Siete años después de su firma, del Pacto por México sólo se encuentran dos gastos registrados por el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Uno corresponde a eventos y el otro a estudios. La suma de los dos es de 8.8 mdp, monto que representa apenas el 2.1 por ciento de los 404 mdp que en un acto de corrupción se habrían repartido entre legisladores y dirigentes partidistas a cambio de la aprobación de 13 reformas estructurales bajo ese convenio político, según la denuncia ante la FGR de Emilio Lozoya Austin.
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- La administración de Enrique Peña Nieto dejó registrados en los mecanismos de transparencia sólo dos gastos del Pacto por México, el convenio entre el Gobierno federal y los partidos de oposición que sirvió para que el Congreso aprobara 13 reformas estructurales. Una de las erogaciones fue por estudios y la otra, por eventos.
La suma de esos dos gastos es de ocho millones 844 mil 959, apenas el 2.1 por ciento de los 404 millones de pesos que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso habrían ordenado repartir entre senadores y diputados para que votaran a favor de las enmiendas constitucionales, según datos de la denuncia de Emilio Lozoya Austin, dados a conocer por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en un mensaje videograbado y difundido el 11 de agosto.
El dinero, en un acto de corrupción, se habría dado en tres etapas. En la primera, se distribuyeron 120 millones de pesos; en la segunda se dieron 84 millones de pesos y en la tercera -al final del sexenio- se entregó el resto. Los supuestos beneficiarios no sólo fueron los legisladores que habrían votado a favor de un andamiaje de leyes sin precedentes; sino también un “secretario de finanzas” de un partido, según el mensaje del Fiscal General de la República.
En cambio, hay muy poco del rastro oficial del dinero del Pacto por México, el acuerdo que los dirigentes de los partidos políticos firmaron en la escena oficial para avalar las reformas. Los recursos financieros se perdieron entre el gobierno y los partidos políticos sin facturas ni comprobantes de pago. Siete años después de la firma del convenio, en los mecanismos de transparencia, sólo se encuentran gastos por eventos y estudios. Así, se escribió uno de los episodios más opacos de México.
Lo anterior, de acuerdo con una inmersión de SinEmbargo en Compranet, la página de transparencia del gobierno para proveedores, y el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT) en los registros bajo la etiqueta “Pacto por México”, en el periodo que fue de 2012 a 2018. También se revisaron las facturas de los eventos, que fueron localizadas en “los datos relevantes” de los contratos.
La búsqueda arrojó que sólo se erogó en el Pacto por México a través de dos instituciones públicas. Una fue la Secretaría de Gobernación a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong (organizó y rentó los servicios de los eventos) y la otra fue el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), que tuvo dos directores en la administración peñanietista, Rafael Estrada Michel y Gerardo Laveaga Rendón (pagó los estudios).
Sin precedentes porque por primera vez el gobierno federal lograba un consenso con los partidos de oposición para realizar enmiendas constitucionales en sectores estratégicos, el Pacto por México generó grandes expectativas no sólo en México; sino en el mundo. Incluso el semanario británico llamó al arranque de la administración peñanietista como “The Mexican Moment”, gracias a este acuerdo.
CAFÉ, BOTANA FINA Y … EDECANES
En las reuniones preparatorias del Pacto, se rentaron salones de hoteles, servicios de café de los más caros del mercado, papelería y además, edecanes. Así lo muestran las facturas del gasto que hizo la Secretaría de Gobernación. Si se toma en cuenta que cada reforma legal que en estos eventos se acordó no prosperó tal cual fue concebida, este dinero no fue útil.
El Pacto por México fue firmado el 2 de diciembre en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; Gustavo Madero Muñoz, entonces presidente del Partido Acción Nacional; Cristina Díaz Salazar, en esos momentos dirigente interina del Partido Revolucionario Institucional y Jesús Zambrano Grijalva, presidente del Partido de la Revolución Democrática. Avanzados los trabajos, se sumó Arturo Escobar, quien era presidente del Partido Verde Ecologista de México.
