El viernes pasado Andrés Manuel López Obrador vino a Ciudad Juárez a inaugurar algunas obras del Gobierno federal, y fue muy extraño que, de antemano, se supiera por boca del gobernador Corral que no fue invitado por el presidente a ninguno de los eventos; es poco usual que el gobernador de un Estado no acompañe al presidente de la República, en particular porque Javier Corral siempre fue reconocido (incluso más allá de sus merecimientos) por Andrés Manuel, pero se debe a una ruptura muy seria de las relaciones entre el gobernador y el presidente.

Esa ruptura inició cuando, frente a la decisión cuestionable de la Comisión Nacional de Agua de abrir la presa La Boquilla para trasladar un millón de metros cúbicos de agua al río Bravo y cumplir con el Tratado de Aguas con Estados Unidos, un grupo amplio de agricultores y productores de la zona decidieron cerrar las compuertas de la presa en protesta y agredieron a miembros del Ejército y la Guardia Nacional que la resguardaban.

En ese momento se rompió el Estado de derecho y debía recuperarse la calma, uniendo bajo un sólo mando a las autoridades municipales de San Francisco de Conchos (cabecera municipal de La Boquilla), a Gobierno del Estado y a la Federación, sin que esto significara reprimir a los productores que resguardaban la presa; para lograr esta coordinación estaba funcionando la Mesa de Paz y Seguridad, donde coincidían los tres niveles de Gobierno y desde la que se podría llamar de inmediato al presidente municipal competente.

Pero no sucedió así, pues el presidente municipal y el Gobernador empezaron a actuar erráticamente; el primero apoyó abiertamente a los manifestantes y Corral no se decidió ni conformó con la Federación un frente único para nombrar un negociador que buscara una solución pacífica a la controversia mientras que los productores manifestantes, aunque tenían todo el derecho a interponer un juicio de amparo ante los juzgados de Distrito de Chihuahua, que seguramente y en cuestión de horas habría derivado en la suspensión provisional del vaciado de la presa, decidieron tomar La Boquilla.

Fue entonces necesario que el Gobierno actuara unido a través del diálogo, sin acudir a la represión, pero, en contra de toda lógica gubernamental, los políticos de la zona se fueron por su lado, vieron la posibilidad de obtener alguna ganancia política y convocaron a los ciudadanos a defender el agua, iniciando una confrontación contra la Conagua y, por extensión, contra la Federación; la ciudadanía movilizada entendió rápidamente que contaba con el apoyo de los gobiernos municipales y que el Estado no estaba coordinado con el Gobierno federal, así que endureció su posición, explotando el regionalismo de la zona, y se lanzó contra las fuerzas nacionales.

El delegado de Bienestar llenó el espacio que dejó vacío el gobernador y trató de negociar acuerdos con los representantes del movimiento civil de Camargo, Delicias y otros puntos de la zona del río Conchos, pero su representante nunca se movió de su primera y única propuesta, ni aceptó acordar una cantidad razonable de agua para el pago del Tratado de Aguas; para él, la única opción era pagar con el agua recolectada de las lluvias aunque, desde inicio del año, era claro que no bastaría y que haría falta aportar alguna cantidad del líquido contenido en las presas.

Este diálogo informal entre el delegado y los productores se prolongó innecesariamente hasta que, en la ciudad de Ojinaga, el funcionario federal fue retenido por manifestantes de la zona norte mientras un grupo de personas desconocidas en el área bloquearon las puertas de la Presidencia municipal e incendiaron los vehículos que acompañaban al delegado. El funcionario y su equipo permanecieron cercados desde el atardecer hasta las tres de la madrugada del siguiente día y se terminó toda negociación entre la Federación y los productores involucrados.

Los diputados en el Congreso del Partido Acción Nacional y otros afiliados al partido en la zona, que además están vinculados con el Gobernador, se unieron de inmediato con el movimiento, impulsando nuevamente a los ciudadanos hacia nuevas demandas; ahora, además de buscar que se cerraran las compuertas de La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero, exigían que se retirara la Guardia Nacional de las presas y zonas circundantes. Esta nueva demanda, muy lógica para los ciudadanos, se convirtió en una demanda imposible de abordar por los representantes del Gobierno estatal y federal de manera independiente.

En Ciudad Juárez, en 2010, se tuvo que retirar el Ejército de la zona fronteriza y, aunque la decisión fue tomada por el presidente de la República a raíz del incremento de la violencia durante su estadía, antes de retirarlo los tres niveles de gobierno acordaron establecer un centro de coordinación y una mesa de seguridad ciudadana, donde se discutían los efectos de las medidas tomadas. Quien decidió en última instancia el retiro fue el presidente Calderón, y trasladó a Ciudad Juárez 6 mil elementos de la policía Federal, pero los gobiernos del Estado y municipal estaban dispuestos y disponibles para hacer prevalecer el Estado de derecho mientras tanto. La salida del Ejército de la ciudad demoró, entre planeación y ejecución, más de dos meses.

Con este antecedente, la demanda de los activistas en el Estado se debía someter a una reflexión conjunta y bajo total discreción en la Mesa de Paz y Seguridad (que para eso estaba instalada); los problemas de seguridad de esta naturaleza deben ser discutidos, evaluados y reflexionados a fondo, y ninguno de sus integrantes puede declarar públicamente su posición o lo que se discute en la misma, pues el retiro de la Guardia Nacional no sólo es interés de los ciudadanos sino también de la delincuencia que actúa en la región.

Pero, en medio de los reclamos de los ciudadanos y presiones ocultas de los delincuentes, el gobernador Javier Corral rompió con el protocolo de discreción de la Mesa de Seguridad y Paz y públicamente solicitó al Gobierno federal que retirara a la Guardia Nacional de la zona y la trasladara a Ciudad Juárez, lo que acabó por fortalecer aún más al movimiento y le ganó la participación activa y compromiso de los diputados del PAN y aliados de otros partidos.

En Chihuahua está roto el Estado de derecho en la zona de las presas de los ríos Conchos y San Pedro, porque quien vigila los bienes estratégicos es la ciudadanía, pese a que no es deber de los ciudadanos hacerse cargo de las tareas que corresponden a las fuerzas policiacas (el resguardo de las presas, en particular, corresponde a la Guardia Nacional), y eso es lo que el gobernador de Chihuahua no ha podido comprender.

Pese a ser un hombre con inteligencia sobresaliente, Javier Corral con frecuencia actúa como un parlamentario que debate con el presidente de la República o los alcaldes municipales como solía debatir con los diputados y senadores en el Congreso de la Unión; nuestro gobernador olvida que él es el encargado del Poder Ejecutivo del Estado, y al olvidarlo en las circunstancias narradas confrontó la estructura constitucional del país, propuso públicamente una violación a la ley y no reflexionó que su propuesta, de haberse seguido en la Mesa de Paz y Seguridad, seguramente habría llevado a la sustitución de la Guardia Nacional por la Policía estatal (no por las fuerzas municipales, pues ya estaban participando en el movimiento). Pero no podía perder la oportunidad para quedar como héroe ante los involucrados en el conflicto.

Fue por todo esto que el presidente, cuando vino a Juárez, no lo invitó a los eventos organizados, porque primero tiene que restablecerse el orden constitucional y después presentarse las disculpas correspondientes, restructurar el acuerdo de vigilancia y protección policiaca en la entidad, distribuir zonas y responsabilidades, y aprender a guardar silencio, porque mucho ayuda la falta de ruido cuando hay un griterío.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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