Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- José Antonio Meade Kuribreña y Rosario Robles Berlanga estrecharon manos el 27 de agosto de 2015. Ese día, Meade Kuribreña recibió la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Robles Berlanga la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Dos dependencias a través de las cuales hubo millonarios desvíos de recursos para favorecer campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre ellas la carrera presidencial de Meade en 2018.

La triangulación de recursos de programas sociales –sobre todo de Sedesol y Sedatu– ocurrió durante casi todo el sexenio pasado y abarcó esquemas de defraudación como la llamada “Estafa Maestra”, que entre 2013 y 2014 causó daños al erario público por al menos 7 mil 670 millones de pesos.

El papel de Rosario Robles como participante de dicha estafa se ha documentado en numerosas pruebas que llevaron a su aprehensión en agosto de 2019 y, en particular, con su reciente disposición para acogerse a la figura de testigo colaborador, con la finalidad de aportar pruebas contra altos funcionarios públicos del sexenio (2012-2018) de Enrique Peña Nieto a cambio de beneficios en su proceso penal.

En el caso de Jose Antonio Meade la situación es diferente. Entre agosto y septiembre del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron que el exfuncionario público no era investigado y que tampoco enfrenta, hasta el momento, causas penales por la Estafa Maestra. Sin embargo, la defensa de Robles asegura que Meade sí estaba al tanto de las irregularidades no solventadas durante la gestión de la experredista como titular (2012-2015) de la Sedesol.

La sucesión entre Robles y Meade en dicha Secretaría en 2015, los presuntos desvíos a favor de su campaña presidencial en 2018, e incluso los señalamientos del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin en su contra, pues lo acusa –sin pruebas fehacientes– de participar en acuerdos irregulares relacionados con la planta Etileno XXI en el sexenio (2006-2012) de Felipe Calderón Hinojosa, han levantado sospecha en el escrutinio público: ¿qué tan honorable y legal ha sido la vida pública de Jose Antonio Meade?

Si bien no hay pruebas en su contra y él asegura que su actuar como funcionario público siempre ocurrió con “absoluta honorabilidad y legalidad”, durante su gestión como Secretario de Estado entre 2013 y 2017, las dependencias que encabezó causaron probables daños al erario público federal por 2 mil 979 millones 721 mil 445 pesos, de acuerdo con cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) analizados por la Unidad de Datos de SinEmbargo.

Aún cuando Meade sea inocente de actos directos o intencionales de corrupción, la normatividad vigente no lo exime de toda responsabilidad, siempre y cuando estuviera enterado de la comisión de irregularidades y no hubiera hecho algo para impedirlo y para facilitar la procuración de justicia.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que no sólo los funcionarios públicos que hayan incurrido en actos u omisiones relacionados con faltas administrativas graves y no graves son sujetos a sanción. También las personas que encubran (Artículo 62) y obstruyan la justicia (Artículo 64) son responsables, toda vez que habiendo tenido conocimiento de algún ilícito cometido, no dieran parte a las autoridades competentes.

Entre 2013 y 2015, cuando Meade fungió como Canciller de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acumuló irregularidades no solventadas por 52 millones 350 mil 15 pesos. Más adelante, ya como Secretario de Desarrollo Social, la Sedesol a su cargo (2015-2016) quedó a deber la aclaración de 2 mil 337 millones 294 mil 687 pesos. Y bajo su administración durante 2016-2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también causó probables daños a la Hacienda Pública Federal por 590 millones 76 mil 743 pesos.

La información analizada de 205 auditorías indica que en 2013-2017 hubo 106 causas de probables daños al erario público en SRE, Sedesol y SHCP. Dichas irregularidades no solventadas o por aclarar están relacionadas con pagos anómalos, daños materiales, deficiencias administrativas, omisiones contables e incumplimientos contractuales.

Para analistas consultados por SinEmbargo, aunque Meade no es señalado de ser la mente maestra u operador de los ilícitos cometidos durante el sexenio pasado, sí es visto como alguien que solapa y que permite la corrupción. En la opinión de los politólogos José Fernández Santillán (ITESM) y Enrique Toussaint (UdeG), “aunque él puede decir que es muy puro, muy casto, que nunca ha cometido un acto de corrupción, hay muchos casos de corrupción que inician en la Secretaría de Hacienda y parece que él cerró los ojos frente a esas posibles desviaciones”.

Incluso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador comparte éste punto de vista. A finales de 2017, el entonces candidato presidencial afirmó que casos como el de la Operación Zafiro en Chihuahua para desviar recursos a favor del PRI contaron con el manejo de fondos del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, «y el que tapó, el que sirvió de tapadera, fue Meade”, quien lo sucedió al frente de la SHCP.

GOLPE AL DESARROLLO SOCIAL

Jose Antonio Meade Kuribreña estuvo a cargo de la Sedesol entre agosto de 2015 y septiembre de 2016. En ese par de años, el monto de las irregularidades no solventadas (casi 3 mil millones de pesos) fue equiparable, por ejemplo, al presupuesto ejercido (2.6 mil millones de pesos) en el Programa de Fomento a la Economía Social, cuya finalidad es invertir en proyectos productivos que contribuyan a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza.

Aunque gran parte de las anomalías de 2015 iniciaron durante la administración de Rosario Robles Berlanga, muchas se desarrollaron ya iniciada la gestión de Meade Kuribreña, además de que sus consecuencias fueron –por medio de la ASF– de conocimiento de la dependencia federal cuando el excandidato presidencial estuvo a cargo de ella.

