Cuando el Poder Ejecutivo envía su proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos al Congreso del Estado está entregando un documento tan extenso y tan complejo distribuido en cientos de partidas muy específicas que contienen la clave de la administración del Estado, que es imposible para los diputados que no tienen una amplia experiencia y conocimiento detallado del quehacer de la Administración Pública comprenderlo a cabalidad, menos aún tener plena conciencia de lo que se está aprobando a través del voto.

A sabiendas de lo anterior y como Diputado por el Séptimo Distrito de Ciudad Juárez, este año me he concentrado en la búsqueda de recursos para mi distrito, encontrando de paso vacíos, sin presupuesto, seis ámbitos fundamentales.

Primeramente, si reconocemos que tal vez el problema más grave que enfrenta nuestra ciudad sea el problema de la Seguridad Pública, considerando que la actual tasa de homicidios es de un centenar por cada 100 mil habitantes (en Japón es de dos por cada 100 mil) y recordamos los múltiples estudios sociológicos y estadísticos que encuentran una relación casi causal entre la compraventa de drogas y los homicidios, que este año sumarán más de mil 500, podemos determinar que uno de los ámbitos que requieren presupuesto urgentemente es la prevención de adicciones.

Datos indican que más de 150 mil juarenses han usado algún tipo de enervante en los últimos años; de ellos, 30 mil han tenido conflictos con la ley y, se calcula, por lo menos 25 mil requieren de atención para controlar su drogodependencia. Para atender esta realidad es indispensable que se destinen por lo menos 100 mdp para ser administrados por las secretarías de Salud, Educación, Desarrollo Social y el DIF, pues son las instituciones que tienen trato directo con los ciudadanos que viven en las zonas de riesgo.

Otro ámbito sin presupuesto y que representa otro gran problema es la terminación de un proyecto de movilidad urbana que pretende agilizar el tráfico vehicular por una de las avenidas principales, de unos 30 kilómetros de longitud, que cruza la urbe de norte a sur y que, toda proporción guardada, es el equivalente a la avenida de los Insurgentes en la Ciudad de México.

Esta vía, la avenida de Las Torres, corre perpendicular a varias otras arterias importantes que cruzan de oriente a poniente y el Gobierno del estado, junto con un fideicomiso autosustentable a cargo del peaje en los puentes internacionales, comenzó a construir puentes y derivaciones en los cruces de mayor flujo vial; con cerca de una decena de obras planeadas, su levantamiento simultáneo ha causado gran incomodidad a las miles de personas que transitan por dicha avenida haciendo que día a día gasten horas de su vida camino al trabajo o de regreso a casa. Sin embargo, no hay partidas específicas para concluir las obras, requiriéndose entre 300 y 400 mdp para llevarlas a término.

Si no se trabaja en ellas y no se concluyen antes del cambio de poderes que se realizará el próximo año, los grandes inconvenientes que fastidian día a día a los automovilistas se prolongarán uno o dos años más, hasta que se tengan los recursos suficientes para terminarlos. Este tipo de obras inconclusas en materia de vialidad y planeación urbana han destruido nuestra ciudad en numerosas ocasiones.

También debe considerarse para el proyecto el problema que enfrentan 90 mil derechohabientes del Sistema de Salud de Pensiones Civiles del Estado, que está por colapsarse porque las dependencias que los ocupan no han previsto en sus presupuestos el pago de sus adeudos a la desconcentrada de salud; sin embargo, en muchos casos sí descontaron los recursos correspondientes a las cuotas de recuperación de los salarios de sus trabajadores pero dispusieron del dinero para otras actividades y gastos, sin entregarlo a la institución. Debido a estas maniobras, Pensiones Civiles enfrenta adeudos por más de 2 mil millones de pesos, aunque, según un comité de pensionados organizados para exigir mejoras en el servicio, la cantidad adeudada es más bien cercana a los 4 mil mdp.

Con esos hoyos en su presupuesto es explicable que numerosos hospitales estén a punto de bajar las cortinas y no recibir a los pacientes derivados por Pensiones.

