De ocupar puestos de mediano rango en las oficinas de seguridad y procuración de justicia a nivel local y federal, Castillo Cervantes pasó sin ningún mérito a dependencias como la Profeco, luego regresó a su área al ser Comisionado de Seguridad en Michoacán, donde dejó una estela de señalamientos y corrupción. A pesar de los escándalos, el funcionario fue premiado con un último cargo público: director de la Conade.
–Con información de Daniela Barragán y Efrén Flores
Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– Alfredo Castillo Cervantes, quien ocupó diversos cargos públicos en las administraciones de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y luego en la Presidencia, hoy está de nueva cuenta en el ojo público debido a que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó por 10 años por omitir declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge.
La inhabilitación por su declaración patrimonial es una de las cuentas pendientes que tiene Alfredo Castillo, pero es de las menores. El exfuncionario de Peña Nieto también incurrió en otros delitos por las que organizaciones aún piden que sea llamado a cuentas, como la fabricación de montajes y culpables cuando era Procurador y las violaciones a los derechos humanos cometidos cuando fue Comisionado en Michoacán, sin soslayar los desvíos en las dependencias en las que ocupó la titularidad.
Alfredo Castillo Cervantes, de 45 años de edad, estudió las licenciaturas de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana; de Derecho, con Especialidad en Ciencias Penales y Criminológicas, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y Financiera en la Escuela Bancaria y Comercial.
Antes de ser conocido por ocupar puestos estratégicos, se desempeñó en diversas funciones y cargos: en 2002 fungió como asesor del entonces Procurador Rafael Macedo de la Concha y después ocupó el cargo de director de Políticas Públicas, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), entre el 2003-2004.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, entre los años 2006-2007, fue director de Planeación Estratégica, también en la PGR, y posteriormente fue director de Concertación, Profesionalización y Capacitación y Director de Seguridad Privada, en la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, entre los años 2007-2008.
Cuando Enrique Peña Nieto era Gobernador del Estado de México, Castillo Cervantes se desempeñó como subprocurador regional del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
En el año 2010, luego del escándalo que Alberto Bazbaz protagonizó por la desaparición y muerte de la niña Paulette, Peña Nieto designó a Castillo Cervantes como Procurador del Edomex, cargo que ocupó hasta 2012.
En la Procuraduría del Edomex empezaron a visibilizarse los escándalos. Uno de los golpes más polémicos de Castillo al frente de la corporación fue la detención de 17 personas involucradas en el robo y la violación de siete menores que se encontraban en un campamento, en el lugar conocido como “El Colibrí”, en el municipio de Chalco. La presentación del video en el interrogatorio a los detenidos y la crudeza con la que se hablaba de los hechos, principalmente las violaciones, generó una serie de críticas por su difusión en los medios de comunicación.
Tras su paso por la procuraduría mexiquense, Alfredo Castillo se integró al equipo de Peña Nieto cuando era candidato a la Presidencia de la República.
Con la llegada del priísta de Grupo Atlacomulco a la Presidencia, en diciembre de 2012, Alfredo Castillo se integró a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), cargo que dejó en mayo de 2013 cuando el Jefe del Ejecutivo lo nombró titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), tras la salida de Humberto Benítez, por el escándalo del cierre de un restaurante el cual se llevó a cabo por órdenes expresas de la hija de este.
Para el año 2014, por encomienda nuevamente de Enrique Peña Nieto, fue designado Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, donde cobró mayor notoriedad a nivel nacional, pero por los señalamientos a los que fue acreedor. Alfredo Castillo tenía como enmienda pacificar una de las entidades más violentas del país en esa épica, sin embargo, de Michoacán, salió en medio de acusaciones por ligas con el crimen y de reclamos por el encarcelamiento del hoy finado doctor José Manuel Mireles, quien en ese entonces era líder de las autodefensas. Para el 22 de enero de 2015, luego de un año de haber presidido la función, Castillo Cervantes volvió a ser removido de su cargo.
SU PASO POR CONADE
El 17 de abril de 2015, a pesar de los señalamientos y de no tener ningún antecedente en materia de deporte, Alfredo Castillo fue colocado en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en donde siguió la estela de acusaciones, irregularidades y arbitrariedades.
A la gestión de Castilllo Cervantes se le reprochó por negar apoyo financiero a las federaciones de box, tiro con arco, atletismo y remo, así como fiscalizar el dinero que la Conade daba a las federaciones.
Justo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, la Conade lució por los escándalos de sus funcionarios y las polémicas en que se vieron envueltos. La mala actuación de México en los Juegos Olímpicos de Río 2016 incluso fue noticia internacional.
