celia. Vía telefónica instruyó directamente el caso a Pérez González, quien liberó en octubre la orden de aprehensión contra Cacho. Pacheco Pulido se jubiló tras abandonar la presidencia en febrero del 2008.
Dentro de la mole de concreto que es el penal de San Miguel mucho tiempo hizo negocios Juan Nakad, empresario también de origen libanés, quien controlaba varias maquiladoras en donde laboran los internos.
Se enriqueció por años con mano de obra barata y fungió como pieza importante, ya que él encargó “el escarmiento” para Lydia Cacho con “las locas y las tortilleras”, como dijo Kamel Nacif en las grabaciones que revelaron la trama contra la periodista publicadas en La Jornada el 14 de febrero de 2016. En ese entonces los Juzgados Penales de Puebla se encontraban en un edificio polvoso y viejo, contiguo al centro penitenciario y por un pasillo se conectaban con la prisión.
Lydia fue llevada a la rejilla de prácticas para escuchar la determinación legal de la Juez Rosa Celia. La Juez que ordenó su ingreso en prisión preventiva al Centro de Readaptación Social de San Miguel en la capital poblana notificó con su voz grave y metálica que alcanzaba la libertad bajo caución y fijó una fianza de 108 mil pesos.
Lydia solamente agachó el rostro, apretó sus labios delgados y siguió sobándose los brazos como si el frío en su cuerpo no cesara. En la rejilla de prácticas fue captada por algunos medios de comunicación locales y en su mayoría fotógrafos de agencias internacionales como Ulises Ruiz, Ronaldo Schemidt y José Castañares. Ese día en el juzgado había pocos reporteros, fue un sábado al mediodía.
Afuera del Juzgado Quinto había una pequeña explanada donde se colocaron un local de tortas y copias. Ahí los reporteros hacíamos tiempo en lo que los amigos de Lydia juntaban para la fianza. Tras apelar al monto de lo establecido, Rosa Celia disminuyó el monto a 10 mil pesos.
–¿Quién es Lydia Cacho? ¿Por qué motivo la detuvieron?–le pregunté cuando pude verla.
–¿Que quién soy yo? Soy una periodista, que publiqué un libro, se llama Los Demonios del Edén y en él se ventila una red de hombres de poder que tienen relación con el pederasta Jean Succar Kuri en contra de quien hay señalamientos por abuso sexual a menores, a niñas–Sus ojos se iluminaron con el flash de los fotógrafos. En ese momento el miedo en sus ojos cambió por un orgullo conforme explicó su investigación y el motivo de la denuncia y la forma en que fueron violentados sus derechos.
Zepeda Patterson daba vueltas con el teléfono celular en la mano, manoteaba, intentaba conseguir el monto de la fianza. Y aunque Lydia solo ese día pisó la prisión y salió poco antes de las cinco de la tarde, la intención de Marín y Kamel era que se quedara más tiempo dentro de San Miguel, de ser posible hasta enero. Querían que esas horas dentro del centro penitenciario fueran días o mínimo un mes. Que se quedara durante Navidad en prisión y si se podía, hasta año nuevo.
Por eso retrasaron su aseguramiento hasta la segunda quincena de diciembre, días en que el Poder Judicial entraba en periodo de vacaciones y los secretarios de acuerdos realizaban guardias para realizar las determinaciones a nombre del juez titular. Así ocurrió con Rosa Celia Pérez González, quien incluso retrasó sus vacaciones.
Lydia fue citada para la audiencia del auto de formal prisión el 23 de diciembre, días después. Y reapareció siendo otra. Con un bufanda blanca, que lucía en su largo y delgado cuello, con el cabello recogido y un largo saco de color café. Era otra. Ese día llegó acompañada de más gente y en ese entonces lució empoderada. Aún muy delgada pero ya era otra. La segunda audiencia para la que volvió hasta Puebla desde Cancún solo duró 10 minutos, ahí se le informó del auto de formal prisión y que se mantendría el proceso en su contra.
“Con Mario Marín regresó el oscurantismo priista”, dijo Lydia cuando salió del juzgado levantando un periódico local en sus manos con el encabezado que citaba textualmente a Marín donde la señalaba como una delincuente. “Todas somos Lydia”, podía verse en las pancartas de algunas mujeres que acudieron a solidarizarse con ella.
El equipo del Juzgado Quinto de lo Penal que laboró con ella confirmó años después del auto de formal prisión contra Lydia Cacho que la Jueza Rosa Celia Pérez salió esas vacaciones navideñas del país y pasó unos días en Las Vegas, Nevada.
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El encargo al Gobernador Mario Marín vino desde julio del 2005. El empresario de la mezclilla en Tehuacán, Kamel Nacif Borge, amigo del mandatario, presentó una denuncia por los delitos de difamación y calumnia que en ese entonces estaban vigentes en Puebla. Su nombre apareció con el de otros hombres de poder en el libro Los Demonios del Edén donde se evidenciaba al pederasta Jean Succar Kuri, “El Tío Johnny”, quien a su vez fue acusado por delitos sexuales encontra de varias menores de edad y contra quien hoy pesa una sentencia de 112 años de prisión por el delito de pederastia.
