Ante el desastre, el Gobernador Cuauhtémoc Blanco guarda silencio, el silencio cómplice para encubrir a su esposa, Natalia Rezende, responsable del albergue para adultos mayores, donde los ancianos mueren por falta de atención médica.

Sin recursos financieros –se los gastaron en un dispendio atroz– el DIF estatal del estado de Morelos, que encabeza Natalia Rezende Moreira, esposa del Gobernador Cuauhtémoc Blanco, enfrenta una situación caótica como consecuencia de la corrupción sin freno que priva en el interior de esa institución.

Desde que Cuauhtémoc Blanco asumió el poder, en octubre de 2018, en el DIF impera el desorden y este caos ya causó la muerte de un adulto mayor, asilado en el albergue estatal, como consecuencia del COVID-19.

Lo criminal de este caso es que al señor Manuel Salgado Montes, de 79 años de edad, lo dejaron morir por falta de medicamentos y negligencia, pues a pesar de que presentaba síntomas como tos, fiebre, dolor de cabeza y saturación (insuficiencia de oxigenación) nunca lo atendieron ni se dieron a la tarea de trasladarlo a un hospital para salvarle la vida.

El anciano murió el 21 de enero y la causa de su muerte fue por “omisión de cuidados”, delito que ya se investiga por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM).

Lo preocupante de todo es que en el albergue para adultos mayores que opera el DIF estatal hay un total de 25 personas en condición de vulnerabilidad social. (otros 6 están albergados en diferentes instalaciones) ) Se trata de ancianos que vivieron en las calle o fueron abandonados por sus familiares; además, padecen enfermedades psiquiátricas, crónico degenerativas y dispacapacidades físicas como Hemiplejias. En resumen, ya no pueden valerse por sí mismos.

Según nos cuentan algunas fuentes consultadas, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias, la situación en el albergue del DIF la situación comenzó a empeorar en octubre de 2020. De buenas a primeras, la esposa del Gobernador, Natalia Rezende, a través de los órganos administrativos, ordenó a los médicos que suprimieran, hasta donde más se pudiera, el otorgamiento de medicamentos para los pacientes. La razón: que ya no había dinero.

La suegra del Gobernador, Cristina Moreira, comenzó a dar órdenes a diestra y siniestra sin conocer las operaciones internas del albergue ni la logística de trabajo de los médicos. A ella se le acusa de sembrar el desorden, pero lo más grave es que el presupuesto se agotó debido a la corrupción que priva en esa institución, la que no ha sido saneada.

Nos cuentan que el DIF estatal sólo tiene un proveedor de medicamentos –la farmacia Cuernavaca –cuyo dueño se ha prestado desde hace varios años a la corrupción en el manejo de sobreprecios de medicamentos esenciales para la atención de los pacientes albergados.

Y para muestra un botón: Uno de los medicamentos de uso regular en el albergue es el Sinemet (Levodopa Carbidopa), sumistrado a los pacientes para controlar el llamado mal de parkinson. El DIF lo compra en mil 285 pesos cuando el precio real en las farmacias es de 590 pesos, en su presentación de patente.

Otro medicamento que aparece en la lista de sobreprecios es Resperidona, utilizado para tratar los síntomas de la esquizofrenia: el DIF lo compra al sobreprecio de mil 400 pesos cuando en cualquier farmacia su costo al público es de 507 pesos.

Las fuentes consultadas nos aseguran que la mayoría de los medicamentos que compra el DIF estatal –disponemos de una lista que así lo acredita –tienen sobreprecio pactado con los dueños de la farmacia “Cuernavaca” –proveedor único –cuyos dueños se han prestado a la corrupción con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Este dispendio en la adquisición de medicamentos, cuyas ganancias han ido a parar a los bolsillos de los funcionarios del DIF, es la causa de que en octubre del 2020 el presupuesto se haya agotado.

El desorden que priva en el albergue para adultos mayores del DIF fue denunciado el 19 de enero último ante la CNDH por parte del doctor Leodegario Almanza, quien prestó sus servicios en el albergue, pero fue despedido junto con cuarenta funcionarios más a finales del año pasado. Hasta la fecha nadie ha sido liquidado por la prestación de sus servicios profesionales.

En la denuncia, obtenida por este reportero, el galeno expone:

...”Desde noviembre pasado la dirección general del DIF-Morelos nos informó que no había presupuesto para medicamentos, que si podía yo en carácter de médico y subdirector del albergue reducir la demanda de medicamentos. En el albergue contamos con una población de 25 adultos mayores en vulnerabilidad social… Al principio empecé a poner medicamentos de mi presupuesto personal (de mi bolsa), pero definitivamente no es posible mantener dicho gasto. La situación continuó agravándose y estuve quejándome y gestionando, sin embargo, a finales de noviembre fui obligado a renunciar, sin gozo de liquidación”.