Por un lado, el Comité Olímpico Mexicano (COM) denunció, ese mismo año, que Alfredo Castillo y su equipo de trabajo presionaban e incurrían en actos de corrupción al interior de algunas federaciones deportivas. Asimismo, Castillo fue señalado de utilizar recursos del “Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento”, en su afán de colocar y pagarle miles de pesos mensuales a sus amistades (como Israel Valero, Ricardo Langre y Julio César Everardo), entonces representantes de diferentes instituciones deportivas.
El organismo también denunció en ese entonces que la Conade llevaba a presuntos médicos no acreditados por la Federación Mexicana de Taekwondo, para que atendieran a atletas de la disciplina.
Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo (FMB), Ricardo Contreras, afirmó que Alfredo Castillo hizo firmar pagarés a los boxeadores Joselito Velázquez y Elías Emigdio, y al entrenador Francisco Bonilla, como requisito para darles fondos para que pudieran asistir a los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Las medidas despertaron inconformidades de inmediato. Sin embargo, lejos de relajar su imposición decidió llevar las cosas un paso más allá y pidió a federaciones internacionales que desconocieran a sus filiales en México; además realizó otro tipo de maniobras, como apoyar las ligas de beisbol profesional para que se desvinculen de su Federación.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la Cuenta Pública de 2016, encontró las fallas de la administración de Castillo durante los Juegos.
Casi dos años después, en la revisión del desempeño de la Comisión y el ejercicio de los recursos, la ASF concluyó sobre la comprobación de los apoyos, que el Comité Olímpico Mexicano (COM) dijo que se tenían 17 millones de pesos de presupuesto para cubrir los gastos de los deportistas que asistirían a Brasil, pero el dinero lo terminó por ejercer la Conade a pesar de que no entraba dentro de sus responsabilidades.
El 8 de julio de 2016, formalizó tres convenios de concertación y colaboración, por 13 millones 911 mil pesos, los cuales establecieron que las federaciones serían las responsables de la contratación, pago, recepción y comprobación de los recursos otorgados por la Conade; sin embargo, el 6 y 11 de julio de 2017, las federaciones Ecuestre y de Triatlón informaron a la ASF, que de manera no oficial la Comisión les solicitó apoyo para el manejo financiero del recurso destinado a los Juegos Olímpicos de Río.
Además de los Juegos Olímpicos, la Auditoría revisó las cuentas de la Conade y el dinero destinado a programas específicos. En particular, sobre el dinero del programa S269 “Cultura Física y Deporte” quedaban en duda 759 millones 245 mil 100 pesos porque fueron transferidos a otras cuentas no registradas por la Conade, se mezclaron con otro dinero, permanecieron ociosos en las cuentas o generaron rendimientos financieros que no fueron reportados.
La ASF encontró en ese entonces que los beneficiarios de siete convenios y un adendum (que es una modificación a un contrato) recibieron 213 millones 921 mil pesos, en las cuentas notificadas a la Conade, pero traspasaron los recursos a otras cuentas, el mismo día del depósito y hasta 132 días después de recibirlos sin avisar a la Comisión.
A la ola de señalamientos se sumó otro más. Desde el año 2016, el medio Cámara Húngara reveló que la Conade le daba más dinero a la prensa que a los propios deportistas. De acuerdo con la investigación periodística, la Conade otorgó entre 2012 y hasta mediados del 2016 al menos 201 millones 838 mil 499 pesos en mensajes emitidos en los medios de comunicación, mientras que en el mismo lapso destinó 179 millones 125 mil 683 pesos en apoyo a deportistas de alto rendimiento a través del Fodepar.
Fue el 20 de junio de 2019 cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que desde el mes de abril de ese año había iniciado cuatro investigaciones por presuntos actos de corrupción en la Conade.
El inicio de las investigaciones, detalló la SPF, se fundamentó en denuncias ciudadanas. La primera carpeta fue abierta a finales de abril por supuestos actos de corrupción en el Fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento; la segunda, el 16 de mayo, por presunta usurpación de funciones. La tercera indagatoria, por probable conflicto de intereses entre funcionarios de la comisión y otra más, que abierta desde el 4 de junio de 2019, por presunta complicidad entre funcionarios de la Conade y dos empresas que habrían sido beneficiadas en forma ilícita con recursos del Fodepar.
Finalmente, este 26 de enero, la SPF anunció que Alfredo Castillo quedaba inhabilitado por 10 años, debido a las omisiones en sus declaraciones patrimoniales, que ascienden a cuentas bancarias con un saldo total de más de 18 millones de pesos.
La dependencia explicó en un comunicado que la sanción derivó de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial en el que se detectó que el exfuncionario local y federal “faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016”. Además, explicó que la información que dio pie a su fallo se localiza en uno de los 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa que en los dos primeros años de la actual administración se han abierto.
