Diez años después del derrame, cumplidos en abril pasado, y dos años después de firmado el acuerdo, ni un dólar de los 25.5 millones pagados por BP han ido a los bolsillos de los pescadores mexicanos, que después del acuerdo entre la empresa y el Gobierno vieron rechazada su demanda en la corte de Estados Unidos, y desde diciembre de 2018 han buscado comunicación con López Obrador para pedir su atención al caso, sin recibir respuesta hasta este momento.
Por Claudia Ocaranza (PODER) y Nathaniel Janowitz (Vice World News)
Ciudad de México, 17 de diciembre (PODER).-- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió 5.3 millones de dólares (más de 98 millones de pesos) de los 25.5 que pagó British Petroleum (BP) al Gobierno para que México retirara la demanda por el derrame de petróleo en el Golfo de México. No existe una sola factura que pruebe el uso del dinero, según comprobaron vía solicitudes de información PODER y Vice World News para esta investigación. Luis Videgaray era titular de la SRE cuando acordó la compensación.
El actual Presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció el 12 de octubre que pediría a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe de la denuncia y del acuerdo extrajudicial al que llegó el Gobierno de Enrique Peña Nieto con BP.
BP y el Gobierno mexicano firmaron un acuerdo el 15 de febrero de 2018 para que México retirara la demanda por los daños provocados por el derrame de petróleo en el Golfo de México, consecuencia de la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en 2010, considerado el peor del siglo XXI. El acuerdo, dado a conocer por PODER y BuzzFeed News en septiembre de 2018, incluye una cláusula que impide a México reabrir el caso legalmente.
La contraprestación por retirar la demanda fueron 25.5 millones de dólares, 5.3 de los cuales fueron usados para solventar gastos del Servicio Exterior Mexicano (SME) entre junio y diciembre de 2018, aunque no existe una sola factura que pruebe efectivamente el uso del dinero. En Estados Unidos, la empresa pagó más de 60 mil millones de dólares que terminó en su mayoría en las cuentas de pescadores y comerciantes afectados como forma de reparación del daño.
Más de 10 mil pescadores mexicanos, de los 25 mil pescadores afectados por el derrame que no han recibido ninguna reparación, presentaron en septiembre de 2020 una demanda ante la FGR en contra de Luis Videgaray Caso, Gerónimo Gutiérrez Fernández, ex embajador de México en Estados Unidos y firmante del acuerdo, y William J. Noble, representante legal de BP. El exsecretario de Relaciones Exteriores ya enfrenta señalamientos de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), a su vez acusado por enriquecimiento ilícito por el caso de lavado de dinero Odebrecht en México.
EL REPARTO DE LA COMPENSACIÓN MILLONARIA
Según el acuerdo, los 25.5 millones de dólares se repartieron en dos partidas: 15.3 millones para las investigaciones de monitoreo y otros gastos que tuvo el Gobierno mexicano ante el incidente de Deepwater Horizon, y 10.2 millones para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), para crear programas “para la protección socio-ambiental, conservación y/o restauración del Golfo de México”.
Los 98 mil 685 millones 470 pesos, 5.3 millones de dólares, parte de los 15.3 millones de dólares destinados a los gastos del Gobierno, fueron depositados a la SRE y supuestamente fueron gastados entre junio y diciembre de 2018. En una respuesta a una solicitud de información presentada para este reportaje, la Secretaría respondió que el dinero fue una “donación” de BP y que fue usado para “traslados del personal federal del ejercicio fiscal 2018, partida a través de la cual se cubren los gastos del Programa de rotación de los miembros del Servicio Exterior Mexicano”.
Para más detalle, la SRE dijo que el dinero fue destinado a “Gastos de Instalación y Traslado de Menaje, en específico a la partida tres mil 7701 “Instalación del Personal Federal”, se refiere a las asignaciones destinadas a cubrir los gastos que ocasione la instalación del personal (en este caso) diplomático y consular al servicio de las dependencias y entidades, cuando en el desempeño de funciones oficiales dentro o fuera del país, se requiera su permanencia fuera de su residencia en forma transitoria o permanente, incluyendo, en su caso, el traslado de menaje de casa.»
En la respuesta se adjuntaron pruebas de los depósitos mensuales en la cuenta de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, y enviaron una hoja de cálculo para mostrar cuánto dinero fue aprobado y gastado por cada una de las unidades administrativas dentro del programa de rotación en 2018. La respuesta no mostró directamente los 98,695,470 pesos en la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto; sin embargo, un análisis del documento sugiere dónde terminó el dinero.
Cuatro diferentes unidades administrativas recibieron grandes incrementos a sus presupuestos en 2018. La Dirección General de América del Norte llegó a los 35 mil 462 millones 204 pesos, un incremento de casi tres veces de su presupuesto original. Esa unidad dependía también del entonces Embajador mexicano en Estados Unidos y hoy acusado en la demanda de los pescadores mexicanos, Gerónimo Gutiérrez Fernández, cuya familia es socia de Grupo Idesa, empresa socia de Braskem, filial de Odebrecht.
Consultado para este reportaje, Gutiérrez Fernández respondió vía correo electrónico que no estuvo involucrado en la negociación del acuerdo con BP, pero que lo firmó debido a que recibió “una instrucción del consejero legal de la SRE de firmar (…) firmé el acuerdo de desistimiento basado en la instrucción y en mis deberes como Embajador”. Sobre los 5 millones de dólares y su uso en la unidad administrativa que lideraba, aseguró que “obviamente ni la Embajada ni yo tuvimos nada que ver con el proceso administrativo, incluido el pago ni su uso final”.
