En Baja California, el Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado, les prometió a ciudadanos buscadores de desaparecidos, una retroexcavadora. La maquina la necesitan para remover la tierra de un predio en el cual ya han encontrado trece cuerpos y/o restos humanos.

Es una bofetada de injusticia lo que hace la FGE. Proporcionales una maquina a los ciudadanos para que ellos, y no la autoridad, continúe la búsqueda de desaparecidos. Desafortunadamente no es esta una situación privativa del noroeste de México. El país está infestado de narcotraficantes, de cárteles de las drogas y crimen organizado. Las vendettas entre ellos mismos, los secuestros, las extorsiones y los robos, terminan con la vida de personas que son desaparecidas, enterradas en predios, rancherías, en la periferia de las ciudades, ocultadas, negadas a la acción de la justicia y a un entierro digno.

En noviembre del 2020, fue notoria una acción similar, cuando la Alcaldesa de Guaymas, la morenista Sara Valle, entregó al colectivo Guerreras Buscadoras, seis palas y seis cubetas con el logotipo del Ayuntamiento y color guinda característico de Morena. Además las proveyó de productos para la protección personal, como cubrebocas, para que se cuiden mientras buscan a sus desaparecidos. El Estado les ha fallado.

En México la cifra de desaparecidos, de acuerdo al subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, asciende hasta 2020, a los 73 mil 200 casos, además que han sido detectadas más de 3 mil fosas clandestinas a lo largo y ancho del país.

En Tijuana, Angélica Ramírez, coordinadora del colectivo Una Nación BuscandoT, fue quien organizó la búsqueda. Un anónimo habló por teléfono a otro miembro de la organización ciudadana, y le dijo que le proporcionarían la dirección de un predio donde encontraría a su hermano desaparecido, y que quizá, encontraría más cuerpos.

Solos, con sus picos y sus palas, acudieron al domicilio en una de las zonas más inseguras de la ciudad en el este de Tijuana. Informaron a la Fiscalía General del Estado, pero ningún agente de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación llegó al lugar. Solos comenzaron a escarbar cuando la Fiscalía de Homicidios “les autorizó” entrar al predio que se encontraba abandonado, con una casa en la misma condición. Así fueron escarbando y descubriendo un cuerpo tras otro. En una semana, localizaron trece.

La mayoría de los cuerpos en tal estado de descomposición que no ha sido posible determinar las causas de muerte. Estrangulados, cercenados, balaceados, únicamente en tres casos han encontrado evidencia que ayudará a su identificación.

Por la zona en la que fueron localizados, la Fiscalía, cuando tardíamente atendió el tema a propósito de entrevistas de Semanario ZETA, determinó que tanto la casa como la fosa clandestina, eran del Cártel Jalisco Nueva Generación. Previo a ello, ni siquiera tenían en el radar investigativo la fosa clandestina, simplemente porque no la estaban buscando. No están indagando los casos de desaparecidos, esa es una labor que, como en otros estados del País, le han dejado, de manera irresponsable, a la sociedad organizada a la que no ayudan hasta que de recoger los cuerpos se trata.

La dura tarea de buscar a los desaparecidos ha llevado a familiares de estos a convertirse en rastreadores, a llenar el vacío de procuración de justicia que existe en México. Arriesgan su vida al enfrentarse a estructuras criminales impunes, en la búsqueda de los suyos, que normalmente los encuentran muertos. Dan con los cuerpos porque criminales o testigos de estos crímenes les dicen dónde buscar.

El 11 de diciembre de 2020, una madre desesperada encontró el cadáver de su hija. Danna Sugey había salido a realizar una transacción comercial cerca de su casa y ya no regresó. Su madre estuvo buscándola con altavoces, gritando su nombre, pidiendo clemencia a quienes se la habían llevado, para que le dieran el sitio de su paradero. La Fiscalía General del Estado tampoco hizo nada por ella. Un anónimo le dijo que dejaría una marca en el lugar donde estaba enterrada la joven. Y ahí la encontró.

De los asesinos nada se sabe. La Fiscalía General del Estado no le dio seguimiento al caso. La madre de la joven solo quería recuperar su cuerpo para enterrarlo apropiadamente. La noticia de otras desaparecidas, el descubrimiento de otros cuerpos, van dejando atrás la historia terrible del fin de la vida de Danna Sugey. Difícilmente en una Fiscalía que prefiere entregar un retroexcavadora a los buscadores de personas, tendrá el compromiso y el tiempo para darle justicia a Sugey.

Resulta grave la manera en que actúan las autoridades en los Estados de la República Mexicana y la Federal, al dejar en el abandono los casos de desaparecidos, al no investigar las redes del narcotráfico y el crimen organizado, que son el origen de las desapariciones y los homicidios. El Gobierno de la República solo los cuenta, no los busca, no investiga, como no lo hacen las Fiscalías locales.

Durante la pandemia, en 2020, estiman que más de 4 mil personas fueron desaparecidas en México, la criminalidad no disminuyó. El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no pudo ocultar el incremento en los homicidios en el país durante su segundo informe. Pero no hay compromiso de acabar con ello. En 2019 se comprometió a que en seis meses disminuiría la inseguridad y a violencia. No lo ha hecho. La militarización de la Guardia Nacional, ha llevado a la institución a ser una simple policía de proximidad, que no tiene inteligencia ni estrategia para combatir al crimen organizado y al narcotráfico.

Los buscadores de desaparecidos están también abandonados por las instituciones mexicanas, con sus palas y sus picos buscando a los suyos y encontrando cadáveres que las Fiscalías no investigan. Más impunidad para la delincuencia organizada en México, ante autoridades omisas, incapaces de procurar justicia.

Adela Navarro Bello

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