La aprobación del derecho al aborto en Argentina ha provocado reacciones a favor y en contra y desatado debates en muchos países del Hemisferio Sur, en donde el tema sigue siendo una asignatura pendiente. Mientras que prácticamente en toda Europa, Australia, Estados Unidos y Canadá el aborto es legal, es decir en el llamado “Primer Mundo”, aun cuando tenga restricciones en el número de semanas de embarazo, la mayor parte de las mujeres viven en sociedades que imponen restricciones a decidir sobre su cuerpo. En 26 naciones está prohibido bajo cualquier circunstancia, incluso aquellas en las que la vida de la madre está en riesgo. En otros 35 países, incluido México, solo cuando la salud de la mujer está comprometida, pero eso queda sujeto a legislaciones regionales aun más restrictivas. Adicionalmente otras 60 naciones permiten interrumpir el embarazo bajo consideraciones de salud y penurias socioeconómicas.

En materia de permisividad, México es pues uno de los países con mayor rezago en cuanto a  derechos de la mujer sobre su cuerpo, aun cuando algunas entidades, como la Ciudad de México, han atenuado estas restricciones. No obstante, en este momento la única causal legal de aborto que se contempla en todo el país es el embarazo producto de una violación sexual, e incluso en tales casos en regiones conservadoras el margen de interpretación de jueces y doctores puede convertirse en un obstáculo insalvable.

Más allá de consideraciones éticas o religiosas, y el respeto que tendría que merecernos la opinión de cada cual, no puede ignorarse la existencia de un problema real. Por más que algunos consideren que se trata de un crimen a la vida y asuman que su deber es asegurarse de que su práctica siga siendo ilegal, la experiencia muestra que lejos de resolverlo, ello termina por agravarlo, como suele suceder con la censura. A pesar de las prohibiciones cada año se realizan en México varios cientos de miles de abortos. Puesto que la mayoría son clandestinos, se trata de cifras negras sobre las cuales únicamente podemos especular. Las estimaciones van desde 100 mil a 1.5 millones anuales, pero los expertos han consensuado la existencia de alrededor de medio millón de casos en nuestro país.

Y por desgracia la realidad poco tiene que ver con la normatividad: prohibirlo o no tiene escaso efecto sobre la recurrencia. Parecería ser un fenómeno que tiene que ver más con la falta de información y la educación, el acceso a los anticonceptivos o la ausencia de ellos. Lo que está fuera de duda, en nuestro país o en el resto del mundo, es que el grado de letalidad que desencadena entre las madres es mayor allá donde se practica de manera ilegal. La autoinducción, la clandestinidad, la ausencia de profesionalismo, cobran una cuota infame en número de mujeres, más allá de cualquier otra consideración moral.

Con el antecedente de que la corriente lopezobradorista había propiciado en la Ciudad de México una apertura significativa en los derechos de la mujer en los últimos lustros, muchos consideraron que la conquista del poder federal propiciaría un cambio significativo a nivel nacional; pero en los primeros dos años de Gobierno la 4T prácticamente ignoró el tema. Más aún, las ambiguas reacciones de López Obrador respecto a la agenda feminista o a la movilización de las mujeres en pro de sus derechos, parecería indicar que las creencias del Presidente estaban más cerca de los sectores conservadores en esta materia. Sus reiterados elogios a la estructura familiar tradicional y la invocación frecuente a la biblia y a la moralidad cristiana no hacían sino confirmarlo.

Sin embargo, el viernes pasado, en la última mañanera del año, y a pregunta expresa, López Obrador hizo un planteamiento extraordinariamente sensato. Palabras más, palabras menos, dijo que este es un tema en el cual los mexicanos están divididos y en tal caso lo mejor sería una consulta y que esa consulta debía ser vinculante para que se modifiquen las leyes. Pero una consulta que debería hacérsele a las mujeres en particular; “que no sea un asunto de Gobierno o de los poderes o de las iglesias, sino que sea un asunto de las mujeres, porque ellas son las afectadas”.

El Presidente incluso mencionó la vía para conseguirlo: “la Constitución nuestra lo establece en el artículo 35, se reúne un número determinado de firmas, se solicita una consulta y esa consulta puede ser vinculante y lleva a que se modifiquen las leyes o no, dependiendo de la opinión de las mujeres”.

Desconozco la posición personal de López Obrador sobre el aborto. Hasta donde sé, nunca ha respondido puntualmente a ese tema. Y mientras no lo exprese carece de sentido especular. Pero encuentro muy sano que, al margen de sus creencias personales, reconozca que se trata de un tema que divide a los mexicanos y sobre el cual deben ser los involucrados en primera instancia, en este caso las mujeres, quienes deben tener la última palabra.

Hay muchas acechanzas y riesgos en el camino de una consulta en la que tendría que participar la mitad de la población, pero me parece que es una sugerencia en la dirección correcta: no imponer una decisión de la autoridad o una manera de pensar simplemente porque se detenta el poder. Una buena práctica a seguir en otros rubros igualmente polémicos en lo que resta del sexenio. Ojalá.

@jorgezepedap

Jorge Zepeda Patterson

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Es periodista y escritor.

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