Queda claro que muchas políticas de los gobiernos anteriores fungieron como meras tapaderas de corrupción, elefantes blancos que a la letra figuraban como grandes soluciones a problemas complejos y que la opacidad con la que se manejaron históricamente los recursos públicos abrió paso al desvió, la arbitrariedad y el enriquecimiento de unos cuantos. Sin embargo, la fallida implementación de las políticas no necesariamente se traduce en el fracaso de las mismas, en algunos casos tiene que ver en la forma en la que se aplican; en otros, en la falta de idoneidad o capacidad de quienes las implementan.

La intención de los Diputados de eliminar más de cien fideicomisos y fondos parece más una respuesta populista que busca ganar simpatías de aquellos que estamos cansados de la corrupción, que una política que realmente solucione ese problema. La corrupción no se acaba con la desaparición de políticas públicas nomás por que sí, para esto es importante desarrollar evaluaciones efectivas, impulsar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Es más ¡hacer valer el Sistema Nacional Anticorrupción!

Sobre el tema, es muy importante considerar el beneficio que los fideicomisos y fondos públicos han traído a los graves problemas del país. Por ejemplo, siendo México uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo (los niveles de violencia en contra de la prensa solo se comparan con aquellos que vive la prensa en países en guerra), el fideicomiso para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos permite que cientos de periodistas y personas defensoras cuenten con apoyos inmediatos para salvaguardar su vida e integridad. Es decir, gracias a un fideicomiso como este es que, ante una amenaza inminente del crimen organizado como la que sufrieron recientemente un grupo de periodistas guerrerenses, ahora cuentan con la posibilidad de desplazarse de la zona de peligro junto con sus familias y, así, evitar la muerte.

Sobre este, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas señaló que la eliminación del Fideicomiso tendría impactos negativos en el desarrollo de las acciones de protección para las 1304 personas —418 periodistas y 886 defensoras de derechos humanos— a las que actualmente brinda medidas de protección (1).

Por su parte, reconociendo que desde el inicio de la llamada Guerra contra el Narcotráfico México se convirtió en una fosa común con miles de desaparecidos y víctimas de la violencia, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para víctimas ha permitido, por ejemplo, la atención física y sicológica de niñas y niños a la que de otra manera no hubieran podido tener acceso y ha sido fundamental para el apoyo de los familiares de varios periodistas asesinados que eran el sustento de su familia.

A lo largo de las discusiones en torno a los contenidos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en 2014 y 2015 uno de los grandes temas a discusión fue precisamente la necesidad de reconocer a estas entidades -los fondos y fideicomisos públicos- como sujetos obligados directos a las disposiciones de la misma y advertir que el ejercicio de los recursos que en ellos se albergan están sujetos al principio de máxima publicidad y por lo tanto al escrutinio ciudadano.

Luego entonces, vale más apostar hacia el fortalecimiento del marco legal e institucional de estas políticas que a su desecho. Finalmente, estamos hablando de salvaguadar la vida, el desarrollo y la dignidad de las personas.

(1) Eliminar fideicomisos y fondos pone en riesgo la vida de personas víctimas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, https://articulo19.org/eliminar-fideicomisos-y-fondos-pone-en-riesgo-la-vida-de-personas-victimas-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas/, ARTICLE 19, 01 de octubre de 2020.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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