México se encuentra en un momento coyuntural histórico porque, aunque en el pasado con cada sexenio se iban olvidando las corruptelas del sexenio anterior, parece que con Andrés Manuel se pretende ponerle freno a esa tradición mexicana pero, como la ilegalidad era parte del sistema, intentar reajustar el camino del país hacia el Estado de derecho está resultando mucho más difícil y escandaloso de lo que muchos esperábamos.

El financiamiento de los partidos políticos siempre ha dependido de sus militantes, simpatizantes o aliados circunstanciales y se ha realizado a través de entregas en efectivo de mayores o menores cantidades; la colecta de recursos en botes por parte de los activistas de los partidos minoritarios era como se incorporaban muchos jóvenes a sus filas y conseguir apoyos en efectivo era un logro reconocido internamente. La colecta de recursos entre la ciudadanía era algo tan común que estaba regulado por la ley en materia electoral hasta la última versión.

Por eso, porque la recepción de cantidades no registradas recibidas en efectivo es la tradición del sostenimiento de los partidos y las campañas, ahora todo mundo se rasga las vestiduras cuando descubren al de enfrente recibiendo apoyos sin registro del origen; así como el escándalo por el pecado del otro es el ruido necesario para no escuchar acerca del pecado propio, el griterío no es la mejor forma de resolver y terminar con una tradición que viene desde 1810.

Hoy celebramos el año de Leona Vicario, porque dudo que ella, sabiendo que la insurrección en contra de los españoles requería de recursos, haya entregado recibos con copia a la caja real por los financiamientos que consiguió para la labor independentista.

Aunque las aportaciones de dinero de origen dudoso sostenían las campañas, se convirtieron en un foco de corrupción que debía frenarse, pero, en una derivación perversa de un buen objetivo, sustituir una buena parte del financiamiento privado por público fue el exceso, pues ahora resulta prácticamente imposible recibir aportaciones de los particulares para actividades partidarias y electorales, y al ser exagerados los requisitos para regular esas aportaciones se abre la puerta a las aportaciones no registradas que acaban por ocasionar el escándalo. Hipocresía pura.

Ese tema se debe tratar con toda cordura y madurez, y certeza y honestidad, se debe determinar qué porcentaje debe venir del financiamiento privado, y facilitar su registro, y qué recursos vienen del erario, y disminuir sus costos, así de simple (por cierto, en Estados Unidos se enfrentan similares debates).

Por otro lado, justamente nos indignamos cuando se aborda el tema de la corrupción profunda desde Salinas hasta la fecha, y más aún cuando somos informados por fuentes medianamente creíbles de la transferencia de recursos públicos, a través de la reforma energética y de la venta de contratos a empresas fantasmas, al Partido Revolucionario Institucional, o que nos enteramos de las complicidades de los panistas en todos estos actos de corrupción gubernamental y en la disposición de recursos públicos para beneficiar a intereses privados y para alimentar a empresas internacionales como la constructora Odebrecht, que sólo así puede funcionar en un contexto globalizado de alta competitividad, bajo las reglas de un capitalismo voraz.

Pero como hay muchos salpicados, mejor desatan la parafernalia moralina que exige pureza y transparencia impecable del vecino mientras ellos se cobijan para que no se conozca el manejo de sus recursos.

Frente a esta tormenta de acusaciones hay una sola forma de salir adelante, y es por la puerta del Estado de derecho, entregando la decisión al Poder Judicial quien deberá ser consciente de la enorme responsabilidad que tiene, mantener su independencia e interpretar los hechos que se presentan a su juicio conforme a la ley.

Todos los que estamos en la política debemos hacer un esfuerzo por terminar de una vez por todas con este país corrupto y malsano siguiendo a Kant, que definía la mejor conducta en términos individuales como “obra siempre de tal manera que tu conducta se convierta en una máxima de observancia universal”, o al menos eso espero.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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