Se contempla que para el 2021 no habrá recursos para Guanajuato a través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que este año beneficio a 17 municipios con 214 millones de pesos, a pesar de ser el estado número uno a nivel nacional en casos de asesinatos a policías.
Por Iván Segoviano
Guanajuato, 27 diciembre (ZonaFranca).-. A pesar de que en 2018 se reformó el Código Penal para imponer penas de hasta 60 años a los homicidios de policías, estos han seguido creciendo. La magnitud del fenómeno es tal que Guanajuato ocupa el primer lugar a nivel nacional.
Desde 2018 y hasta noviembre de 2020, Guanajuato acumula 220 ataques mortales contra elementos de corporaciones policiacas. En México se han registrado mil 387 policías asesinados.
En la entidad, se acumulan 82 eventos de este tipo según cifras de Causa en Común. El municipio de Celaya es el que más policías asesinados acumula este mismo año con 23 homicidios.
No sólo han sido policías preventivos municipales los que han perdido la vida, sino prácticamente de todas las corporaciones de seguridad entre preventivos y estatales, además de ministeriales y agentes viales.
Incluso han sido atacados agentes federales y unidades de la Guardia Nacional, en ataques directos o estando en días de descanso.
Desde hace dos años, Guanajuato ocupa los primeros lugares en todo el país de asesinatos de agentes de seguridad, Guerrero, Chihuahua y el Estado de México, son entidades constantes con este fenómeno, mientras que en Jalisco, Veracruz y Puebla se han dado casos con altas cifras de este tipo de ataques.
En los casos de policías asesinado en Guanajuato sumaron 66, para el año siguiente en 2019 la cifra subió a 73 y en 2020 ya son 81 los elementos de seguridad ultimados en la entidad.
El 02 de abril en Celaya dos policías ministeriales fueron asesinados después de ser emboscados por sujetos armados. En el mismo ataque, dos policías más fueron lesionados cuando viajaban en un vehículo oficial, uno de ellos perdió la vida en el hospital.
El 09 de mayo en el mismo municipio de Celaya, tres policías municipales fueron abatidos por un comando armado en el fraccionamiento Quinta Santa María, quienes viajaban a bordo de dos camionetas.
El 11 de junio, en Silao tres elementos de la Policía Municipal fueron asesinados en el estacionamiento de una plaza comercial al momento de estar dando el rondín de seguridad en la mencionada zona.
En este mismo municipio de Silao, el 29 de junio, 18 días después del triple homicidio, otros tres policías fueron atacados a balazos por un comando armado en la madrugada, dejando muertos a tres elementos preventivos y dejando uno más lesionado.
Uno de los ataques más sonados a nivel nacional, se dio en el municipio de Jerécuaro el 03 de julio, cuando elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), circulaban por la carretera Apaseo –
Jerécuaro cuando fueron atacados por un comando fuertemente armado. Además, quedó lesionado de gravedad a un elemento más.
INCREMENTAN PENAS Y SIGUEN AUMENTO EN LOS CASOS
Ante el incremento de los asesinatos de policías, el Congreso local aprobó en 2018 reformas al Código Penal para sancionar con mayor severidad a los responsables de este tipo de ataques y sin embargo, estos siguieron creciendo.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, el diputado Rolando Alcántar Rojas, recordó que el delito amerita la pena máxima posible en la entidad, pero reconoció que aún hay cosas que hacer para buscar revertir la situación.
“Efectivamente en cuanto la parte de sancionar un delito con toda severidad, ya se hizo una modificación, se han estado haciendo todas las revisiones, ya se hizo lo más que se puede conformar la Constitución…aquí por supuesto hay mucho más cosas que hacer y estamos trabajando precisamente en ello”, sostuvo.
Recordó que recientemente se presentó una iniciativa de Ley de Servicio de Carrera Policial y la cual busca responder a las circunstancias particulares que tiene la entidad y la protección que le brinda a sus elemento de policía.
“Estamos buscando que efectivamente tengamos mucho mejor en este recurso, protección los cuerpos de policía, no nada más el tema de un buen seguro de vida, buenas prestaciones mejores condiciones laborales, sin incluso estamos buscando de llegar el tema de que no puede haber elementos de instituciones policiacas que salgan a la calle sin un arma a cargo y con un chaleco antibalas que sería un salvavidas para ellos”, subrayó.
Añadió que estas disposiciones planteadas en la legislación que está en análisis contempla no solo agentes policiacos sino elementos de tránsito y custodios de centros de reinserción social.
El legislador insistió en que la norma podría abrir el debate sobre el uso permanente de armas para elementos de la policía y el trámite de licencias que tendría que realizarse para su portación legal.
“Hoy en día podría tenerse una licencia colectiva de portación de arma de fuego, es decir que sin el permitido de portar un arma de fuego cuando están funciones policiales el turno como le dicen ellos y plantear otro tipo de mecanismos implican otro tipo de licencia, otro tipo de capacitación, de legislación pero son elementos que nosotros creemos que pueden aportar mucho a la protección de nuestros elementos”, puntualizó el diputado.
PEGA FALTA DE RECURSOS EQUIPAMIENTO DE POLICÍAS
Sin embargo, para 2021 se contempla que no habrá recursos para Guanajuato a través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que este año beneficio a 17 municipios con 214 millones de pesos.
A través de estos recursos, los municipios tiene la posibilidad de adquirir equipamiento para sus policías. Por otro lado, del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal se ha anunciado que aún queda una bolsa disponible para distribuir el próximo año por 200 millones de pesos.
Este año, en el eje de seguridad pública el Gobierno de Estado invirtió más de cinco mil millones de pesos, para 2021 se contempla un presupuesto por más de siete mil millones de pesos para el Eje de Seguridad y Paz Social y en el que se incluyen los presupuestos de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.