Kamel Nacif solicitó el favor a su amigo de parranda. Hasta ese entonces Mario Marín se presumía como una suerte de “nuevo” Benito Juárez, de origen popoloca y “forjado en la cultura del esfuerzo”. Presumía ser de una nueva generación de políticos.
Lo cierto es que Mario Marín primero tuvo una carrera como jurista y abogado. Su origen humilde lo llevó a bolear zapatos mientras estudiaba derecho en la Universidad Autónoma de Puebla. Tras subir poco a poco en el escalafón del Poder Judicial llegó a juez.Y de ahí ingresó en la política al cobijo del Gobernador Manuel Bartlett, de quien fue Secretario de Gobernación. Después tuvo una carrera que él mismo presumía como “meteórica” dentro del priismo poblano. Fue presidente municipal de la ciudad de Puebla y después sucedió al Gobernador Melquiades Morales Flores, también muy querido por su cercanía con las comunidades indígenas.
Amante del coñac, del ron y el vino, Marín siempre fue considerado un gran compañero de francachela. Así conoció a Kamel Nacif años atrás. Ahora en el poder, Marín pudo encargar al Poder Judicial la denuncia que su amigo presentó contra la periodista Lydia Cacho en una clara muestra de la nula división de poderes que hubo en su mandato entre el 2005 y el 2011.
La orden del gGbernador priista provocó el desboque de una coalición de servidores públicos en contra de la periodista, el avance prontísimo de la justicia poblana. El 12 de julio del 2005 el agente del Ministerio Público abrió la averiguación previa. Jamás se le informó a Cacho. Después, el 10 de agosto de 2005, se ejerció la acción penal ante el Juzgado Quinto de lo Penal en Puebla, en donde era titular Rosa Celia Pérez González.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció desde 2018 que se configuró plenamente la tortura a Lydia Cacho, tanto en el traslado como en la prisión los días 16 y 17 de diciembre de 2005, Cacho fue detenida en las oficinas del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) por un contingente de al menos 10 personas, entre los que se encontraban solamente tres agentes de la Policía Judicial, dos de Quintana Roo y cinco trabajadores privados de seguridad de Kamel Nacif. Jamás se le exhibió orden de aprehensión, fue incomunicada durante el traslado a la Procuraduría de Puebla en vehículo que duró casi 20 horas en un trayecto de mil 500 kilómetros.
Según el dictamen del Comité de Derechos Humanos-ONU sobre el caso de Lydia Cacho, “al subir del vehículo un agente la tomó del cabello lanzándose a la parte trasera del automóvil”.
Solamente fue acompañada por hombres en la mayoría del trayecto, no se le permitió tomar alimentos ni se le proporcionó medicamento para la bronquitis. Lydia apenas llevaba una blusa delgada y, debido a los padecimientos respiratorios que tenía desde niña, el trayecto fue aún más tortuoso.
Únicamente se le permitió una llamada telefónica a su pareja y la llamada fue cortada. No se le dejó dormir, se le obligó a ir con las manos hacia atrás bajo amenaza de ser esposada si se movía. Durante todo el trayecto los agentes hablaron de la posibilidad de tirarla en alguna laguna en el camino, fue víctima de tortura psicológica y física y también sufrió tocamientos e insinuaciones sexuales.
Uno de los agente en varias ocasiones le insertó una pistola en la boca. La movió en círculos e hizo comentarios sexuales. El mismo agente le pasó el arma por los senos, después separó sus piernas y apuntó a sus genitales. Todas estas acciones fueron detalladas en el reporte de la ONU.
El policía judicial presionó el arma fuertemente contra el abdomen de la autora, le comenzó a bajar el cierre del pantalón. A su llegada a los calabozos de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, el 17 de diciembre del 2005, fue conducida a un cuarto donde un individuo la empujó agresivamente contra la pared y la tocó. Seguidamente la tomó del cabello violentamente y le apretó la cabeza contra la pared.
En la caseta de Esperanza, cuando amigos y activistas comenzaron a cuestionar dónde se encontraba la periodista hubo un intercambio de agentes. El comandante David Rocha González se quedó al volante y las agentes María Irene Arteaga Rangel y Verónica Chávez Cruz se quedaron a los costados de la periodista en la parte trasera del automóvil para guardar las formas y para que pudieran alegar que había tenido escolta de mujeres, como llegó a la Procuraduría de Puebla.
Después, Lydia Cacho fue trasladada a San Miguel y vinieron las horas que hoy desconoce Olga Sánchez Cordero. 15 años y 18 días después, Mario Marín, el hombre que la exministra exoneró en 2007, ahora es quien tiembla dentro de prisión, en Cancún, Quintana Roo.