En efecto, a finales del año pasado la titular del DIF ordenó el despido de 40 servidores públicos –entre médicos, abogados y psicólogos –sin que les hayan otorgado su liquidación correspondiente, violando todos sus derechos laborales.

Pero la corrupción al interior del DIF-Morelos no termina ahí. Hay algo todavía más grave: resulta que desde el gobierno de Graco Ramírez a los adultos mayores les quitaron sus tarjetas bancarias de bienestar donde el gobierno federal les deposita la ayuda económica.

Los funcionarios del DIF dispusieron arbitrariamente de las tarjetas desde el año 2017 con todos y los NIP. Desde entonces, las tarjetas son utilizadas para extraer el dinero que les deposita la federación y dichos recursos se utilizan para gastos personales de los funcionarios, quienes ni siquiera rinden cuenta al respecto.

Este atraco también es denunciado por el doctor Almanza en su carta dirigida a la CNDH. Afirma:

“Finalmente y como un punto delicado, existe en las arcas del DIF-Morelos, en la calle Quintas, una cantidad grande de dinero que fue extraída de cajeros automáticos de las tarjetas de bienestar de los usuarios, incluso de usuarios finados.

“Esta práctica data del sexenio anterior, pero continuó en esta administración. En alguna ocasión se realizó una reunión con el procurador del DIF (Alejandro Cornejo), dirección general, la dirección de centros de asistencia social y de finanzas, donde acordamos denunciar los hechos y dar aviso a SEDESOL, sin embargo, hoy todos los que estuvimos en dicha reunión fuimos renunciados. No se presentó la denuncia y la carpeta donde se contienen los estados financieros y pruebas de esto está desaparecida. Me la han requerido por oficio después de mi “renuncia” pero dicha carpeta la última vez que la vi fue en dicha junta y se quedó en las oficinas de dirección general del DIF.

Según datos confirmados, en la caja fuerte del DIF había unos 700 mil pesos guardados, supuestamente producto de todos los retiros que el personal había hecho de las tarjetas de los adultos mayores durante varios meses. Sin embargo, se dijo en la junta del año pasado que refiere Almanza que dicha suma “era poca” y por esa razón se investigaría dónde había quedado el faltante. Pero a este caso le dieron carpetazo y ya ni se habla del tema. Las tarjeras bancarias siguen siendo explotadas por el personal del DIF.

Añade Almanza en su carta de denuncia:

“Es de todo el personal sabido que la madre de la esposa del Gobernador, la señora Cristina Moreira, entra y sale de los albergues haciendo supervisiones y dando órdenes al personal técnico y de mantenimiento, dirigiéndose al personal de manera grosera e incluso insultando a trabajadores diciéndole al personal de limpieza que todos los mexicanos somos una bola de huevones. La señora no tiene un puesto dentro del DIF y es de nacionalidad brasileña. Estos hechos, así como la contratación de personal brasileño en puestos administrativos del DIF-Morelos, ha sido denunciado por redes sociales por el personal, sin ningún eco”.

La Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) también tiene conocimiento de estas corruptelas y del caos que priva en el DIF y por ello giró un oficio –V3/026/2021 --al Gobernador Cuauhtémoc Blanco para que frene las violaciones de derechos humanos que privan en el albergue del DIF a cargo de su esposa.

En el oficio referido, la CDHM exige al mandatario estatal y al subdirector del albergue de Adultos Mayores DIF-Morelos gire amables instrucciones a quien corresponda para que implementen las medidas precautorias suficientes y necesarias para que se inicie cualquier acción que salvaguarde la salud e integridad de los adultos mayores que se encuentran en el mencionado albergue, dichas medidas son tendientes a evitar la consumación irresponsable o de difícil reparación de los derechos humanos de la salud de los adultos mayores, por lo que deberá remitir en un plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación del presente oficio para que informe sobre lo actuado”.

El oficio de la CDHM –que se desprende del expediente CDHM/SE/V3/061/013/2021 –fue girado el 19 de enero último y hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida para atender la emergencia, por el contrario, la situación ha empeorado y el gobierno de Cuauhtémoc Blanco ha optado por el silencio, silencio cómplice y encubridor.

El 21 de enero –dos días después de que la CDHM giró el oficio para que se atendiera la emergencia --falleció de covid-19 el señor Manuel Salgado Mateos, a quien prácticamente dejaron morir a pesar de que presentaba estado de gravedad y saturación (insuficiencia de oxígeno). Este caso, según se pudo saber, fue consecuencia del delito de omisión de cuidados.

Hasta las 7:15 de la noche del jueves 28, la situación era más que crítica en el albergue: Se pudo confirmar que un total de 14 adultos mayores se habían infectado de coronavirus, cuatro de ellos están hospitalizados y, además, hay nueve trabajadores que dieron positivo.

Así el drama que el Gobernador Cuauhtémoc Blanco mantiene en el silencio.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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