Por Natalia Cordero (@NataliaCordero9)*

El fenómeno de la desaparición de personas no es reciente, mucho se ha escrito del incremento de este grave crimen una vez que se inició la denominada “Guerra contra el Narcotráfico”, allá por diciembre del 2006. Muchos de los casos que comenzaron a hacerse públicos ocurrieron en los estados fronterizos del país y en los estados denominados de tierra caliente como Michoacán y Guerrero, incluso el Estado de México; sin embargo, en años recientes cada vez son más conocidos casos de desaparición que han acontecido aquí en la Ciudad de México (CDMX), aún y cuando se tiene la percepción de que este es un estado seguro al que no ha alcanzado la violencia extrema y donde los grupos criminales están “controlados”.

No obstante, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (1), desde el año de 1964 a la fecha se tiene el registro de 2,528 personas desaparecidas en la ciudad de México. De esta cifra se destaca que hay un repunte en los reportes de desaparición en el año 2019, y que Iztapalapa no sólo es una de las alcaldías que tiene una de las mayores desigualdades en términos económicos y sociales sino la que registra el mayor número de personas desaparecidas, seguida de Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero; asimismo se observa una tendencia en la desaparición de jóvenes entre 15 y 19 años, aunque particularmente en este rango de edad los reportes por desaparición son mayormente de mujeres (68%) que de hombres (30%).

Este registro ubica a la CDMX en el séptimo lugar dentro del ranking de estados con mayores reportes de personas desaparecidas y no localizadas que si bien puede atender a distintos factores como que en esta localidad haya mayores índices de denuncia por parte de la ciudadanía; tampoco podemos obviar que en los últimos 10 años los delitos de alto impacto y las violaciones a derechos humanos han ido en aumento. Según un diagnóstico sobre atención a víctimas en la CDMX basado en datos oficiales, del 2008 al 2018 se reportaron 11,231 homicidios dolosos, 380 feminicidios, 702 secuestros y 2,839 indagatorias por casos de tortura.

Cabe mencionar que, muchas de las desapariciones que inician con privaciones a la libertad de una persona pueden tener como desenlace la comisión de otro delito como los mencionados, por eso la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de la búsqueda e investigación de personas desaparecidas en la Ciudad y sobre todo de implementar de manera efectiva la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, publicada el pasado 31 de diciembre del 2019.

En sintonía con la Ley General en materia de desaparición, la ley local insta al establecimiento de la Comisión Local de Búsqueda de Personas de la CDMX, del Sistema de Búsqueda de Personas de la entidad y a la designación del Consejo Ciudadano estatal, como órgano integrante del Sistema de Búsqueda y como órgano de consulta de la Comisión de Búsqueda, además de la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

A pesar de lo anterior y a casi un año de la promulgación de la Ley de Búsqueda, no se ha ratificado formalmente a las trece personas elegidas (3) para conformar el Consejo Ciudadano desde marzo del año en curso, labor que le corresponde al Congreso de la CDMX, en particular a la Comisión de Atención Especial a Víctimas, que con el pretexto de la pandemia ha retrasado indefinidamente este nombramiento, aun y cuando diversas Comisiones del Congreso se encuentran sesionando virtualmente desde el mes de abril.

Este contexto se agrava ante la reciente dimisión de quien ocupará la Comisión de Búsqueda Local ocurrida el pasado mes de octubre. Tal situación deja a la CDMX operando con tan solo uno de cuatro órganos señalados en la Ley de Búsqueda para atender una temática que resulta prioritaria para el país debido a su gravedad y a las consecuencias tan lacerantes que ha dejado para la sociedad mexicana en su conjunto, como lo es el fenómeno criminal de desaparición de personas a manos del Estado y a manos de agentes particulares, muchas veces vinculados al crimen organizado; además de incumplir con las obligaciones legales en la materia, se obstaculiza la atención, investigación, localización y prevención de la desaparición de personas en esta Ciudad.

Por esta razón, es urgente que el Congreso de la Ciudad de México ratifique a las personas que integran el Consejo Ciudadano de Búsqueda y que desde la Jefatura de Gobierno se realice una convocatoria pública que tome en cuenta a colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia a fin de designar a la persona titular de la Comisión de Búsqueda y con ello instaurar el Sistema de Búsqueda, órganos indispensables para hacer frente a la crisis de desaparición de la que esta entidad no se escapa.

Sobra decir que los números aquí mostrados representan historias, proyectos de vida y familias rotas a causa de la desaparición de un ser querido y sobre todo como consecuencia de la ineficacia de las instituciones para resolver este problema. La deuda por resarcir el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y sobre todo el derecho de una persona a ser localizada, es histórica, y es una obligación continuada que debe asumir cada gobierno en turno. Por ello, resulta indispensable que el actual gobierno de la CDMX y todos los poderes que lo representan asuman este deber y lo cumplan, garantizando en primer lugar la instalación formal de los distintos órganos legales especializados, como la Comisión de Búsqueda y el Consejo Ciudadano; y, en segundo lugar, garantizando los recursos presupuestarios y estructurales para que puedan cumplir con su mandato en pro de erradicar la terrible práctica de desaparición en esta jurisdicción.

* Natalia Cordero es investigadora en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

(1) Disponible en: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico
(2) I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Diagnóstico sobre atención a víctimas en Ciudad de México, 7 de noviembre de 2019. Disponible en: https://www.idheas.org.mx/comunicaciones-idheas/sala-de-prensa-idheas/comunicados/idheas-presenta-diagnostico-sobre-atencion-a-victimas-en-ciudad-de-mexico/
(3) Las trece personas seleccionadas como integrantes del Consejo Ciudadano desde el 13 de marzo d 2020 son: Elena Azaola Garrido, Natalia Pérez Cordero, Valentina Peralta Puga, Juana Laura Garrido Ibarra, Omaira de Jesús Ochoa Mercado, Iliana Ruvalcaba López, Jorge Ruiz Reyes, Martín Villalobos Valencia, Antonio Rueda Cabrera, María Margarita Guillé Tamayo, Patricia Manzanares Ochoa, Ana María Panales Delgado y Teresa Vera Alvarado.

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