En 2014 la ONU cuestionó en dos ocasiones al Vaticano por no haber frenado oportunamente los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes.
Por María Verza
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de diciembre (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará el jueves por primera vez en su historia la pederastia clerical en América Latina, un problema que afecta a 19 países de la región aunque asociaciones de víctimas aseguran que los casos conocidos son sólo la punta del iceberg.
El objetivo es que el sistema interamericano se pronuncie sobre "la responsabilidad de los Estados americanos en el encubrimiento o en la falta de justicia frente a las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes", afirmó Adalberto Méndez, coordinador legal de la organización para el Fin de los Abusos Clericales (ECA, por sus siglas en inglés).
“Esto no es un tema de fe", subrayó Méndez en una entrevista con The Associated Press. "Es un tema terrenal, de gente que está cometiendo delitos" y de autoridades que de forma “generalizada y sistemática” violan sus compromisos de proteger a la infancia y dejan en la impunidad crímenes graves.
En 2014 la ONU cuestionó en dos ocasiones al Vaticano por no haber frenado oportunamente los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes.
Seis años más tarde, los proponentes de esta audiencia en el seno de la Organización de Estados Americanos -a la que pertenece la CIDH- quieren ir más allá y presentar pruebas de cómo los países latinoamericanos incumplieron la convención americana al dejar sin protección a cientos de menores que fueron víctimas de abusos sexuales por parte de instituciones religiosas en general.
Según un informe de fines de 2019 de la Red Internacional por los Derechos de los Niños (CRIN, por sus siglas en inglés), sólo cuatro países latinoamericanos suman más de un millar de denuncias en la región: México, con al menos 550; Chile, con unas 243, Colombia con 137 y Argentina con 129.
Ese documento además alertaba sobre países donde el problema continuaba “sin existir” de forma oficial y ponía de ejemplo a Brasil, aunque un informe interno del Vaticano de 2005 calculaba que uno de cada 10 sacerdotes brasileños se encontraba implicado en casos de abusos, es decir, alrededor de mil 700 religiosos.
Ahora un pronunciamiento público de la CIDH “marcaría un punto de inflexión, un avance en la dirección adecuada y se podría obligar a los Estados a judicializar los casos”, explicó Méndez.
Las organizaciones de víctimas confían en que pueda abrir la puerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aquellas víctimas que hayan agotado todas las vías posibles de justicia en sus países, que provoque una nueva oleada de denuncias o que pueda incentivar la creación de comisiones nacionales de investigación o propiciar leyes para que estos delitos no prescriban, una de las grandes exigencias de las víctimas.
En la actualidad, los abusos sexuales a menores sólo son imprescriptibles en tres países latinoamericanos: Argentina, Chile y Ecuador.
Las organizaciones de victimas también cuestionan los acuerdos diplomáticos que los Estados mantienen con el Vaticano -los llamados concordatos- que limitan la capacidad de las autoridades civiles para investigar o enjuiciar a presuntos involucrados de la Iglesia católica.
El Papa Francisco ha prometido en varias ocasiones una política de tolerancia cero hacia los abusos clericales y ha propiciado investigaciones puntuales y reformas que en 2019 acabaron con el secreto pontificio y actualmente obligan a los obispos a denunciar los casos ante la justicia civil.
Pero las leyes siguen siendo ignoradas por algunos miembros de la Iglesia que desestiman las denuncias de las víctimas y optan por proteger a sus sacerdotes. Además, los casos que sí se judicializan se centran, sobre todo, en los victimarios pero no en sus cómplices o encubridores, que son los destinatarios del actual movimiento ante la CIDH.
“Los Estados (latinoamericanos) han tenido una postura omitente, de no control a la Iglesia aunque los chicos eran abusados dentro de instituciones”, denunció Sergio Salinas, abogado del llamado “caso Próvolo” sobre una serie de abusos y violaciones cometidos en el instituto católico Antonio Próvolo para niños sordos en Argentina.
Aunque en 2019 fueron condenados dos sacerdotes de ese instituto y hay más juicios previstos para este año, Salinas consideró que este caso demuestra cómo el Estado argentino permitió que la Iglesia ocultara información pese a tratarse de víctimas muy vulnerables.
Además, recordó que todavía más de 200 víctimas deben prestar declaración como parte de una investigación en la que se habla de “abusos sexuales en manada, pornografía, la provocación a orgías y hasta la existencia de torturas con el uso de cadenas”.
Argentina será uno de los ejemplos que se presentarán en la audiencia del jueves junto con México, Ecuador, Colombia y Perú, estados que ECA considera encubridores y que violaron distintos derechos humanos como la seguridad jurídica, el debido proceso, la libertad de prensa o el acceso a la información.
México, por ejemplo, tiene paralizada una denuncia por el encubrimiento de 15 sacerdotes contra el Cardenal Norberto Rivera, uno de los religiosos de más alto rango cuestionados por las víctimas del país latinoamericano que más denuncias ha registrado y que protagonizó uno de los casos paradigmáticos de abusos en la Iglesia católica: el del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel.
En Ecuador, el Estado se ha negado a escuchar a las víctimas del sacerdote César Cordero, que fundó un imperio educativo en Cuenca, una de las ciudades más católicas del país, y hasta fue galardonado por las autoridades.
Sara Oviedo, miembro del Comité de Derechos del Niño de la ONU de 2013 a 2017 e integrante del equipo de Naciones Unidas que alertó en 2014 sobre la inacción del Vaticano ante los crecientes casos de pederastia, reconoció que el nivel de impunidad de la violencia sexual en América Latina es alto. “Los Estados han hecho la vista gorda, nadie quiere pelearse con la Iglesia”.
Agregó que “los Estados no han cumplido con los niños, niñas y adolescentes, no han cumplido con la justicia... Tenemos que ponernos a la altura de las esperanzas de las víctimas”.