Un ejemplo de ésta situación es la presunta simulación de operaciones con triangulación de recursos al estilo de la Estafa Maestra que estuvo vinculada con el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.

De acuerdo con la ASF, dicha simulación generó 499 millones 15 mil 372 pesos en probables daños al erario público federal que derivaron de acuerdos celebrados entre el 15 de junio (antes de Meade) y el 31 de diciembre de 2015 (con Meade) por la Sedesol con diversas autoridades estatales, municipales y organizaciones civiles en 14 entidades federativas (BCS, CHH, CHS, DUR, GRO, MEX, MIC, NAY, NLE, OAX, PUE, ROO, TAM y YUC).

“Se invitó a personas físicas y morales que no tenían capacidad, experiencia y especialidad en la materia, aunado al hecho de que los costos reportados por cada uno de los participantes no son congruentes respecto de las condiciones del mercado al momento del estudio realizado, […] lo que permite suponer que los precios establecidos en esta etapa fueron manipulados para incrementarse”, se lee en una de las tres auditorías (15-0-20100-12-0287287-DS, 15-0-20100-12-0286286-DS y 15-0-20100-12-0285285-DS) relacionadas al caso.

Para la Auditoría, las irregularidades o incongruencias que implican la adquisición y colocación de techos fijos, sistemas de agua pluvial y baños ecológicos en zonas de alta marginación hacen factible que hubiera “una simulación de las operaciones entre el consorcio de empresas a las cuales se les adjudicó el contrato y la Secretaría”.

Otro ejemplo es el probable daño por 316 millones 285 mil 932 pesos derivados de irregularidades en las Erogaciones por Servicios y Ayudas Sociales de la Sedesol. A través de cuatro convenios (UCD/33901/010/2015, UCD.33901.014/2015, 710.33901.13/2015 y 710.33901.14/2015) la Secretaría pagó 746 millones 820 mil pesos a las universidades Autónoma de Zacatecas, Intercultural del Estado de México y Politécnica de Chiapas que subcontrataron la totalidad de los servicios a diversas empresas por un monto de 430 millones 534 mil 68 pesos.

Aunque los convenios de coordinación datan de junio de 2015 (antes de Meade), varias de las actas de entrega-recepción de los servicios contratados tuvieron lugar a finales de agosto de 2015, cuando Jose Antonio Meade ya había asumido la titularidad de la Sedesol, de acuerdo con datos de la auditoría número 15-0-20100-02-0277277-DS.

En 2015, las anomalías no solventadas en Sedesol generaron 1 mil 973 millones 847 mil 154 pesos en probables daños al erario público federal. Además de la simulación y de la triangulación de recursos, las irregularidades incluyeron pagos injustificados de pólizas de seguros, duplicidad de pagos en nómina y pagos por bienes y servicios no corroborados, entre otros.

A los probables daños de 2015 se suman 363 millones 447 mil 533 pesos en irregularidades no solventadas durante 2016, entre las que se cuentan anomalías en obras de infraestructura pública hospitalaria, pago de apoyos a personas difuntas con recursos de los programas de Pensión para Adultos Mayores y de Empleo Temporal, así como supuestos desfalcos con modus operandi similar al de la Estafa Maestra.

Ejemplo de esto último consta en la auditoría número 16-0-20100-02-0259259-DS, en que la ASF refiere que hubo 30 millones 668 mil 372 pesos en probables daños relacionados con pagos improcedentes y labores no acreditadas por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en que también hubo subcontratación irregular de servicios.

MÁS ALLÁ DE SEDESOL

En el tiempo que José Antonio Meade Kuribreña estuvo a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre diciembre de 2012 y agosto de 2015, la organización civil Juntos Podemos recibió 1.5 mil millones de pesos en donaciones del Instituto de los Mexicanos en el Exterior para apoyar a personas migrantes.

La información pública disponible indica que a través de la SRE y de la SHCP fue organizada una ruta de dinero para financiar a la organización de la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, a cambio de que ésta última apoyara y operara a favor del Presidente Enrique Peña Nieto.

Fuera de éste opaco capítulo en la vida pública de Meade como Canciller de México, la ASF señala que entre 2014 y 2015 la SRE causó probables daños al erario público por 52 millones 350 mil 15 pesos por faltas administrativas que incluyen bienes y servicios injustificados o no comprobados, falta de aplicación de penas convencionales a proveedores, así como incumplimientos de contrato relacionados con la gestión de Tecnologías de Información y Comunicación.

“Se concluye que en términos generales [la SRE] no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables” por distintas razones, entre las que destaca que “en los consulados se carece de políticas internas que estandaricen los procedimientos administrativos, de infraestructura y de administración de recursos humanos administrativos y de tecnología”, refiere la auditoría número 14-0-05100-02-0064GB-034.

Más allá de las anomalías detectadas en Sedesol y en la SRE a cargo de Meade, la Auditoría determinó que entre 2016 y 2017, la SHCP a cargo del excandidato presidencial fue la cede de irregularidades que causaron daños probables por 590 millones 76 mil 743 pesos, a través de varios de sus órganos desconcertados –como Banjército, Banobras, Bansefi, Condusef, FND, SAE y SAT– o por el uso de fideicomisos como el Fondo de Desastres Naturales.

«Deficiencias en la operación y supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos en las partidas presupuestales revisadas”, comprobantes fiscales digitales «con inconsistencias en su información” y «deficiencias en la ejecución y aplicación de los recursos” son algunas de las observaciones que la ASF le hizo a la SHCP de Meade.