Por Natalia Cordero (@NataliaCordero9)* 

La desaparición forzada es un delito que implica la privación de la libertad de una persona, cuando sea cometida por agentes del Estado o por alguna persona o grupo de personas particulares que actúan con el apoyo, la tolerancia o bajo el mando de una autoridad del Estado; esta detención es seguida del ocultamiento del paradero de la persona, con el fin de abstraerla de la protección legal, es decir, evitar su localización e impedir que sea protegida bajo el amparo de la ley.

Este crimen histórico cobró relevancia en el marco de las antiguas dictaduras militares en América Latina, durante la segunda mitad del siglo XX, quienes hicieron uso de está practica para desaparecer personas que eran consideradas opositoras a los regímenes autoritarios, quienes a su vez eran impulsados por una lógica de desaparecer toda ideología considerada de “izquierda”.  Sin embargo, la desaparición forzada o involuntaria de personas no cesó ni con el triunfo del régimen democrático y liberal, y llegado el siglo XXI, la desaparición de personas es un fenómeno que se ha extendido a nivel mundial, cuyos fines también se han diversificado, generando redes criminales integradas por particulares y agentes del Estado, que lejos de evitar que este delito se siga replicando han complejizado el contexto de las desapariciones, haciéndolo un problema que parece no tener fin, y que además ha implicado la comisión de muchos otros delitos, tales como delitos de trata sexual y/o laboral de personas, por mencionar algunos.

Justamente, ante la preocupación por el aumento de este crimen en diversas regiones del mundo, en diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco de la resolución A/RES/65/209, decidió adoptar el 30 de agosto como el día internacional para conmemorar, recordar, hacer memoria de todas las víctimas del delito atroz de desaparición, y también como un día para visibilizar el hostigamiento, maltrato e intimidación hacia testigos y contra familiares de personas que han desaparecido.

En México, por su parte, el descomunal aumento de la desaparición de personas tiene como punto clave la declaratoria de la guerra contra el narcotráfico, cuando en diciembre del 2006 el entonces presidente Felipe Calderón hizo anuncio de esta política de combate al crimen organizado, que con el pasar de los años demostraría no sólo su ineficacia para acabar con el tráfico ilegal de sustancias, sino que propició que se cometieran y multiplicaran otra clase de delitos, como el de desaparición de personas.

Actualmente, de acuerdo con la última cifra oficial proporcionada por la Comisión Nacional de Búsqueda en julio pasado, en México existe el registro de más de 73 mil personas desaparecidas, registro que data del año de 1964 a la fecha -aunque se evidencia un incremento a partir del 2006-, y este número no se detiene. Por ello, desde hace muchos años las familias de personas desaparecidas conmemoran este día, en primer lugar, para apelar al no olvido de esas personas cuya localización se desconoce, pero cuyas familias siguen buscando incansablemente y, también para recordarle al Estado mexicano cuáles son sus obligaciones para dar una pronta atención y respuesta a los casos ocurridos, así como prevenir que este delito siga ocurriendo.

Particularmente este año, desde los colectivos que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), en el marco de esta conmemoración han centrado sus exigencias en tres puntos en particular:

1) La identificación forense de las más de 37 mil personas que se encuentran en los servicios forenses, esperando ser identificadas y regresar con sus familiares. Para ello se está impulsando la pronta instalación del grupo de expertos que integrará el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, a fin de que auxilie a los servicios forenses ordinarios a combatir el rezago en la identificación forense de las miles de personas que han sido ejecutadas pero que no han logrado ser reconocidas y que se encuentran en posesión del Estado, muchas de las cuáles probablemente han sido reportadas como desaparecidas.

2) Impulsar la búsqueda en todas sus formas de personas desaparecidas, a través de la adecuada implementación del recién aprobado Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo cual sólo será posible por medio de la efectiva interlocución y colaboración entre las comisiones de búsqueda y las fiscalías especializadas en materia de desaparición de todo el país.

3) Concretar la pronta visita a México del Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, a fin de que pueda conocer en terreno cuál es la situación actual de este crimen, así como para observar la actuación de las autoridades para combatirlo y, en su caso, se emitan las recomendaciones pertinentes que tendrán que ser implementadas por el gobierno mexicano.

Así, desde el MNDM se ha invitado a la sociedad en general a la firma de una petición a través de change.org para hacer eco de las exigencias al Estado mexicano para que continúen con la búsqueda hasta su aparición de las más de 73 mil personas desaparecidas al día hoy, para que garanticen el derecho a la verdad y el acceso a la justicia a las miles de familias que por años llevan luchando para acabar con el flagelo y la tortura diaria que genera la desaparición de un ser querido, y para evitar que ese sufrimiento y angustia tenga que ser vivida por nadie más.

#HastaEncontrarles

#LesQueremosDeVuelta

* Natalia Cordero es investigadora en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico

Fundar

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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