La pandemia ha impactado de muy diversas maneras la vida pública y la forma en la que las instituciones en México están operando, en algunos casos, las medidas sanitarias han servido como pretexto para retrasar ciertos procesos como en el caso de la designación de los dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y, en otros, para darle salida a iniciativas que en otro momento hubiera sido imposible, como lo fue en el caso de la extinción de 109 fideicomisos.

El proceso de designación de los dos comisionados del INAI inició en marzo de este año, pues en abril sería el último mes de trabajo de los entonces comisionados Joel Salas y Patricia Kurczyn, sin embargo, no fue hasta el mes de septiembre en que el proceso se reactivó dando oportunidad a la inscripción de nuevas candidaturas. Posteriormente, 37 personas fueron evaluadas por las Comisiones Unidas de Transparencia y Participación Ciudadana, Anticorrupción y Justicia del Senado de la República a través de audiencias  que, si bien cumplieron con la formalidad de publicidad, dejaron mucho que desear. Primero porque, como siempre, las y los aspirantes tienen que atenerse a la eterna ausencia de los senadores que según les están escuchando y, por otro, porque lejos de hacer preguntas concienzudas que dieran lugar a identificar las fortalezas y debilidades de los aspirantes, se pudo ver claramente la necesidad de salir del paso y de dar espaldarazos a aquellos que cada facción política considera su candidato.

El 20 de octubre, supuestamente, las Comisiones debían enviar el dictamen final con las evaluaciones a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para la decisión final, sin embargo, esto no sucedió y tampoco queda claro cuándo va a suceder y si como sociedad tendremos las oportunidad de analizar los resultados de dicha evaluación. De acuerdo a la metodología que había sido aprobada por las Comisiones Unidas, dentro de este dictamen se señalarían los diez mejores perfiles y la Jucopo, aunque no obligada, estaría en posibilidades de elegir dentro de estos a los mejores dos candidatos.

No obstante, por paradójico que parezca, las comisiones que ostentan el nombre de “Transparencia y Participación Ciudadana”, “Anticorrupción” y “Justicia”, y que por lo mismo debieran hacerle honor a su naturaleza, están limitando el acceso a dichas calificaciones y con esto la posibilidad de la ciudadanía a entender el razonamiento detrás, cuando lo hubiere, de la decisión final.

Recientemente, en un proceso similar para la designación de consejeros electores, las y los aspirantes tuvieron que recurrir al Tribunal Electoral para impugnar la decisión y exigir transparencia de las evaluaciones. El Tribunal Electoral consideró que era necesario publicar la puntuación individual que obtuvo cada uno de los aspirantes que continuaban en el procedimiento, y las razones que justificaron los resultados de la evaluación de su expediente.

Las evaluaciones realizadas por las y los senadores en ejercicio de la función pública son públicas ¿qué es lo que los detiene? ¿No les parece absurdo que la designación de dos de los integrantes del órgano máximo de la transparencia se realice con dejos de opacidad? Esta designación tendría que ser el ejemplo de todos los procesos. Las designaciones públicas deben ser abiertas, participativas y, quienes deciden, deben asumir su responsabilidad de rendir cuentas sobre la decisión. Así, es como se dota a las instituciones de legitimidad y confianza. Cuando las designaciones se llevan a cabo en la opacidad las instituciones se debilitan y en muchos casos se vuelven ineficientes.

En el caso del INAI, que debiera fungir como un puente entre la sociedad y el Gobierno para acercar información a la gente, es imperante que exista confianza y que se crea en la calidad de cada uno de los perfiles que ocupan su pleno.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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