Las comunidades indígenas del estado de Puebla, sobre todo de los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonáhuac, hacen un llamado a la Suprema Corte para que respete los derechos de los pueblos y no se les niegue el amparo contra la Ley Minera.
–Con información de Dulce Olvera
Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alista la votación del proyecto de sentencia donde se propone negar el amparo a comunidades indígenas de Puebla, que impugnaron varios artículos de la Ley Minera en México por no incluir un mecanismo de consulta a los pueblos para otorgar concesiones de explotación.
El pueblo maseual logró en 2018 un amparo contra tres concesiones mineras en etapa de exploración en Cuetzalan, Puebla, otorgadas en 2007, 2008 y 2011 a la compañía mexicana Minera Autlán, de José Antonio Rivero Larrea. Pero en mayo de 2020, cuando celebran rituales a sus manantiales, el recurso estuvo en riesgo por un proyecto en la SCJN que propuso desvincular la Ley Minera (1992) de sus derechos indígenas.
El proyecto inicial, presentado por el Ministro Javier Laynez Potisek, recibió críticas de diversas organizaciones y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que se mandó a revisión y se modificó para ser votado este 13 de enero.
También esta noche, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), reiteró su llamado respetuoso a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar el derecho de consulta de los pueblos y comunidades indígenas tanto en la emisión de la Ley Minera, como en su contenido, antes de emitirse cualquier título de concesión en la materia.
«En ejercicio de las atribuciones del Instituto de promover el respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos jurídicos internacionales en la materia, el INPI envió un amicus curiae a la SCJN, para que sea tomado en consideración al resolver el recurso de revisión 928/2019 interpuesto por el Pueblo Masehual (Náhuatl) de la Sierra Norte de Puebla.
«El día de mañana [miércoles 13 de enero], el tema será retomado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y representa una oportunidad histórica de la Corte para consolidar el derecho al territorio y el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas. En ambos casos, implicará un avance o un retroceso en el ejercicio de los derechos indígenas consagrados en la legislación nacional e internacional», estableció el INPI.
Por tal razón, el Instituto externó a la SCJN su preocupación por las conclusiones del proyecto de resolución elaborado por el Ministro Javier Laynez Potisek, «pues en esencia reitera las conclusiones de su anterior proyecto elaborado en el mes de mayo de 2020, en el que vuelve a sostener que no era necesario consultar a los pueblos indígenas antes de emitirse la Ley Minera, porque no es una legislación que tenga por objeto regular la vida económica, social y política de las comunidades indígenas y que tampoco es necesario regular la consulta en dicha legislación porque este derecho ya está regulado en el artículo 2º y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo».
MINISTRO LAYNEZ FAVORECE A EMPRESAS
Aunque la nueva propuesta no se ha hecho pública, integrantes del Consejo Maseual Altepetajpianij denuncian que la esencia es la misma: excluir la consulta indígena.
“Es lamentable esta falta de transparencia, pues se trata de un tema que resulta de vital importancia, sobre todo para las comunidades indígenas y rurales que son víctimas de violaciones a sus derechos humanos debido a la explotación de concesiones sobre sus territorios”, expuso el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en un comunicado.
Para Nazario Diego Téllez, representante del Consejo Maseual Altepetajpianij de la Sierra Nororiental del estado de Puebla, el proyecto del Ministro Laynez favorece a las empresas.
«Sería una lástima que se apruebe el proyecto de la SCJN, que supuestamente está para vigilar nuestros derechos», dijo en entrevista. «Con esto estarían favoreciendo la entrada de las empresas en diferentes explotaciones, no solo minerales, también de gas natural y plantas hidroeléctricas».
Las comunidades indígenas del estado de Puebla, sobre todo de los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonáhuac, hacen un llamado a la Suprema Corte para que respete los derechos de los pueblos.
«Si votan a favor de esta Ley estarían favoreciendo a las empresas y afectando los derechos no solo de una comunidad, también de otras regiones del país y Latinoamérica», afirmó Nazario Diego Téllez.
Grupos indígenas de diversas comunidades del país, así como organizaciones de la sociedad civil han solicitado a la SCJN decretar la inconstitucionalidad de los artículos 6, 13, 13 Bis, 15 y 19 de la Ley Minera debido a que es abiertamente violatoria de los derechos humanos y porque fue aprobada sin haber obtenido el consentimiento previo, libre e informado de pueblos y comunidades indígenas.
El Cemda destacó que el proyecto anterior, a cargo del Ministro Laynez, se limitaba a afirmar sin mayor sustento que “el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados», lo cual constituye una regresión para dichos grupo.
«Negar la inconstitucionalidad de esta Ley significa validar un sistema de violación que históricamente ha despojado del territorio a los pueblos indígenas y comunidades equiparables. Significa ante todo, validar un modelo de destrucción que amenaza no solo a los pueblos indígenas en lo particular, sino a la vida de todos los seres humanos en lo general», aseguró Cemda, que forma parte de las organizaciones que asesoran a estas comunidades.
En los meses que han transcurrido desde mayo de 2020 a la fecha, se han interpuesto diversos Amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) por parte de instituciones académicas, así como de organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional encaminados a aportar elementos de derecho internacional y comparado que sustentan que la Ley Minera actual es inconstitucional.
Entre los argumentos contenidos en los Amicus curiae y que se han presentado ante la Segunda Sala de la SCJN por parte de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Earthjustice, la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes de Colombia, el Environmental Defender Law Center (EDLC), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, A.C. (PRODH) y académicos de las Universidades Itam e Ibero, se encuentra que “las leyes mineras deben ser consultadas con los pueblos indígenas, pues la extracción de los minerales que comúnmente se encuentran en sus territorios tienen impactos muy intensos que suelen generar daños contrarios al derecho internacional”.
«Hemos decidido hacer este video para dirigirnos nuevamente y de forma respetuosa a quienes integran la Segunda Sala de la SCJN, pues sabemos que el 13 de enero están programando emitir sentencia sobre nuestra demanda de declarar inconstitucional la Ley Minera, que no respeta ni garantiza nuestros derechos fundamentales como nuestra identidad cultural, autonomía, el territorio, el derecho al agua, el acceso a lo recursos naturales», dicen pobladores de Masewal en un video difundido por Cemda previo a la votación.
En la grabación les piden a los ministros y a la ministra que integran la Segunda Sala que voten por declarar la inconstitucionalidad de los artículos que reclaman en su amparo. «Otro México es posible», señalan.
En México, ya sea con proyectos de energías renovables (eólicas) o extractivos (minas), las violaciones a los derechos de los pueblos persisten con el paso de sexenios. En el caso de a minería, el 35 por ciento del territorio nacional se encuentra concesionado a empresas mineras, lo que ha generado diversos conflictos socioambientales como el despojo, acusa el Consejo Maseual Altepetajpianij compuesto por 30 representantes de los tres municipios afectados. Desde la Ley Minera de 1992 van más de 27 mil concesiones de las cuales solo 3 mil operan, según la Cámara Minera de México.
