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Gustavo De la Rosa

29/12/2020 - 12:02 am

Las vacunas, otra vez la burra al maíz

Los gobernadores que tienen a sus entidades en la quiebra, que no alcanzan a cubrir su presupuesto normal ni han pagado a sus empleados de salud, exigen que les permitan comprar vacunas en el extranjero y aplicarlas ellos mismos.

La campaña de vacunación contra COVID en México. Foto: Alejandro Rodríguez, Cuartoscuro.

La perversidad nace, crece y se desarrolla en los momentos más críticos.

En este último año México ha enfrentado momentos verdaderamente difíciles y los políticos, cuando debieron dejar a un lado sus filias y fobias partidistas, quitarse el saco y ponerse a trabajar junto con el Gobierno para buscar soluciones conjuntas, prefirieron esforzarse para sacar ganancia política de la situación.

Ellos exigieron que se cerrara la economía y el país cuando apenas se identificaron los primeros casos de COVID, ligados a adinerados que volvían de sus viajes al extranjero (en particular de un chárter a Colorado), pese a que era innecesario porque justo entonces el régimen debía establecer un equilibrio entre salud y economía para una exitosa gestión de la epidemia.

En ese momento se necesitaba unificar un solo mensaje para la población y formar conciencia del riesgo que estábamos enfrentando y cómo se podía reducir, pero en lugar de eso la oposición se dedicó a contradecir, desprestigiar y confrontar a cada una de las instrucciones de la Federación, convirtiendo a López Gatell en el enemigo de México como si él mismo hubiese creado el virus.

Apenas se cerró el país en el mes de abril y la oposición giró sobre sí misma, empezó a exigir que se abriera de vuelta y se manifestó de forma intensa contra las autoridades porque la economía estaba sufriendo, sobre todo la de las grandes empresas. Después, cuando se reactivó la nación, empezó la batalla de los cubrebocas, centrando el control de la epidemia sobre su uso y creando dudas, incredulidad y animadversión contra la autoridad y sus instrucciones y mensajes de salud.

Siguió la cruzada por las pruebas del COVID; al comienzo la oposición exigía que se permitiera a las clínicas y laboratorios privados aplicarlas, pero cuando se autorizó que los realizaran las instituciones que cumplieran los requisitos, la cantidad de exámenes que llevaron a cabo no se comparó, ni por poco, al de los hechos por las instancias de Salud Pública. Los únicos que salieron beneficiados fueron los hospitales y laboratorios particulares, que registraron ganancias millonarias atendiendo a pacientes que acudieron ante ellos debido al desprestigio lanzado contra las instituciones públicas.

A la par de todo esto, la guerra de cifras que mantiene es mezquina y miserable, pues casi aplaude cada muerte que se registra porque cree que así ganará, al menos, un voto.

Ahora, en diciembre, cuando finalmente se reciben las primeras vacunas que serán administradas por el Sistema Nacional de Vacunación, una estructura que ha funcionado durante décadas, la oposición crea confusión y fomenta un ambiente irascible y angustiante para los mexicanos que esperamos ser vacunados.

Los gobernadores que tienen a sus entidades en la quiebra, que no alcanzan a cubrir su presupuesto normal ni han pagado a sus empleados de salud, exigen que les permitan comprar vacunas en el extranjero y aplicarlas ellos mismos o, en su lugar, que las vacunas que llegan les sean entregadas directamente para que, a través de sus instituciones de Salud sin sistema de vacunación, empiecen a aplicarlas.

Está claro que nuestro país tiene recursos limitados para la adquisición masiva de vacunas y carece de una estructura que le permita recibir, almacenar, transportar y distribuir en un mes las 100 millones dosis que son necesarias para la población, tampoco es difícil comprender que su aplicación debe seguir el plan de combate a la epidemia, que indica que las personas que primero deben recibirlas son los empleados de los hospitales Covid y, después, los mayores de 60 años (la población en mayor riesgo).

Luego de atender a estos dos grupos prioritarios se establecerán los mecanismos para que las vacunas puedan aplicarse y distribuirse hasta por entidades privadas, y una vez hecho esto habrá posibilidades de que los hospitales particulares empiecen a colaborar con su aplicación y distribución, aunque les aseguro que pasará lo mismo que sucedió con los exámenes que acabaron ofertándose a precios exageradamente elevados, ¿quién tiene 5 mil pesos disponibles para pagar un examen de COVID? En México son pocos los que disponen de tales cantidades de dinero, en particular por la situación actual.

En estos momentos críticos para el país y angustiosos para muchos de nuestros familiares, es cuando se debe llamar a la unidad, demostrar nuestra generosidad, renunciar a nuestros privilegios y hacer un esfuerzo en beneficio de los sectores marginados de la población, que son los que han sufrido con mayor dolor el impacto de la epidemia.

Yo he planteado a los gerentes de las grandes fábricas maquiladoras de Ciudad Juárez que se preparen y organicen para que, superados los grupos prioritarios de vacunación, ellos faciliten la vacunación a sus 300 mil empleados industriales por cuenta propia, pero su respuesta sólo ha sido, “tenemos que pensarlo”. De la oposición en México no se puede esperar otra cosa que no sea mezquindad, tranzas y actos de inhumanidad.

Gustavo De la Rosa
Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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