Ayer finalmente, las comisiones unidas del Senado de la República encargadas de dictaminar las iniciativas sobre regulación del cannabis aprobaron en lo general un texto que muy probablemente se discuta hoy en el pleno. Después del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le ordenó al Congreso de la Unión legislar para eliminar los artículos declarados inconstitucionales por una jurisprudencia derivada de cinco sentencias de amparo consecutivas en las que el tribunal reconoció el derecho de las personas a consumir mariguana en ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad, y de un largo proceso que comenzó en 2007 cuando la Diputada Elsa Conde presentó en la Cámara de Diputados las primeras iniciativas para regular el cannabis de manera no prohibicionista, el Senado discutirá y probablemente aprobará una Ley Federal para la Regulación del Cannabis y una serie de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal mal hechas y abigarradas, que no cumplen con el objetivo de despenalizar el cultivo, la comercialización y el consumo de mariguana ni establecen reglas eficaces para  su uso terapéutico.

El proceso de dictamen fue liderado por el Senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia. Empeñado, por lo visto, en favorecer a las empresas canadienses que vieron a tiempo una ventana de oportunidad para controlar al mercado legal del cannabis en México, tanto el medicinal como el de uso personal adulto, desde octubre de 2019 el Senador Menchaca esbozó las líneas generales de sus compromisos: una regulación restrictiva, con barreras de entrada infranqueables para los productores tradicionales de mariguana, los campesinos pobres que han sembrado la planta bajo la dominación de las organizaciones criminales y acosados constantemente por el Estado, que los ha hecho víctimas de una represión constante, extorsionándolos, encarcelándolos y destruyendo sus cultivos.

Desde su primera versión, el dictamen de Menchaca establecía una serie de criterios que solo se explican como resultado de un intenso cabildeo de las grandes empresas empeñadas en capturar el mercado, copiados de la normatividad canadiense. En cambio, nunca estuvo dispuesto el justiciero Senador a eliminar los delitos vinculados al consumo ni a descriminalizar el cultivo que no cumpliera con los requisitos empresariales con los que parece comprometido. Un proyecto enredado, lleno de reglas sesgadas, que ni siquiera satisfacía, en sus primeras versiones, con el mandato de la Suprema Corte, pues se establecían una serie de restricciones al cultivo para el autoconsumo muy superiores a las garantizadas por el alto tribunal en los amparos de los que derivó la jurisprudencia.

En un proceso escabroso, empantanado por las reticencias del Presidente de la República al avance de la regulación, el Congreso no fue capaz de cumplir con el plazo máximo establecido por la Corte y tuvo que pedir una prórroga, la cual se prolongó por la suspensión de plazos judiciales provocada por la pandemia. Cuando se reanudó el trámite legislativo del asunto, Menchaca cambió el dictamen para empeorarlo, con muchas más restricciones y con mayores penalizaciones que las actualmente existentes

El machacado jurídico de Menchaca se enfrentó a la oposición tanto de los académicos que estudiamos política de drogas, como de las organizaciones civiles de derechos humanos y de los colectivos de usuarios de cannabis, que lo consideraron violatorio de sus derechos. El principal problema del menjunje indigesto es que pretende regular sin despenalizar tan siquiera la posesión simple de cannabis. El bodrio legislativo sobrerregula, enreda y discrimina, pues creará un mercado legal para la mariguana producida por grandes empresas que podrán comprar a altos precios los fifís de la Condesa o los turistas de Cancún, mientras que los consumidores de los barrios pobres, que compren la mariguana de siempre –la de los carrujos de a 50 pesos– seguirán siendo extorsionados por la policía, detenidos y, si compran un cuarto para dividirlo entre varios, podrán ser encarcelados por varios años, con el agravante de que cometerán un delito de los que se castigan ahora con prisión preventiva oficiosa.

Por supuesto, a los campesinos pobres, sin acceso a la justicia, los seguirán persiguiendo como siempre. Nada cambiará para ellos si se aprueba el dictamen como está. Si la regulación sensata de la mariguana serviría para hacer justicia a quienes han sido víctimas de una prohibición que sólo ha dado malos resultados, la ley Menchaca, en cambio, agudiza la desigualdad que siempre ha marcado a la política de drogas, la cual se ha cebado con los más pobres.

En el proceso legislativo en curso, la sensatez y el clamor justiciero ha tenido a una campeona. La Senadora Patricia Mercado ha jugado un papel central en el debate, con propuestas para mejorar el proyecto, y ha puesto por delante los argumentos. A ella se deben, sin duda, los pequeños avances conseguidos en la discusión de la última semana. Gracias a su perseverancia, en el dictamen se redujeron muchos de los requisitos inicuos que se establecían en el proyecto original a la posibilidad del autocultivo de mariguana en domicilios particulares, para, al menos, satisfacer los requerimientos de la Suprema Corte. Sin embargo, no pudo vencer la resistencia de la mayoría de Morena a eliminar la prohibición del cannabis en el Código Penal, ni siquiera en su vertiente de posesión simple por encima del umbral de 28 gramos, aún cuando no se acredite la intención de venta.

Otros senadores también intentaron impulsar una mejor regulación. Incluso Claudia Ruiz Massieu del PRI se pronunció por la despenalización, pero el conservadurismo de la actual coalición de Gobierno parece imponerse. El mayor ridículo lo ha hecho la Secretaria de Gobernación, que al inicio de esta legislatura presentó como Senadora una iniciativa mucho menos deficiente que lo que está a punto de aprobarse, pero que desde su posición en el Gobierno ha demostrado su absoluta falta de influencia política.

Falta la discusión en el pleno del Senado y, después, el trámite en la Cámara de Diputados. Soy muy pesimista, pero a los mejor le enmiendan la plana a Menchaca y se corrige la simulación de una regulación sin despenalización, injusta y absurda, porque, además, dadas las débiles capacidades del Estado mexicano para aplicar la ley muchas de sus enredadas reglas ni siquiera podrían ser aplicadas, mientras que otras se aplicarían arbitrariamente para mal.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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