El 7 de enero del año siguiente fue presentado el Consejo Rector. En ese cuerpo estaban el ex Gobernador José Murat, quien fue nombrado coordinador ejecutivo y a la postre, escribió el libro “Pacto por México, de la Reforma Política de 1977 a la construcción de acuerdos”; Felipe Solís Acero, quien era el subsecretario de Enlace Legislativo, así como el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.
Luego, el 27 del mismo mes, en el salón Bicentenario del Palacio de Minería, se montó la mesa para la reforma político electoral. Se sirvió café, agua, pastas, refrescos, fruta, sándwiches y botana fina como pistaches, nuez de la India, avellanas, almendras; además de pepino, jícama y zanahoria. Por el día se gastó la cantidad 549 mil 827 pesos, consta en la factura del evento.
El consejo rector del Pacto por México tuvo una reunión privada el 29 de mayo de 2013 a las 18:00 horas. Asistieron 50 personas. Se rentaron dos salas “launge”, un presídium y un servicio de café, agua embotellada individual, pastas, refrescos, fruta de mano, empanadas, botana seca (nueces, cacahuate japonés, papas y pretzels). Ese mismo día, en el mismo hotel, al lado de representantes del Consejo Coordinador Empresarial, se ofreció una conferencia de prensa. La empresa Tayira Travel cobró por los dos eventos que duraron dos horas, 287 mil 500 pesos.
Al día siguiente, a las 19:00 horas, en el hotel Marriot Polanco Imperial Thai House, se rentó un salón con capacidad para 40 personas. Se reunieron los Gobernadores en torno al Pacto. Según la ficha del contrato, se rentó una “mesa rusa”, papelería y servicio de café, agua embotellada individual, pastas finas, refrescos y botana seca. Hubo también cuatro edecanes. La Secretaría de Gobernación pagó 80 mil pesos por el evento, a cargo de AMY Imagen y Servicios.
El 24 de abril, se rentó el salón Don Diego 2, ubicado en el piso 2 del hotel Hilton, para 130 personas. Se pidieron 130 sillas tubulares, cromadas y acojinadas, así como una mesa en forma de herradura, un templete, así como 30 macetas con follaje. Un equipo de audio sonorizó el salón. Hubo servicio de café, refrescos y galletas. También incluyó cuatro edecanes. Esta reunión costó 177 mil 261 pesos y el contrato se lo llevó Viajes Premier.
Con los presidentes municipales, la reunión fue el 5 de junio de 2013. Se rentó el salón Don Diego 2 del Hotel Hilton Reforma a las 12:00 hras. Una hora después, se brindó una conferencia de prensa. En los dos eventos se sirvió café, té, refrescos y galletas. Todo costó 257 mil 721 pesos.
Así, se completaron diez reuniones hasta sumar una erogación de dos millones 465 mil 920 pesos con un gasto promedio de 246 mil 592 pesos sólo en gastos de eventos. Amy Imagen SA de CV se llevó el 60.8 por ciento del pastel. Sólo hubo otros dos proveedores, Viajes Premier que se llevó 17.1 por ciento y Tayira Travel que tuvo el 22.1 por ciento.
En cuanto a los estudios, el Inacipe firmó 145 contratos con un promedio de 43 mil 993 pesos entre 2013 y 2018. Los más caros -18 de ellos- fueron por 105 mil 825 pesos y el menor por dos mil 622 pesos. Esta generación de documentos se concentró en los temas relacionados con el derecho penal y la victimología con enfoque en las 13 propuestas presentadas por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto.
Colgado en el sitio cibernético de la Presidencia de la República, pero alojado en una dirección propia, el Pacto por México contó con una declaración de acuerdos en la que se leía: “La transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los Estados democráticos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno”.
En el punto 4.3, el Pacto por México se refería a la creación del Sistema Nacional contra la Corrupción mediante la reforma constitucional que establecería una Comisión Nacional. Además, los integrantes del convenio político, aspiraban a crear un Consejo Nacional para la Ética Pública.
Nada de ello ocurrió.
Los mecanismos de transparencia jamás se instalaron, el Sistema Nacional Anticorrupción sucumbió y jamás hubo reuniones con miras a establecer un código de ética. Así, se aprobaron 13 reformas en los sectores de telecomunicaciones, hacendario, laboral, financiero, energético y educativo. Hoy, ninguna tiene vigor a cabalidad.
