Hace un año en el marco del Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas una Misión Internacional de más de 20 organizaciones internacionales y nacionales vinieron a nuestro país para buscar el compromiso del gobierno hacia la solución de las causas que hacen que todos los días se sigan agrediendo a periodistas.

La Misión fue muy clara al señalar su preocupación por el incremento desmesurado de asesinatos a periodistas de los últimos años, pero más aún de la falta de acciones del Estado para esclarecer las causas de los crímenes a fin de garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas. En aquel momento, el Fiscal Especial dio cuenta de los avances en casos como el de Lydia Cacho, Javier Valdez y Miroslava Breach y, en reunión con las organizaciones, se habló de la importancia de implementar de manera inequívoca desde las Fiscalías estatales y la Fiscalía General el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión y de garantizar, al menos en esos tres casos, la justicia completa durante siguiente año a fin de enviar un mensaje de cambio, de verdadera transformación hacia los perpetradores de las agresiones.

También en aquel momento, integrantes de la Misión que participaron en la conferencia matutina preguntaron abiertamente al Presidente sobre dos situaciones; la primera, sobre el discurso estigmatizante a la prensa que él mismo profiere, se le cuestionó si estaría dispuesto a cambiar su discurso en contra de la prensa a fin de reducir las amenazas a las que se enfrenta; la segunda, sobre el uso de herramientas de espionaje masivo o ilegal en contra de defensores, periodistas y disidentes políticos, que de acuerdo a información de la compañía Whats App seguía utilizándose en el país para el año 2019.

Como cereza del pastel, en el Museo de Antropología, junto con la UNESCO, el vocero Jesús Ramírez Cuevas habló de un convenio firmado desde la SRE para crear un fondo de fomento al periodismo de investigación a nivel regional que diera lugar a la capacitación constante de periodistas y también abonara a su resiliencia en un contexto en el que la economía de los medios se encuentra en crisis y por lo tanto los despidos masivos están a la orden del día.

¿Qué ha pasado desde entonces?

Desafortunadamente hasta ahora los cambios han sido pocos si no nulos. En términos del combate a la impunidad, los casos no han visto grandes avances. Si bien en el caso de Javier se tienen identificados a cuatro autores, incluido al presunto autor intelectual Dámaso López, la burocracia judicial ha truncado el proceso de manera que hasta la fecha no se han obtenido sentencias en contra de uno de los procesados (el Quillo) y tampoco se iniciado el proceso judicial en contra de Dámaso, él sigue siendo sujeto a proceso por otros delitos en el país vecino. El caso de Lydia, que hace un año era el más avanzado, parece quedarse en los fríos cajones de la Fiscalía con la vaga justificación de que Kamel Nacif se encuentra en el Líbano y Marín está en la lejana Puebla protegido y escondido. En este caso además parece que el gobierno se lava las manos tras haber pedido una disculpa pública sin considerar que el estancamiento manda un mensaje de permisibilidad de agresiones contra mujeres periodistas.

El discurso tampoco ha cambiado, probablemente lo que ha quedado claro en este año es que para el Presidente la prensa es su adversaria política y, como tal, debe enfrentarse a ella a fin de ganar la narrativa y mantener la popularidad que lo llevó a ganar la elección. Así, la lucha ya no está en la defensa de periodistas o medios en lo individual, sino en los mensajes que buscan llegar a la opinión pública.

En cuanto al espionaje si bien no existe evidencia de que las herramientas utilizadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto sean ahora de uso común por el de Andrés Manuel López Obrador, lo que aún está pendiente es aclarar la investigación sobre el caso Pegasus, un software espía que se utilizó por el gobierno anterior para investigar a periodistas, activistas y otros disidentes políticos. También quedó en el olvido la necesidad de reformar una serie de leyes y códigos para garantizar controles judiciales y debido proceso ante una posible intervención.

Finalmente, el fondo de fomento al periodismo está vacío y la referencia a su existencia solo yace en el convenio. Es de suponerse que, ahora con la extinción de fideicomisos, se quedará en el anecdotario.

Los cambios no se cuentan hasta que suceden y, después de un año, la lucha contra la impunidad de los crímenes contra periodistas sigue tan vigente como en los sexenios anteriores.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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