En octubre fue dramático observar el colapso del sistema de salud ante la epidemia de la COVID-19 y encontrar en redes los videos y testimonios de personas que presenciaron la muerte de ciudadanos a las puertas de los hospitales; sería terrible que lo mismo sucediera con los burócratas que han agotado su vida al servicio de los funcionarios gubernamentales de alto nivel sólo porque el Estado no ha pagado sus cuotas.

La lucha contra la corrupción es fundamental e inevitable en todos los niveles de Gobierno, por lo que, tratando de ser más eficientes en la misma, se ha construido un sistema anticorrupción que involucra a las seis dependencias estatales vinculadas a la aplicación de la ley; dicho sistema está presidido por un comité ciudadano electo tras un complicado proceso, diseñado con el objetivo de asegurar que los miembros del comité sean ciudadanos independientes, creíbles y honestos. Sin embargo, al revisar el Presupuesto de Egresos encontramos que desaparecieron todas las partidas destinadas a su funcionamiento.

Es muy difícil que las dependencias acusadas de los mayores actos de corrupción sean las encargadas de mantener la investigación de tales delitos, por lo que se necesita una partida de 10 millones de pesos para el funcionamiento mínimo del comité ciudadano al mando del sistema anticorrupción del estado.

Por razones similares fue que no sorprendió una solicitud del comité de narcomenudeo, dependiente de la Mesa de Seguridad, indicando que el área de periciales de la Fiscalía General del Estado en la zona norte, correspondiente a Ciudad Juárez, carece de los equipos básicos y materiales fundamentales para el desarrollo de su trabajo, carencias por las cuales son incapaces de procesar al 60 por ciento de los detenidos por posesión simple de narcóticos (heroína, cocaína y metanfetaminas, como el cristal), mientras que buena parte del 40 por ciento que sí se consigna al Poder Judicial lleva la carpeta de investigación prendida con alfileres.

Es increíble que un departamento fundamental para la aplicación de la ley carezca de las herramientas indispensables para desarrollar su trabajo; con un déficit de 10 millones de pesos necesarios para su funcionamiento, no aparecen en la Ley de Ingresos ni el Presupuesto de Egresos.

Como el sexto y último ámbito sin considerar, observamos que la Secretaría de Cultura tiene una buena cantidad de espacios, como teatros, salones, explanadas y espacios determinados en pueblos chicos que enfrentan una crisis de mantenimiento y atención estructural, requiriendo una inversión mínima de 50 millones de pesos.

Esas son seis necesidades indispensables para el trabajo del próximo año que el Presupuesto de Egresos no contempla; esos vacíos se encuentran perdidos en los cientos de páginas que debemos revisar y seguramente habrá más huecos importantes que no advertí, porque no hay promotores de las acciones de Gobierno que vayan a exigirnos aprobar partidas específicas para la convivencia ciudadana.

Aprovecho mi espacio, sin embargo, para dejar constancia de que he presentado los exhortos correspondientes a la Comisión a cargo para que atienda estas grandes necesidades y busque la manera de establecer los equilibrios y redistribuya los recursos entre otros gastos que pudieran ser pospuestos o no sean tan prioritarios.

No sé cómo nos vaya a ir, pero voy aprendiendo que en el Congreso los diputados debemos hacer un trabajo más a fondo y no sólo cuadrar nuestro voto según las decisiones del coordinador o nuestra fracción parlamentaria; finalmente, los diputados somos responsables de que haya recursos suficientes para atender las grandes necesidades de los chihuahuenses y muchas veces tomamos las decisiones con cierto grado de frivolidad y desconocimiento del impacto de nuestros votos.

Realmente es difícil que en tres años los diputados electos aprendan y organicen su tiempo para desarrollar un trabajo tan complejo e importante, más bien, antes de ser electos, deberían llevar un curso para poder ser candidatos porque el trabajo de la legislatura lo hace un conjunto de asesores con años de experiencia, que han trabajado en el Congreso y que son indispensables, independientemente del partido que tenga mayoría en la Cámara.

Digo lo anterior porque el papel más importante que cumplimos los diputados es la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos cada año.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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