Durante la audiencia del miércoles, la Jueza le hizo varias preguntas a Salvador Cienfuegos para asegurarse de que éste entendía el acuerdo entre Estados Unidos y México para ser devuelto a su país. “Sí, señora”, respondió repetidamente a las preguntas sobre si le habían leído el acuerdo y lo había hablado con sus abogados.
Por Claudia Torrens
NUEVA YORK (AP).— Una Jueza de Nueva York accedió el miércoles a que se retiren los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que pesaban sobre el exsecretario de la Defensa de México, General Salvador Cienfuegos, abriendo así el camino para que sea devuelto a su país y enfrente un proceso legal allí.
La Jueza Carol Amon, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, aprobó la petición de la Fiscalía de retirar los cargos contra el General y dijo que Cienfuegos dejaría entonces “de forma expedita” Estados Unidos para dirigirse a México acompañado por alguaciles estadounidenses.
El martes, en una inédita decisión, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que pediría que se retiraran los cargos. El Gobierno mexicano elogió la medida y algunos analistas la interpretaron como un “regalo” del Gobierno de Donald Trump a su vecino del sur por no reconocer el triunfo electoral del Presidente electo, el demócrata Joe Biden.
Durante la audiencia del miércoles, la Jueza Amon le preguntó al Fiscal Seth DuCharme si el Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, era quien quería el retiro de los cargos, a lo que DuCharme respondió que sí. DuCharme dijo que la decisión responde a un “balance de intereses” y que el Gobierno estadounidense cree que la medida es beneficiosa para la relación entre México y Estados Unidos.
“No tengo motivos para dudar de la sinceridad de la posición del Gobierno”, respondió la Jueza Amon durante la audiencia, a la que tuvo acceso la prensa a través de conferencia telefónica. Algunos periodistas pudieron estar presentes en la sala del tribunal de Brooklyn, aunque se permitió entrar a muy pocos debido a las medidas tomadas por la pandemia de la COVID-19.
Cienfuegos fue encausado por un jurado investigador en Nueva York en 2019 y acusado de participar en una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero. Los fiscales aseguraron que ayudó al cártel del H-2 a traficar con cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana mientras se desempeñaba como secretario de Defensa entre 2012 y 2018.
Según los fiscales, mensajes interceptados demostraban que Cienfuegos realizó gestiones para garantizar que el ejército no emprendiera acciones contra ese cártel y que se lanzaran operativos contra grupos rivales a cambio de sobornos. También fue acusado de presentar a los líderes del cártel con otros funcionarios corruptos del Gobierno mexicano.
Durante la audiencia del miércoles, Amon le hizo varias preguntas a Cienfuegos para asegurarse de que éste entendía el acuerdo entre Estados Unidos y México para ser devuelto a su país.
“Sí, señora”, respondió repetidamente Cienfuegos a las preguntas sobre si le habían leído el acuerdo y lo había hablado con sus abogados. “Sí, lo hice con los abogados”, respondió el General.
Amon le recordó a Cienfuegos que bajo el acuerdo no podría negarse a su envío a México y tampoco podría pedir asilo en Estados Unidos. “Sí, lo entiendo”, dijo.
El Fiscal DuCharme dijo durante la audiencia que “el gran interés en mantener una relación cooperativa” con México supera en importancia al interés de la Fiscalía en llevar a cabo la acusación formal contra Cienfuegos. Estados Unidos ha dicho que espera que México investigue a Cienfuegos y lleve a cabo su propio proceso judicial.
El Canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo la víspera que la decisión de Washington es fruto de casi un mes de negociaciones entre ambos países y que “no tiene nada que ver” con los comicios en Estados Unidos. “Son dos procesos diferentes”.
El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha reconocido el triunfo de Biden con el argumento de que lo hará una vez que haya un pronunciamiento oficial de las autoridades electorales. Trump sostiene, sin presentar evidencia, que hubo un fraude en su contra.
Ebrard comentó que México había manifestado su rechazo a la detención del General por no haber sido notificado de la investigación y recordó que el Gobierno estudia revisar su relación con la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. Por eso consideró positiva la decisión de Estados Unidos. “No la vemos como un camino a la impunidad sino como un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas de México”, dijo.
En documentos presentados ante la corte el mes pasado, los fiscales estadounidenses afirmaron que existía un elevado riesgo de que Cienfuegos se diera a la fuga y que utilizara “sus conexiones” con miembros del cártel del H-2 y con otros exfuncionarios de alto nivel “para que lo ayudaran a eludir a las leyes de Estados Unidos y protegerlo en México”. En caso de que hubiera sido condenado en Estados Unidos, enfrentaba una sentencia mínima de 10 años en una cárcel federal.
El Ejército mexicano ha sido acusado de frecuentes abusos a los derechos humanos, tanto bajo el mando de Cienfuegos como de sus antecesores y sucesores. Uno de los mayores escándalos en su época de Secretario fue una masacre ocurrida en junio de 2014, cuando militares mataron a 22 sospechosos en una bodega en la localidad de Tlatlaya, en el Estado de México, y posteriormente se demostró que al menos 8 de ellos habían sido ejecutados después de rendirse.
En la audiencia del miércoles la Jueza Amon admitió que la petición de la Fiscalía de solicitar que se desestimen los cargos no es muy común, pero que la ley dice que debería aprobarse a menos que sea claramente contraria al beneficio del interés público. La Jueza agregó que son “cargos muy serios contra alguien muy importante” pero que no tiene porqué dudar del Gobierno estadounidense.
“No se me indica aquí que esta solicitud se ha hecho con mala fe”, dijo.
Ebrard explicó que antes de que Estados Unidos detuviera a Cienfuegos no había una investigación en México sobre el General, pero tras su arresto se abrió una indagatoria y desde el 6 de noviembre la Fiscalía General de la República tiene toda la documentación de la pesquisa estadounidense.
El Canciller no aclaró si el exsecretario quedará detenido una vez que ingrese al país y se limitó a decir que “será recibido” por la Fiscalía, que será la que decida su situación jurídica.
