Por Anaid García (@laanaidtobon), Sarahí Salvatierra*

El jueves 07 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que preparará una reforma administrativa para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) desaparezcan y pasen a ser parte de secretarías y dependencias del gobierno federal, eliminando con ello su autonomía.

Recordemos que el origen de los organismos públicos autónomos data de los años 90 cuando a nivel internacional se plantea una ingeniería institucional democratizadora de órganos que regulen al poder con autonomía y que actúen como un contrapeso al gobierno. De hecho, la asignación de autonomía a entidades especializadas se ha considerado como una buena práctica a nivel mundial. En México, estos órganos han sido resultado de años de exigencia ciudadana para acceder a derechos, por ejemplo, los avances en la protección del derecho de acceso a la información (DAI) fueron resultado de esfuerzos de distintos sectores de la sociedad: organizaciones de la sociedad civil, academia, periodistas y actores gubernamentales, con el fin de fortalecer el ejercicio de este derecho humano y que la ciudadanía pudiera conocer el actuar del gobierno y el uso de los recursos públicos. Para ello, se impulsó la creación de instituciones democráticas garantes, especializadas, robustas, efectivas y cercanas a la ciudadanía.

En nuestro país, el derecho a la información fue normado desde 1977 sin que se crearan en ese momento leyes secundarias. Fue hasta 2002, con la transición a la democracia que se creó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las subsecuentes leyes locales en la materia. Pero a pesar de ser un gran avance contar con una ley, su modelo de sanciones era ineficaz debido a que los órganos internos de control de las dependencias fungían como juez y parte de la vigilancia de las resoluciones del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (en ese entonces IFAI); los contralores internos carecían de autonomía para llevar a cabo funciones de control y sanción. Además, el organismo sólo tenía competencia federal y no nacional.

Por ello, en la reforma constitucional en materia de transparencia de 2007 se planteó la necesidad de crear un organismo especializado e imparcial, pero fue hasta la reforma de 2014, nuevamente impulsada por una exigencia ciudadana, que se logró la autonomía del entonces IFAI para transformarse en un organismo nacional autónomo garante del derecho a la información, la libertad de expresión y la protección de datos personales, que ahora conocemos como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
El carácter del INAI como órgano autónomo constitucional busca ampliar su facultad, con el fin de que las autoridades gubernamentales garanticen ambos derechos (acceso a la información y protección de datos personales) conforme a los estándares nacionales e internacionales. Para alcanzar estos objetivos, en materia de transparencia, el INAI se encuentra facultado para revisar las razones por las cuales las autoridades gubernamentales se niegan a entregar información y determinar el interés público de la misma. Lo anterior, para habilitar a las y los ciudadanos información como instrumento controlador de la gestión pública, de rendición de cuentas y de protección de algún derecho humano.

Por ejemplo, resoluciones del INAI que han instruido a las entidades gubernamentales la entrega de determinada información, han sido relevantes para evidenciar casos de corrupción y discrecionalidad en el uso de recursos públicos, tal es el caso de las investigaciones de la Casa Blanca, la Estafa Maestra y el desvío de recursos en Veracruz cuando gobernaba Javier Duarte.

La libertad de expresión y garantía de la información habilita a la sociedad a tomar un rol activo en la vida pública ya sea exigiendo a las autoridades cuentas sobre la toma de decisiones, realizando denuncias ciudadanas de irregularidades públicas y habilitándolos para tener acceso a otros derechos humanos, como servicios de salud, acceso al agua, entre otros.

Contar con un organismo autónomo e independiente de los tres poderes, con alcance nacional y que vigile la garantía efectiva del derecho de acceso a la información pública, implica contar con contrapesos que abonen a un compromiso real con la democracia. Por lo tanto, es imprescindible que, en el centro de cualquier reforma que se proponga, se busque fortalecer las funciones y mecanismos de exigencia para el cumplimiento del derecho en lugar de destruir el andamiaje institucional que ha costado años de esfuerzo. Las reformas deben respetar y reconocer los logros ya alcanzados; en este caso, la autonomía e independencia de estas instituciones.

* Anaid García y Sarahí Salvatierra son investigadoras en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico

Fundar

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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