Mientras que sobre su relación con Idesa, comentó que la empresa fue fundada por su abuelo hace 70 años y que “en 2017, mi padre murió y yo heredé una parte de sus acciones cuando el proceso de la herencia acabó, en 2018. Reporté esto en mi declaración patrimonial y de conflicto de intereses. No tengo relación con Braskem ni Odebrecht”.
La Dirección General de América Latina y El Caribe, igualmente casi triplicó su presupuesto llegando a los 19 mil 588 millones 375 de pesos. La Dirección General de Asia Pacífico duplicó su presupuesto a siete mil 866 millones 375 de pesos. El mayor incremento lo tuvo la Dirección General de Europa, poco involucrada en el derrame de petróleo de 2010, creciendo casi 17 veces su presupuesto original a 35 mil 210 millones 740 de pesos.
LA SRE OMITE PRUEBAS DEL GASTO
De acuerdo con la confusa hoja de cálculo obtenida por transparencia, sólo otras 11 unidades administrativas recibieron alguna especie de incremento en su presupuesto, y ninguno fue tan grande como el dado a las embajadas en el extranjero. Varias unidades tuvieron un recorte presupuestal, mientras que a otras se les asignó dinero sin especificar si fue usado o no. Incluso algunas unidades declararon no haber gastado nada de dinero.
Sin embargo, se muestra que para los cuatro órganos mencionados anteriormente, el presupuesto modificado sí provino de nuevos fondos, que fueron gastados en 2018. Las cuentas en los documentos de la SRE no muestran casi 100 mil pesos faltantes que no integran la suman de los presupuestos de las cuatro unidades administrativas.
Al ser cuestionada, vía dos solicitudes de información, por pruebas del gasto del dinero, la SRE respondió que en la partida donde se usó el dinero, no se diferencia si el recurso tuvo o no origen en la indemnización de BP, además de que «dichas unidades administrativas manifestaron que no cuentan con registro de recibos, órdenes de pago, contratos o cualquier tipo de documento que muestre específicamente cómo se usó el recurso al que hace referencia, toda vez que los recursos presupuestales asignados no están etiquetados, y por lo mismo el ejercicio del gasto no se puede desagregar a ese nivel de detalle.”
Al solicitar una entrevista, la SRE respondió con una “tarjeta informativa”, en la que hizo un resumen del caso, mismo que dio a conocer PODER y BuzzFeed News en 2018. Ante mayor insistencia, la SRE no respondió sobre la falta de facturas, sólo aclaró que el dinero fue recibido como donativo “por instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo dispuesto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, en particular en su Artículo 18”. Luis Videgaray, Secretario de Relaciones Exteriores hasta noviembre de 2018, fue contactado vía correo electrónico, sin obtener respuesta al cierre del reportaje.
A través de un documento proporcionado a PODER y Vice World News por una de las personas que trabajaron en la SRE durante la administración de Peña Nieto, explica que se hicieron 234 traslados de personal del SEM, y que “la documentación que soportó el pago de estas erogaciones fue: Las facturas pagadas al proveedor Autotransportes Internacionales S de RL de CV, empresa contratada para llevar a cabo los menajes de la casa, y los formatos presentados por las Coordinaciones Administrativas centrales y de las Representaciones de México en el Exterior (embajadas y consulados), solicitando el pago de los Gastos de Instalación del personal del SEM que participó en el Programa de Rotación 2018.”
Esa misma fuente proporcionó un documento donde se lee que 1.5 millones de dólares se clasificaron bajo “otras”, y confirma los montos para las demás unidades administrativas.
Cuestionada, la SRE a través de su departamento de comunicación externa, explicó que era imposible dar seguimiento a cada centavo del dinero que pagó BP, por haber entrado a un fondo ya existente, como aquel para el Programa de Rotación del Servicio Exterior Mexicano. PODER y Vice World News solicitaron entonces al área de comunicación todas las facturas, los formatos presentados para solicitar el pago de los gastos de instalación, y cualquier documento que probara la relación entre la empresa Autotransportes Internacionales S de RL de CV y el aumento de recursos para la misma, si lo hubo, después de ingresado el dinero de BP, sin que al momento del cierre de este reportaje se haya recibido respuesta.
Es decir, la SRE actual no proporcionó toda la información relacionada con el uso del dinero, a pesar de las múltiples solicitudes de información y de entrevistas, levantando, una vez más, un velo de opacidad en la relación BP-México y en el uso del dinero pagado por la empresa.
Anteriormente, el acuerdo entre BP y el Gobierno mexicano fue firmado sin anunciarse públicamente y obedeciendo a los intereses de la empresa y el Gobierno ante la aplicación de la Reforma Energética del expresidente Enrique Peña Nieto.
Diez años después del derrame, cumplidos en abril pasado, y dos años después de firmado el acuerdo, ni un dólar de los 25.5 millones pagados por BP han ido a los bolsillos de los pescadores mexicanos, que después del acuerdo entre la empresa y el Gobierno vieron rechazada su demanda en la corte de Estados Unidos, y desde diciembre de 2018 han buscado comunicación con López Obrador para pedir su atención al caso, sin recibir respuesta hasta este momento.
